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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Emilio Lozoya Austin anunció su disposición en “colaborar” y en “manifestar la verdad histórica y jurídica” sobre todos los hechos de corrupción e irregularidades que se le imputa, y aseveró, en una carta dirigida a la opinión pública: “aclararé que funcionarios del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga (…) con las consecuencias que haya para cualquier persona”.
Lozoya, imputado en los pagos de sobornos millonarios de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA) durante su gestión al frente de Pemex, exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) le garantice un proceso justo, pues denunció que es víctima de una “defenestración pública” y una “persecución mediática” detrás de los cuales “hay intereses de poder, los cuales serán develados en su momento”.
Por lo pronto, Lozoya advirtió que no se presentará ante el Juez Federal de Control, dado que si se apersonara ante esta autoridad “me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva”.
En su carta abierta, Lozoya declaró que la orden de aprehensión emitida en su contra fue irregular, porque el delito que se le imputa “NO (sic) es grave NI (sic) amerita prisión oficiosa”, y denunció que los cateos realizados en sus casas y las de sus familiares se basaron en “informes falsos”.
Aseveró, entre otros, que el Órgano de Gobierno de Pemex encargado de investigar sus acciones en la dirección de Pemex determinó el “archivo definitivo” de algunas investigaciones, entre ellas la compra de una lujosa mansión en Ixtapa Zihuatanejo –que según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) fue realizada mediante una operación con AHMSA–, o el uso personal e indebido de aviones y helicópteros de Pemex.
También denunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Santiago Nieto Castillo, inmovilizó sus cuentas bancarias, así como las de su esposa, de su madre y de varias empresas, “violando flagrantemente las normas y los criterios jurisprudenciales”.
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