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CHILPANCINGO. Gro., (apro). – El gobernador Héctor Astudillo Flores entregó a hijos de notarios y familiares de exfuncionarios, nueve de 10 notarías vacantes porque la décima fue suspendida por mandato de un juez ante irregularidades detectadas en el procedimiento de adjudicación de patentes.
De esta forma, el mandatario “se apresuró” a entregar notarías públicas ante la iniciativa de ley que se discute en el Senado para que estos procesos se realicen bajo la vigilancia del gobierno federal, expresaron aspirantes al notariado que denunciaron amenazas del gobierno estatal para que se desistieran de participar.
Durante un acto oficial realizado esta tarde en la sede del Ejecutivo, Astudillo minimizó la denuncia de los aspirantes que quedaron fuera de la repartición de notarias argumentando que ahora “es más fácil que amenacen al gobernador que el gobierno amenace a un ciudadano”.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame justificó que al menos cuatro de los nueve beneficiados con notarías, son hijos de notarios, tres en activo y uno fallecido, argumentando que la herencia de notarías se trata de una práctica común en el país.
“Dentro del notariado podemos mencionar muchos casos así, que desempeñan con celo profesional en diversas entidades de la República”, expresó el funcionario estatal.
Los beneficiados
Las notarías repartidas por Astudillo fueron entregadas a Francisco Antonio Aguirre Gutiérrez, que obtuvo la notaría 1 con sede en el municipio de Huamuxtitlán en la Montaña de la entidad.
Aguirre Gutiérrez es sobrino del exgobernador Ángel Aguirre Rivero e hijo de Jesús Delfino Aguirre Utrilla, actual notario público en Acapulco.
Así como Francisco Javier Salgado Coronel, hijo del exsecretario de Gobierno durante la administración de Aguirre, Humberto Salgado Gómez, al que le dieron la notaria 17 en Acapulco.
También, Juan Pablo Leyva y Lasso, quien heredó la notaria 1 de Chilpancingo que dejó su padre el priista, Juan Pablo Leyva y Córdoba.
En la misma situación, Ana Catalina García Ramírez, hija del notario de Acapulco Miguel Alberto García Maldonado, a quien le dieron la patente en el mismo balneario.
Para Eduardo Hernández Ramírez, hijo del notario fallecido Antonio Hernández, le entregaron la patente en el municipio de Arcelia en la Tierra Caliente.
Los otros son Brenda Deyanira Alarcón López, con la notaria 1 de Tlapa en la Montaña, ahijada del notario Manlio Favio Pano Mendoza.
Rodrigo Ortiz Ramos, con la notaría 1 de Ayutla de los libres en la Costa Chica, recomendado por la presidenta del Notariado en la entidad, Samantha Salgado.
Fidel Serrato Valdez, ahijado del fiscal estatal Jorge Zuriel de los Santos, le dieron la notaría 1 en Chilapa.
Juan Zagal Domínguez, ahijado del exnotario Carlos Ulises Acosta Viques, le entregaron otra en el municipio indígena Malinaltepec en la Montaña.
La notaría 1 del municipio de la Unión en la región de la Costa grande que le fue adjudicada a Lázaro Vega Morales, fue suspendida por un mandamiento judicial ante irregularidades detectadas en el proceso, confirmó Salazar Adame.
La reforma
La actual secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero presentó una iniciativa el 26 de noviembre cuando fungía como senadora postulada por Morena donde propuso reformas a la Constitución para que el Congreso de la Unión goce de facultades para expedir leyes generales que establezcan los principios y bases que armonicen y homologuen la organización y funcionamiento, en las entidades federativas, de la función notarial.
Sánchez Cordero argumentó que es necesario que la fe pública del Estado esté depositada en manos de “los mejores profesionales en el tema, a fin de garantizar la debida profesionalización del notariado y la seguridad de los usuarios del servicio”.
Por ello, la asignación de las patentes será mediante una selección “rigurosa y transparente donde las capacidades y aptitudes sean los atributos que conformen al notariado mexicano”.
“Dada su importancia social y jurídica, el notariado mexicano debe contar con adecuadas condiciones para su correcto ejercicio; imparcial, calificado, colegiado, autónomo, independiente y libre, garantizando la certidumbre jurídica en la solemnidad de los instrumentos notariales en beneficio de la sociedad mexicana”, indica la iniciativa que sigue en el Senado.