El pontífice dio a conocer la medida, con la que se pretende dar una mayor claridad sobre los comportamientos inapropiados por parte del clero y las acciones al respecto.
El papa Francisco abolió este martes el “secreto pontificio” empleado en los casos de abusos sexuales por parte del clero, tras crecientes críticas sobre que esa categoría de confidencialidad se empleó para proteger a pedófilos, silenciar a las víctimas e impedir que las instituciones de justicia investigaran los crímenes.
Los líderes eclesiásticos deben proteger la información en casos de abusos para garantizar su “seguridad, integridad y confidencialidad”, señaló el pontífice en un nuevo documento.
Sin embargo, el “secreto pontificio” ya no se aplica a las acusaciones, juicios y decisiones tomadas dentro del derecho canónico de la Iglesia católica en casos de abusos.
Además, Francisco amplió de 14 a 18 años el límite de edad en el que el Vaticano considera que las imágenes con alto contenido sexual constituyen pornografía infantil.
Las nuevas normas se aprobaron este día, durante el cumpleaños del pontífice, que intenta responder a la explosión global de los escándalos de abusos, a sus propios errores en la gestión del tema y a reclamaciones de víctimas, instituciones de justicia y católicos de a pie, que piden más transparencia y que se exijan responsabilidades a los agresores.
Las nuevas normas son una nueva enmienda al derecho canónico, un código legal que detalla la justicia eclesiástica para delitos contra la fe. En este caso, los cambios afectan a los abusos sexuales a menores o personas vulnerables cometidos por sacerdotes, obispos o cardenales. El peor castigo que puede recibir un sacerdote dentro de este sistema es ser expulsado del clero.
El papa Benedicto XVI decretó en 2001 que estos casos debían gestionarse bajo “secreto pontificio”, el grado más alto de confidencialidad en la Iglesia. El Vaticano llevaba tiempo insistiendo en que era necesario para proteger la privacidad de la víctima, la reputación del acusado y la integridad del proceso canónico.
Sin embargo, ese secretismo también sirvió para mantener el escándalo oculto, impedir que las fuerzas de seguridad accedieran a documentos y silenciar a las víctimas. Con frecuencia, muchas víctimas sintieron que el secreto pontificio les impedía acudir a la policía para reportar a sus agresores.
Aunque el Vaticano lleva un tiempo insistiendo en que ese no es el caso, tampoco ha ordenado nunca a obispos y superiores religiosos que reportaran a la policía los delitos sexuales, y en el pasado ha instado a los obispos a no hacerlo.
Las nuevas instrucciones, firmadas por el secretario de Estado del Vaticano pero autorizadas por el Papa, tampoco ordena reportar los crímenes a la policía, señalando que los superiores religiosos están obligados a hacerlo donde las leyes civiles lo requieran.
Sin embargo, van más allá de lo que ha ido nunca el Vaticano al señalar que «la confidencialidad de oficio no debe impedir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en todos los lugares por las leyes civiles, incluida cualquier obligación de denuncia, y la ejecución de órdenes ejecutables de las autoridades judiciales civiles”.
El Vaticano se ha visto bajo una creciente presión para reformar sus procedimientos internos y cooperar más con las autoridades. En los últimos años, su resistencia en ese sentido ha derivado en redadas policiales sin precedentes en sedes diocesanas de lugares tan distantes como Bélgica, Texas y Chile.
Pero incluso enfrentados a citaciones judiciales y cateos, los obispos se sentían impelidos en ocasiones a mantener en secreto las investigaciones internas a menos que recibieran autorización del Vaticano para entregar documentos. La nueva norma señala que esa autorización explícita ya no es necesaria.
Los escándalos individuales, investigaciones en distintos países, denuncias de la ONU y demandas civiles cada vez más costosas han causado un gran daño a la credibilidad de la Iglesia en todo el mundo, y los propios errores y fracasos de Francisco han dado impulso a sus críticos.
El Papa convocó en febrero a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para una cumbre de cuatro días sobre cómo impedir los abusos, donde varios oradores pidieron una reforma del secreto pontificio.
El propio Francisco declaró que pretendía ampliar el rango de edad de lo que la Iglesia consideraba pornografía infantil.
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