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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La impunidad se ha convertido en la regla y no la excepción en las investigaciones de agresiones a periodistas, lo cual se refleja en que de los mil 140 casos abiertos por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), “sólo 0.87% arribó a una sentencia contra algún responsable de los delitos”, sostuvo la organización Artículo 19.
Durante la presentación del informe “Protocolo de la impunidad en Delitos contra Periodistas”, profesionales representados por la organización internacional exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador revertir la tendencia de falta de justicia en las investigaciones de agresiones al gremio periodístico, que contabiliza 123 periodistas asesinados desde 2000, tres de ellos muertos en los primeros 90 días de su mandato, en tanto que 24 comunicadores permanecen en calidad de desaparecidos desde 2003.
El subdirector de Artículo 19, la organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, Leopoldo Maldonado, destacó que pese a la construcción de protocolos de investigación para investigar los delitos de libertad de expresión, para considerar el ejercicio periodístico como la principal línea de investigación, lo que subsiste en los hechos “es en realidad un protocolo para mantener la impunidad, y si eso se ve en la FEADLE, que es más transparente porque publica informes mensuales, de las procuradurías o fiscalías locales no se sabe nada”.
De acuerdo con el documento, de las mil 140 investigaciones que la FEADLE integró de 2010 a 2018, sólo ha consignado 186, lo que representa el 16.3% del total, y si se considera que una mínima parte recibió condena, “esto se traduce en un 99.13% de impunidad en delitos contra la libertad de expresión, sólo a nivel federal”.
Las cifras oficiales reflejan que de los 123 periodistas asesinados desde 2000, 48 ocurrieron durante el mandato de Felipe Calderón; 47 en el de Enrique Peña Nieto y tres en lo que va de la administración de López Obrador.
De los 89 homicidios que la FEADLE tiene registrados entre 2010 y 2018, sólo en 45 identificó como móvil de los crímenes la actividad periodística, de los cuales sólo cuatro habían sido judicializados, lo que representa el 4.4% de los casos.
En el documento se destaca que, pese a que a partir de 2013 la FEADLE tiene amplias facultades para ejercer la atracción de casos, de esa fecha al año pasado, de las 735 investigaciones abiertas en ese periodo, la dependencia federal sólo ejerció su facultad en 57 casos, lo que representa 7.7% del total de carpetas abiertas durante ese periodo.
Maldonado explicó que, a partir del análisis de seis casos paradigmáticos, la organización identificó que “las autoridades son las primeras en poner obstáculos para llegar a la verdad, y aunque hay algunos casos en los que hay detenidos, estos son sólo presuntos autores materiales, no se avanza hacia la consignación de autores mediatos o intelectuales”.
El defensor destacó que, para evitar ejercer la facultad de atracción, la FEADLE impone “una concepción restrictiva del periodismo, exigiendo a la víctima la acreditación de un medio en el momento de la agresión, lo que se convierte en un factor de revictimización”.
Maldonado reconoció que después del homicidio de Javier Valdez, en mayo de 2017, hubo “más disposición y más proactividad” por parte de su titular, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, que pasó de dos a diez sentencias, “lo cierto es que un fue pareja en su efectividad, es difícil revertir el patrón deficiencias estructurales que no se revierten a partir de la voluntad de una persona”.
Al recordar que “la justicia a medias no es justicia”, el defensor explicó que lo que Artículo 19 ha identificado como las siete deficiencias predominantes que han perpetuado la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión, son “la descalificación a la labor periodística; la estigmatización de las víctimas; los inexistentes o excepcionales análisis de contexto; duplicación de actuación entre la FEADLE y autoridades locales; detención y procesamiento de autores materiales y no se investiga a autores mediatos o intelectuales; subejercicio de la facultad de atracción o atracción bajo criterios políticos, y la falta de un plan estratégico de persecución penal en torno a los delitos de libertad de expresión”.
Al destacar que la impunidad se ha traducido en la censura de periodistas y medios, Maldonado acusó que detrás de este protocolo de impunidad, hay la intención de mantener “periodistas amedrentados, porque son funcionales al sistema político mexicano que tiene resabios de autoritarismo, y así no va a haber verdadera democracia”.
En víspera de que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dé a conocer su plan de persecución de delitos, el subdirector de Artículo 19 puntualizó que debe considerarse que fiscalías especializadas como la FEADLE “comparten falencias, como la falta de independencia, de capacidades técnicas y de atención a víctimas, en el que se observa modelo de atención revictimizante, ausencia de planes de investigación, obstaculización en las investigaciones, falta de peritos independientes, traslado de carga de la prueba a las víctimas”, entre otras fallas.
Al nuevo gobierno, Leopoldo Maldonado recordó que “la legitimidad de un gobierno no se manifiesta en urnas, sino en imperio de la ley y la justicia, de acción decidida de abatir impunidad”.
Los seis casos paradigmáticos presentados en la conferencia de prensa fueron los de los periodistas Moisés Sánchez y Rubén Espinosa, ocurridos el 2 de enero, en Veracruz, y el 31 de enero, y el 31 de julio, en la Ciudad de México, ambos en 2015; la detención arbitraria de Pedro Canché, el 30 de agosto de 2014, y quien estuvo recluido nueve meses acusado de “sabotaje, sólo por cubrir una protesta social”, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; las agresiones físicas en cobertura de manifestaciones en la Ciudad de México de Alejandra Rodríguez y Aldo Sotelo, el primero de diciembre de 2013 y el 14 de diciembre de 2014, respectivamente, y los ataques cibernéticos, amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio a periodistas del portal Sinembargo.mx.
Durante la conferencia de prensa José Sánchez, hijo de Moisés Sánchez, y Patricia Espinosa, hermana de Rubén Espinosa, exigieron castigo a los responsables intelectuales de los homicidios, sanciones ejemplares contra funcionarios que han obstaculizado la verdad y justicia, y medidas de reparación integral y de no repetición.
Desde esa tribuna Sánchez preguntó al presidente López Obrador: “¿Cuánto tiempo tenemos los familiares de periodistas asesinados para que se haga justicia? ¿Cuál es el cambio en la estrategia de su gobierno para atender estos casos, o sólo es un cambio de color?”.
Pedro Canché reprochó al presidente que “haya respondido más rápido a la madre de El Chapo (Joaquín Guzmán Loera), para gestionar visas humanitarias, que a la esposa de Javier Valdez, que acudió a pedirle justicia en una conferencia mañanera. La pregunta es si el poder va a seguir al servicio de los poderosos y los criminales”.
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