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Ciudad de México. Defensores de derechos humanos criticaron la persistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador por designar a un militar al frente de la Guardia Nacional.
Advirtieron que el nombramiento del general de brigada Luis Rodríguez Bucio como comandante de esa corporación se contrapone al sentido de la reforma constitucional que dio paso a la creación de la nueva corporación de seguridad de carácter civil.
El secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos», Fernando Ríos, apuntó que el nombramiento del general en proceso de retiro confirma el paradigma militar en la vida pública del país.
Recordó que organizaciones civiles, instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o internacionales como la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al igual que integrantes de la academia y especialistas, insistieron y lucharon durante el proceso de reforma constitucional para evitar la militarización de la seguridad pública.
Lo cual, dijo, se alcanzó en parte ya que las modificaciones constitucionales establecen que la Guardia Nacional será una corporación de carácter civil y que la participación militar estará limitada a sólo cinco años, el mensaje que envía López Obrador es su constante esfuerzo «para meter (en labores de seguridad) a las fuerzas armadas.
«El que la Guardia Nacional esté comandada por un general de brigada del Ejército le da un carácter militarizado, con un adiestramiento para el combate y no para la seguridad pública. Ese es el mensaje del Presidente. Con esto se refuerza el paradigma militar y probablemente se va a seguir ahondando en la crisis de derechos humanos en el país, cuando veamos que se repiten por la ejecuciones extrajudiciales, las torturas y las desapariciones forzadas con esta falta de transparencia y opacidad con la que se han caracterizado las fuerzas armadas», planteó Ríos.
Resaltó que en su reciente visita oficial al país, la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su pronunciamiento final expresó su sorpresa en torno a la crisis de violencia y violaciones a las garantías fundamentales que se presentan en México, para lo que firmó un acuerdo con el Ejecutivo federal para la revisión de la Guardia Nacional.
En ese sentido, dijo, será relevante el actuar de la Oficina en México de esa instancia internacional, que «ha sido consistente, y Bachelet le da su respaldo para que se mantenga un papel destacado en la regulación de las leyes secundarias de la Guardia Nacional».
Por su parte, Édgar Cortez, del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, indicó que el nombramiento de un militar de alto rango al frente de la Guardia Nacional «se contrapone al sentido de la reforma, pues tras un esfuerzo y diálogos se logró que este cuerpo de seguridad se definiera y caracterizada como una institución civil y esperarías que las autoridades actuaran en consecuencia, pero no ha sido así».
Enfatizó que al nombramiento de Rodríguez Bucio como comandante en jefe de la Guardia Nacional se debe sumar que sus mandos tendrán representación de un representante de la Secretaría de la Defensa, otro de la Marina y uno más de la Policía Federal. Es decir, tres de los cuatro altos mandos son de corte militar, además que la PF está a punto de desaparecer, por lo que no se sabe qué sucederá con esa representante.
«En los hechos tendrás una dirección operativa de la institución netamente militar. Una institución civil dirigida por militares el riesgo es que termines con una institución que en los hechos está marcada y dirigida por lo militar y no por lo civil».
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