Crueldad, base de la política del gobierno de Trump para migrantes y refugiados

Nueva York. El régimen de Donald Trump está preparando campos de concentración para migrantes, incluidos menores, continúa sin ubicar a miles de niños que separó de sus padres, advierte que mantendrá a familias enteras presas y, en violación abierta a las leyes de asilo nacional e internacional, deportará casi de inmediato a miles de refugiados a México, todo mientras siguen sus operaciones de persecución interna a comunidades inmigrantes a lo largo del país.

La crueldad es la base de la política migratoria de este gobierno, denuncian una y otra vez defensores de derechos humanos, de libertades civiles, abogados de migración y una amplia gama de legisladores y otros políticos.

Andrea Pitzer, experta en campos de concentración de los nazis y otros países, comentó a Esquire que parte de la respuesta del gobierno de Trump al flujo migratorio es “lo que yo llamaría un sistema de campos de concentración… y la definición de eso es la detención masiva de civiles sin un juicio”.

Por cierto, la semana pasada se reveló que el gobierno de Trump usará una base militar en Oklahoma que fue campo de concentración para japoneses-estadunidenses internados durante la Segunda Guerra Mundial, para detener a unos mil 400 niños inmigrantes no acompañados.

Y hablando de niños, el New York Times reportó sobre el más joven de los inmigrantes separados de sus padres: Constantin, un bebé de cuatro meses, quien, cuando finalmente fue retornado, había vivido ya la mayoría de su vida apartado de sus padres, quienes habían intentando migrar desde Rumania (son de la comunidad minoritaria romaní) a través de México. Hasta la fecha las autoridades no han explicado porqué separaron a la familia.

El hecho de que aún no se sabe el número preciso de niños separados a la fuerza de sus padres después de ser detenidos al cruzar la frontera sigue asombrando a defensores de derechos humanos tanto dentro como fuera del país.

Aunque unas 2 mil 800 familias han sido reunificadas por orden judicial, a principios de este año inspectores federales reportaron que el régimen e Trump probablemente había separado a miles más de lo que había registrado y por ahora se desconoce cuándo, dónde están y quiénes son. Aún hay padres que pasarán otro día y otra noche sin saber dónde están sus hijos.

Ayer, ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, una delegación que incluyó a Randi Weingarten, la presidenta del gremio nacional American Federation of Teachers, su par Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, junto con activistas de Families Belong Together, llamaron a que el gobierno estadunidense reúna a todas las familias y repitieron su consigna: aulas, no jaulas.

Según el régimen de Trump, hay alrededor de 13 mil 200 inmigrantes menores de edad bajo su custodia, gran parte de los cuales llegaron no acompañados (o eso se dice).

A finales de la semana pasada, Trump anunció que nombrará a Thomas Homan, ex director de la agencia migratoria conocida como ICE, al nuevo puesto que inventó de zar fronterizo. Homan fue uno de tres altos funcionarios que recomendó la implementación de la política de separación de familias. También fue, en ese puesto, quien implementó las medidas represivas contra comunidades inmigrantes por todo el país, incluida la multiplicación de arrestos de inmigrantes sin historial criminal, redadas, y hasta detención de activistas. La Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) dijo que el nombramiento de Homan probablemente intensificará la crueldad de las políticas fronterizas del gobierno y señaló que miles de padres y niños continúan sufriendo las consecuencias de la política de separaciones que él ayudó a impulsar.

Anoche Trump declaró en un tuit que la próxima semana el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos)iniciará el proceso para remover a los millones de extranjeros ilegales que ilícitamente han encontrado su camino hacia Estados Unidos. Serán removidos tan pronto como lleguen. México, usando sus leyes de migración fuertes, está haciendo una muy buena labor de frenar a la gente mucho antes de que lleguen a nuestra frontera sur. Guatemala se está preparando para firmar un acuerdo de tercer país seguro.

Todo esto supuestamente para reducir el flujo migratorio, sobre todo de Centroamérica. Ayer, el Departamento de Estado refrendó su decisión de suspender la asistencia que brindaba a Honduras, El Salvador y Guatemala hasta que muestren que han tomado acciones concretas para reducir los migrantes ilegales que llegan a la frontera estadunidense.

Críticos siguen denunciando toda esta política: La pesadilla en la frontera sur de Estados Unidos ha sido deliberadamente fabricada por el gobierno de Trump, afirmó ayer Michelle Brane, directora de derechos migratorios de la Comisión de Mujeres Refugiadas, señalando que Estados Unidos tiene la capacidad para manejar las necesidades de las familias que huyen de la violencia y la desesperación en Centroamérica. Eric Schwartz, presidente de Refugees Internacional, denunció como violatorio de la ley estadunidense el trato a solicitantes de asilo como criminales o animales, y subrayó que las restricciones sobre los que buscan asilo, como la política de enviarlos a México, ponen en grave riesgo a mujeres, hombre y niños extremadamente vulnerables.