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Ciudad de México. La Cámara de Diputados dio el segundo paso en el proceso de juicio político contra Rosario Robles Berlanga, quien es señalada de violaciones reiteradas la Constitución y permitir el desvío multimillonario de recursos públicos.
Las comisiones unidas de Gobernación y Justicia aprobaron la resolución de la Subcomisión de Examen Previo, que la víspera consideró la existencia de suficientes pruebas para inculpar a la ex titular de la Sedatu por las imputaciones señaladas.
Ahora, corresponderá a la Comisión Jurisdiccional, que es la responsable de desahogar los procesos de juicio político, y se integra cuando existen solicitudes de castigo a funcionarios públicos, como lo determina la Ley Orgánica del Congreso en su artículo 45 numeral 6, ordenar la integración de la Sección Instructora, cuyo propósito será elaborar el dictamen que se envíe al Senado de la República para su procesamiento.
El Senado, así se constituirá en jurado como lo señala el artículo 110 de la Constitución, al colocarlo como responsable de desahogar el juicio político en su fase de sentencia.
En los próximos días se integrará la Comisión Jurisdiccional con 12 diputados de todas bancadas representadas en San Lázaro. De ahí emanará la Sección Instructora, conformada por cuatro legisladores avezados en derecho, que dispondrá de un plazo de tres meses para elaborar el texto de sentencia que será dirimido en el Senado de la República.
Se calcula que la Sección Instructora tendrá listo el proyecto de dictamen, a mediados del mes de febrero. Y así, ésta lo derivará al Senado de la República para su procesamiento.
Este medio día las comisiones nidas de Gobernación y la de Justicia, aprobaron la resolución de la Subcomisión de Examen Previo, por la que se consideran procedentes las denuncias de Juicio Político en contra de María del Rosario Robles Berlanga. Se indica la oportunidad de incoar el proceso de juicio político, en virtud de los razonamientos y fundamentos jurídicos expuestos en todos y cada uno de los considerandos que integran la resolución definitiva de la subcomisión.
Al someterse a votación el documento fue aprobado con 22 votos a favor y dos en contra, por parte de la Comisión de Justicia, y con 24 votos a favor y uno en contra por parte de la Comisión de Gobernación y Población.
El procedimiento se deriva de las denuncias presentadas por Luis Alberto Villarreal García (panista, y conocido por sus andanzas solicitando moches a presidentes minicipales de su partido cuando coordianó la bancada de su partido en san Lázaro), Silvano Aureoles Conejo (actual gobernador de Michoacán) y Tatiana Clouthier Carrillo (diputada de Morena).
Sobre el particular, Enrique Ochoa Reza, diputado del PRI en la Comisión de Justicia expuso la razón de su voto en contra del documento: “Voté en contra porque hay violaciones al debido proceso, y la Comisión de Justicia debe ser el primer garante del debido proceso. El juicio político tiene dos posibles castigos, la destitución e inhabilitación, y en el caso de la señora Robles, ella ya no es funcionaria y ya fue inhabilitada, ¡ya no se puede sancionar por las faltas que establece el juicio político! Además una de las acusaciones es de cuando ella secretaria de Desarrollo Social, y ya pasó más de un año y ya preescribio.
“Del juicio político ahora -el ultimo caso aprobado en la Cámara de Diputados, y que haya recibido una sanción del Senado de la República, data de 1926, contra el gobernado de Jalisco José Guadalupe Zuno- se desprende que tratan de hacer leña del árbol caído. Lejos de ser justicia, parece una persecución política”.
Por el contrario la presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera, detalló que de las cuatro denuncias que revisó la Subcomisión de Examen Previo sólo dos son procedentes, la de 2013 y la de 2019, porque cumplen con lo que marca la ley para iniciar el procedimiento. “Los documentos fueron cuidadosamente estudiados por la Subcomisión, y sus resolutivos acuerdan la procedencia de las denuncias. Tenemos una oficina específica para que cada uno de ustedes pueda hacer la revisión exhaustiva de quiénes son los denunciados, independientemente de los funcionarios, porque no es un tema de venganzas políticas, sino para todos quienes no cumplan sus responsabilidades, incluyendo a esta administración”.
La diputada del PAN, Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia se refirió al trabajo legislativo porque, si queremos cumplir con nuestro ejercicio constitucional, estas comisiones tenemos prohibido dejarnos llevar por declaraciones fáciles que lastimen el debido proceso. Empero, estamos a favor de continuar con el procedimiento”.
También Cayetano García (Morena) reitero que el juicio político no es una venganza, sino que obedece a las denuncias que han cumplido los requisitos procesales; es decir, una acción legal para sancionar a quienes violen la Constitución. “Se recupera el prestigio del Congreso de la Unión, al hacer vigente este procedimiento, que busca con afán la justicia y acabar con la corrupción e impunidad”.
Para Tatiana Clouthier Carrillo, promotora de una solicitud adujo que la presunta indiciada tiene prisión preventiva, más no ha sido juzgada y la inhabilitación por la que fue sujeta es por haber falseado datos en su declaración patrimonial, “y esto no quiere decir que no pueda ser sometida a juicio político; este proceso habla de una red que sí avanza, a partir de aquí pudieran empezar denuncias penales”.
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