Los antecedentes histórico-sociales inmediatos, y sobre todo el contexto político actual, colocan en una delicada perspectiva el asesinato de Samir Flores, organizador de la resistencia contra el Proyecto Integral Morelos que incluye la termoeléctrica de Huexca –rechazada primero y defendida después por el presidente López Obrador. Ahora, ese movimiento se reaviva, en particular contra el gobierno federal, al que se le atribuye responsabilidad en el crimen.
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AMILCINGO, Mor. (Proceso).- Desde el miércoles 20 de febrero la voz de Samir Flores Soberanes ya no se escucha en su programa Amanecer Ranchero, que transmitía todos los días a las seis de la mañana a través de la radio comunitaria Amilzinko.
No se escuchó más su tradicional “que no se les haga tarde”. No hubo los saludos mañaneros para todas las comunidades del oriente de Morelos, poniente de Puebla y sur del Estado de México. Su voz había sido silenciada 20 minutos antes por desconocidos que le metieron dos balas en el rostro.
A las cinco de la mañana este joven líder social, padre de cuatro hijos y esposo de Lilia, se preparó para caminar las tres cuadras que separan su casa de las oficinas de la radio comunitaria. Cuando faltaban 20 minutos para el inicio de su programa, alguien lo llamó desde afuera. Su casa se encuentra al final de un camino de terracería que se continúa con la calle que lleva el nombre de su tío, el luchador social Vinh Flores, asesinado en 1976 por luchar por la autonomía municipal.
Samir salió, confiado como era, y caminó por la terracería rumbo a la calle. De un auto Nissan Sentra negro, según las autoridades policiacas, bajaron dos hombres y lo encontraron a medio camino. Sacaron el arma y le dispararon. Algunos vecinos dicen que se escucharon cuatro detonaciones. Samir se desplomó. Los desconocidos subieron al auto y huyeron.
Los hermanos del activista y compañeros de la radio comunitaria acudieron de inmediato. Todavía respiraba, pero ya estaba inconsciente. Lo llevaron en coche al hospital más cercano, en Amayuca, municipio de Jantetelco. Tardaron unos 25 minutos.
“Todavía estaba vivo”, dice un testigo que prefiere omitir su nombre. La noticia corrió y los vecinos fueron a la casa de Samir. Su familia estaba en el hospital y esperaba noticias. Como nadie sabía bien qué había pasado, decidieron seguir su plan de seguridad: cerraron los accesos a la comunidad y controlaron el paso de autos.
En los grupos de WhatsApp de los activistas de Morelos, Puebla y Tlaxcala se advertía del atentado contra el líder comunitario, quien se encontraba en el hospital. A las siete de la mañana la noticia cambió: Samir había muerto.
Informar para organizar
Hace una década Flores se opuso al uso de pesticidas en las siembras, desde entonces promovió la agricultura orgánica y en 2011 se solidarizó con la lucha de las familias de Huexca contra la planta termoeléctrica. Y no sólo luchó desde el micrófono comunitario, sino desde los campos, las calles y los foros, contra el Proyecto Integral Morelos (PIM).
Era delegado al Congreso Nacional Indígena y participó en las iniciativas que lanzó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Según otro de sus compañeros de la radio comunitaria, Flores entendió que los zapatistas “no nos salvarían”, sino que “nos invitan a construir poder desde abajo, no en Chiapas, allá les toca a ellos: en Amilcingo, en Temoac, en Morelos, donde estemos”.
De oficio herrero, manejaba estructuras metálicas pero su sencilla casa ni siquiera tiene portón. Su padre es ejidatario, así que combinaba su trabajo con la siembra del campo y su labor social. Se levantaba a las cinco de la mañana, animaba a su comunidad y a las vecinas con su programa de radio y, si era un día tranquilo, trabajaba en la herrería; si no, apoyaba a sus vecinos con gestiones legales, buscaba personas extraviadas, convocaba a limpiar las barrancas o acudía a reuniones en la escuelita comunitaria.
En 2012, tras la represión de las comunidades para imponer la termoeléctrica de Huexca, Samir expuso ante sus vecinos que se necesitaba un mecanismo para romper el “cerco informativo” con el que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Graco Ramírez protegían al PIM. Comenzó con una radiobocina: les habló a las comunidades de los riesgos de la termoeléctrica, del gasoducto, en fin, de lo que desde entonces advertían lugareños y algunos expertos en asuntos energéticos.
Su labor era itinerante. Las casas que aceptaron alojar el proyecto de radio no aguantaban mucho. Sin embargo, más gente empezó a creer en la idea porque la radiobocina funcionaba. Si se perdía una vaca o un niño se tardaba en llegar de la escuela, la voz de Samir resonaba en toda la comunidad e informaba.
Primero recibió donaciones de grupos que simpatizaban con el proyecto y finalmente los vecinos lo apoyaron. Para financiarlo organizaron rifas y cooperaciones. Hoy la radio comunitaria Amilzinko se escucha en 10 municipios del oriente y los altos de Morelos, en el poniente de Puebla, el sur del Estado de México y el norte de Guerrero, además de trasmitir por internet.
Desde ese medio la gente escuchó entrevistas con expertos acerca del PIM, con activistas de otros estados que se enfrentaban a megaproyectos similares y vecinos que dieron su punto de vista. Cuando la gente ya hablaba de lo que se transmitía en la estación local, Samir amplió sus contenidos con un noticiario. Todos los días, de 15:00 a 16:30 horas, difundía las noticias del pueblo, del país y del mundo.
“Desde la prepa siempre andaba organizado a la gente. Se llevaba muy bien con las normalistas de Amilcingo, siempre les ayudaba”, dice como ejemplo un hombre de edad similar a la de Samir.
El municipio de Temoac, formado por los pueblos de Temoac, Amilcingo, Popotlán y Huazulco, fue reconocido como tal en 1976. Al principio se decidió que los presidentes municipales se elegirían en asambleas y que se turnarían el gobierno por trienios. Así, si el alcalde era de un pueblo, el síndico era de otro. Los candidatos se evaluaban en asambleas comunitarias de todos los pueblos y luego eran registrados por algún partido y validados en las urnas.
A pesar de que se aplican los usos y costumbres, a Samir Flores no le interesó la política formal. En el trienio 2006-2009 trabajó en el ayuntamiento que encabezó Martín Delfino Morales Marín, postulado por el Partido Verde Ecologista. Pronto Samir se percató de que el alcalde no ayudaba a quienes más lo necesitaban y le reclamó. En respuesta, Morales Marín dejó de pagarle.
Aunque Flores siguió trabajando gratis unos meses para beneficiar a las escuelas y comunidades de la zona, acabó por demandar al ayuntamiento.
Después de esa experiencia nunca más quiso ser parte de un gobierno y decidió seguir el camino del zapatismo: construir el poder popular autónomo que defendiera la cultura local y el territorio, incluido el medio ambiente. A los dos años de salir del ayuntamiento se enteró de que el gobierno planeaba imponer un megaproyecto en la zona y se propuso ayudar a que sus vecinos se organizaran.
Para eso recurrió a la radio comunitaria, la formación de equipos, grupos de trabajo y de discusión. No obstante, se molestaba cuando alguien le decía “jefe” o “líder”. Una vez que alguien en una reunión se refirió a Amilzinko como su estación, le aclaró: “Los esfuerzos de la comunidad son eso, de la comunidad; no son míos. La radio es de la comunidad, no mía”.
En 2014 Flores participó en la fundación de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos, una red de comunidades, la mayoría rurales e indígenas, que defienden su territorio y construyen su autonomía.
Desde entonces la organización se planteó luchar contra el PIM y las mineras que tienen en concesión la mayor parte de la tierra morelense. Después de años de resistencia civil y movimientos legales, las mineras fueron frenadas, pero la planta termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto fueron impuestos con violencia, división de las comunidades y la persecución, compra o coacción de líderes comunitarios.
Represión sistemática
En enero de 2012 el ayuntamiento de Yecapixtla otorgó permisos para la construcción de la termoeléctrica. Las comunidades empezaron a organizarse y en agosto del mismo año cerraron el predio destinado a esas instalaciones. El gobernador panista Marco Adame envió a unos 300 granaderos para intimidar e intentar desalojar a los inconformes, pero la comunidad resistió. Graco Ramírez había ganado las recientes elecciones y la gente esperaba que cambiara los planes.
Sin embargo, en octubre del mismo año un operativo policiaco acompañó a la maquinaria de la empresa Abengoa y desalojó el plantón opositor. Las mujeres de Huexca formaron una valla en la entrada del predio y los policías cargaron contra ellas. Mujeres, niños, jóvenes y hombres resultaron heridos. A partir de entonces la construcción de la planta fue implacable.
A finales de noviembre, también de 2012, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala tomaron la presidencia municipal de Jantetelco, Morelos, para obligar al alcalde a dialogar sobre el PIM. Le exigieron que impidiera el paso del gasoducto que alimentará la termoeléctrica. A las cuatro de la mañana del 4 de diciembre, policías estatales recuperaron la sede de la alcaldía tras reprimir a los inconformes y detuvieron a Jaime Domínguez Pérez, Carmelo de la Torre Olivo y otras dos personas. Días más tarde quedaron en libertad.
Mientras los opositores se movilizaban, realizaban foros sobre la problemática del megaproyecto y se reunían con activistas de otros estados, el gobierno inició las obras de un acueducto desde Cuautla. En septiembre de 2013 los defensores del territorio tuvieron claro que el líquido se iba a utilizar para enfriar las turbinas de la termoeléctrica, por lo que el 19 de septiembre intentaron detener los trabajos a la altura de la colonia cuautlense Gabriel Tepepa. Otra vez los reprimió la policía y de nuevo Domínguez Pérez fue detenido y severamente golpeado, por lo que casi perdió el oído.
Los gobiernos de Puebla y Tlaxcala también reprimieron a quienes se opusieron al proyecto. El primero, encabezado por Rafael Moreno Valle, fue particularmente brutal: en abril de 2014 la policía poblana detuvo a la comisariada de bienes ejidales de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, y por separado a Juan Carlos Flores Solís, ambos destacados activistas. Pasaron más de un año encarcelados sin que se les comprobara ningún delito.
En esos días un grupo de campesinos en Amilcingo, la comunidad de Samir Flores, descubrió que en sus tierras se realizaban perforaciones para instalar el gasoducto. Eso y la detención de Juan Carlos Flores y Enedina Rosas en Puebla los impulsaron a manifestarse en las zonas de obra y a botear e informar en la autopista Siglo XXI el 13 de abril.
Ese día la policía volvió a lanzarse contra ellos. Fueron detenidos Juvenal Barrera, Adán Rosales, Victorina Ramírez, Yazmín Velázquez y Aarón Aguilar, quienes pasaron varios días en prisión.
La construcción del gasoducto avanzó, mientras que el acueducto quedó suspendido en la comunidad de Apatlaco. Faltaban unos cuatro kilómetros para terminar de tender la tubería para llevar agua de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Cuautla a Huexca.
En marzo de 2015 Jorge Zapata, nieto del Caudillo del Sur, con un grupo de habitantes de Apatlaco y ejidatarios del río Cuautla, se enfrentaron a la policía e interpusieron un campamento en el paso a la construcción. Las obras fueron detenidas hasta el 12 de agosto de 2016, cuando el plantón fue desalojado con la policía. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) continuó con las obras.
Días después los ejidatarios, en riesgo por la falta de agua, regresaron e instalaron un plantón en las riberas del río Cuautla. El entubamiento no avanza desde entonces, aunque el 30 de agosto de 2016 Graco Ramírez envió a la policía para reprimir a la comunidad de Apatlaco, que se sumó a la defensa del agua.
Ahora, a decir de distintos activistas, la represión policiaca de los gobiernos estatales ha sido respaldada por el federal con campañas de desinformación, compra de voluntades y división de las comunidades. En estos días, dicen, el presidente López Obrador, quien se había comprometido a cerrar la termoeléctrica, realiza una consulta para que “el pueblo decida” si opera o no la planta generadora de electricidad. Pero esta consulta abarca todo el territorio de Morelos y algunos municipios de Puebla y Tlaxcala, y es organizada por la Secretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero.
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