María Magdalena Saavedra Magdaleno salió del Centro Federal de Readaptación Social Femenil
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SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (apro).- María Magdalena Saavedra Magdaleno salió del Centro Federal de Readaptación Social Femenil 16 de Morelos el 10 de noviembre del año pasado, con su sentencia absolutoria y la mirada puesta en limpiar su nombre.
Regresó a la capital potosina a recuperar a su familia, su casa, su negocio, parte de lo que elementos de la Marina Armada de México le quitaron cuando la detuvieron arbitrariamente y la sometieron a tortura física, psicológica y sexual para que se autoinculpara de ser la operadora financiera de un cártel en San Luis.
Con graves secuelas físicas y psicológicas cargando a cuestas, ha bajado la mirada, pero no la cabeza. Quiere recuperar su vida, dice.
Ese 10 de mayo del 2013, no pudo vencer el terror que le provocaron los golpes, la asfixia con la bolsa de plástico en la cabeza, los toques eléctricos en todo el cuerpo, el abuso sexual y la amenaza de los marinos de que harían lo mismo con sus hijas. “Firmo lo que quieran”, acabó por aceptar.
El 13 de mayo de ese año, los medios locales publicaron un comunicado que fue enviado desde un correo electrónico no oficial y las fotografías de dos mujeres y un hombre, “integrantes de un grupo de la delincuencia organizada que operaban en la capital de San Luis Potosí; tenían en su poder armas largas, cargadores, cartuchos, droga, dinero en efectivo, equipo de comunicación y un vehículo”.
Una de las mujeres era Magdalena.
El comunicado atribuido a la Secretaría de Seguridad Pública del estado –en tiempo del gobernador priista Fernando Toranzo- presumía de un “trabajo de inteligencia e investigación por parte de las autoridades que las ubicó en la colonia San Luis”.
El hombre detenido era Hugo López Valdez; la otra mujer Sahamanta Michelle Castillo, de 19 años, ambos coahuilenses. A él lo señalaban como jefe de plaza de un grupo delictivo; a la joven como jefa operativa y a Magdalena como “encargada de las finanzas de la misma asociación delictiva”.
Fue hasta que apareció en los periódicos que su familia supo dónde estaba.
Ahora Magdalena sabe que el sitio en el que se le tomaron las fotografías para ese boletín, el mismo donde estuvo por lo menos 13 horas retenida y sometida a la tortura ya descrita, era un edificio de la Policía Estatal de San Luis.
Pero quienes entraron a su casa en la madrugada del 10 de mayo cuando se disponía a salir a llevarle serenata a su mamá por el día de las madres y acabaron infligiéndole un daño brutal a su cuerpo y a su mente, fueron agentes de la Marina.
Fue puesta a disposición de la PGR y de un juez federal. Se formalizaron en su contra acusaciones de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; delitos contra la salud por posesión de cocaína con fines de venta y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Permaneció recluida, sujeta a proceso y sin ser sentenciada durante cinco años y seis meses, hasta el 10 de noviembre de 2018, la mayor parte de ese tiempo en el Cefereso femenil en Coatlán del Río, Morelos.
Hubo muchos periodos en los que Magdalena estuvo aislada, en celdas de castigo, sin contacto con otras internas. “Porque no agachaba la cabeza, adentro aprendí a hacer amparos, porque permití que entraran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Amnistía Internacional, la CNDH y conocieran mi caso. Y entonces una persona como yo, que hablaba, no era bien vista porque no se puede exponer lo interno, el mugrero que hay allí dentro…aunque las mujeres sean culpables, no se merecen ese trato”.
Tampoco les gustaba –narra- que “aunque usaba zapatos de hombre o uniforme de hombre, siempre era la primera en salir arreglada, peinada, sin agachar la cabeza”.
“Les decía a los marinos que yo no era”
Hasta ese 10 de mayo de 2013, Magdalena era una exitosa empresaria. Cumplía siete años con su negocio de proveeduría de materiales para decorar uñas y en el mismo local que siempre estaba lleno de clientas, frente a una enorme tienda departamental, tenía varias empleadas de cosmetología dedicadas a esa misma actividad.
A sus 45 años, se había divorciado hacía varios años atrás; mantenía a sus 3 hijos –la menor de 10 en ese entonces- y contaba con ingresos suficientes para disponer de un automóvil; le gustaba viajar y salir con sus hijos a acampar.
Ahora cree que la Marina buscaba a una de sus clientas y a ella “la pusieron”.
“Pienso que una de mis clientas estaba implicada y pagué yo por ella. Me gritaban que ya tenían la información, que no estaban de a gratis en mi casa…me pedían el dinero y nombres y se enojaban porque les decía que yo no era”, dice al recordar que esa madrugada del 10 de mayo pensó que estaban rompiendo la puerta de su casa para secuestrarla. Hasta que se asomó a la ventana para pedir auxilio y vio los vehículos que creyó eran del Ejército.
“Durante mucho tiempo pensé que habían sido soldados, hasta que se confirmó que fueron marinos”, lo que fue documentado tanto por el Centro Prodh, por Amnistía Internacional (en su informe “Sobrevivir la muerte: Tortura de mujeres por policía y fuerzas armadas en México” del 2016) y la CNDH en su recomendación 20/2017.
En documentos remitidos por el Centro Prodh al Juzgado IV de Distrito con sede en San Luis –en el que quedó radicada la causa penal contra Magdalena, 48/2013- se asentó:
“La CNDH encontró, sobre el caso de María Magdalena y Víctor Hugo (el hombre detenido en esa misma ocasión) que ella sufrió violaciones a sus derechos a la libertad, a la seguridad jurídica y personal, por la detención arbitraria y la retención ilegal; asimismo, a la libertad personal y a la integridad sexual por los actos de tortura y violencia sexual…prueba de la retención prolongada e injustificada es el parte informativo y de puesta a disposición de los marinos, del que se acredita una retención (oficial) de al menos 13 horas”.
Ese parte informativo, señaló el Centro Prodh en su documento, “no permite encontrar ningún elemento objetivo y razonable que justificase válidamente afectar su libertad y seguridad personal, pues la actuación de los elementos de la Marina en la detención de Magdalena es inconstitucional por sí misma”.
Además, “para este Centro de Derechos Humanos no pasa desapercibida la omisión de investigar la tortura desde que fuera denunciada dentro de la causa penal en el año 2013 y hasta el presente 2017, anualidad en la que se desistió de los dictámenes médico-psicológicos con base en el Protocolo de Estambul que le practicaría la PGR”.
En este escrito dirigido al juez como elemento argumentativo para resolver la absolución por la actuación inconstitucional de la Marina, el Centro Prodh resaltó “el relato inverosímil de los marinos, quienes mencionaron que los atraparon a raíz de una llamada anónima que avisaba de personas secuestradas, y al entrar al domicilio encontraron a María Magdalena cerca de drogas, de armas y con una bolsa con $48,000 pesos bajo el brazo”.
A lo largo de su proceso ella no dejó de luchar; pidió que se practicaran todo tipo de pruebas (el rastreo GPS de su teléfono, la identificación del lugar donde fue torturada, su modo de vida) pero durante los primeros años de su proceso se le rechazaron una y otra vez, dice, por quien fungía como secretario del juzgado IV de distrito, Yuri Gagarin Saldaña Alonso, quien se quejaba de que “le estaba haciendo muy grueso el expediente”.
Finalmente, el juez Juan de Dios Monreal Cuéllar atendió éste y otros alegatos presentados también por el abogado José Juan Chávez Godínez, del Instituto Federal de la Defensoría Pública, quien fue representante de Magdalena en el último tramo de su proceso hasta conseguir la absolución, a principios de noviembre de 2018.
El 30 de mayo de 2017 la CNDH emitió la recomendación de su caso. Pero fue hasta fines de enero del 2018 cuando Magdalena fue inscrita en el Registro federal de víctimas, y al día de hoy sigue esperando que ésta y otras instancias acaten las resoluciones que, en parte, representan una reparación del daño al que el Estado está obligado por las graves violaciones cometidas por los 9 elementos de la Marina involucrados en su captura y en la tortura infligida.
Libre y declarada inocente, con 51 años y diagnosticada con depresión severa, estrés postraumático severo, ansiedad severa, además de las secuelas físicas (internas y externas), Magdalena volvió a San Luis “retirada de mi familia, de la gente que sabe de mí, que me conoce; retirada de comodidades, de todo lo que tuve. Llego sin nada, sin un cinco, sin una vida, sin poder tener un empleo”.
Buscó al gobernador Juan Manuel Carreras para solicitarle que se le apoyara con un crédito o un financiamiento para echar a andar un negocio de costura que su madre dejó cuando ella fue detenida, en parte para hacerse cargo de la niña de 10 años que tuvo que abandonar.
La mandaron con el director de gestión y atención ciudadana, José Abelardo Casillas. “El gobernador no atiende a víctimas”, el dijeron. Casillas no la canalizó a la Secretaría de Desarrollo Económico, sino al Centro de justicia para mujeres.
Actualmente, Magdalena toma un “taller de empoderamiento” brindado por el centro, y otro de corte y confección, en espera de obtener la reparación para abrir el taller de costura.
Está a punto de perder la casa que estaba pagando hasta antes de su detención ilegal, así que está viviendo con sus padres.
“No pido que me regalen el dinero o que me mantengan, sino un préstamo para empezar a vivir. En el Centro de justicia me evaluaron y necesito una psicoterapia que el Centro Newman (del estado) tiene, pero cuesta. La recomendación también habla de una canasta básica porque no puedo mantenerme todavía. No he obtenido nada”.
De repente, Magdalena sufre episodios psiquiátricos que la desconectan de la realidad; regresa a los momentos en que era torturada por los marinos; ha perdido muchos recuerdos y hay gente a la que ya no reconoce. Tiene una fisura en la cabeza a consecuencia de los golpes; muestra sus manos marcadas por efecto de los toques eléctricos.
“No puedo pedirles a esos flashbacks (me dijeron que así se llaman) que sufro que me esperen porque no tengo dinero para ir al psiquiatra, ¿verdad?”.
Eso sí, todavía después de ser absuelta, el Ministerio Público Federal apeló la resolución. Este enero fue ratificada la sentencia absolutoria a su favor.
“Estoy pidiendo que se limpie mi nombre. Para muchos soy la mujer operadora financiera de un grupo –dice Magdalena-. Nunca respetaron mi presunción de inocencia. Eso no es cierto, eso no se cumple”.
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