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En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) la herencia de administraciones pasadas es una carga y obstáculo para las tareas de aumentar la capacidad y la calidad de la atención médica.
Los abusos que se cometieron están a la vista, con contratos de prestación de servicios que al año cuestan 5 mil 900 millones de pesos, más de la mitad de lo que se destina para comprar fármacos, afirmó el director del instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda.
El funcionario dijo que por dar preferencia a los denominados servicios médicos integrales
–arrendamiento de insumos y equipos con empresas privadas–, el Issste dejó de invertir en equipamiento básico, como anestesia para cirugías, la cual es prácticamente inexistente en los hospitales. Esto significa que los nosocomios dependen de los proveedores privados para hacer más de 270 mil operaciones al año; lo mismo ocurre con estudios como la endoscopía, para detectar padecimientos gastrointestinales.
En entrevista, Ramírez Pineda adelantó que para terminar con las fugas económicas en la subrogación de servicios, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realiza una revisión porque también se paga por insumos que no se utilizan, y otros que se requieren no están.
Mencionó que el presupuesto del instituto para 2020 es de 340 mil millones de pesos, de los cuales 70 por ciento se va al pago de pensiones y 30 por ciento a la operación de servicios.
Respecto al pasivo de 20 mil millones de pesos, también herencia de gobiernos anteriores, anunció que se cubrió la mitad (10 mil millones) con recursos aportados por Hacienda y 6 mil 900 millones que la dependencia federal autorizó tomar de la reserva financiera del instituto. La mayor parte eran deudas con proveedores de medicinas y material de curación, indicó.
Durante sexenios, el Issste se consideró la caja chica
del gobierno federal, de donde salían recursos para financiar campañas políticas. Aunque las denuncias al respecto no prosperaron, el saldo está a la vista con clínicas y hospitales que han carecido de presupuesto para mantenimiento. Un ejemplo fue el hospital general Gonzalo Castañeda que, por daños estructurales y sobresaturación, fue desalojado en septiembre de 2011, pues tenía alto riesgo de colapsar.
Plan de infraestructura
Hay otros hospitales que desde hace varios años debían haberse sustituido, pero aún no hay definiciones al respecto. Ramírez Pineda comentó que en este tema se trabaja en una de las mesas instaladas entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El plan de infraestructura del Issste se propondrá a la SHCP, la cual deberá autorizar los proyectos y la asignación de recursos para este fin.
Sobre la subrogación de servicios, el funcionario, quien es maestro en planeación política y social, comentó que existen en seis áreas en esa circunstancia: hemodiálisis, anestesia, banco de sangre, laboratorio clínico, imagenología y hemodinamia.
El objetivo era que el instituto contara con tecnología actualizada y funcional, principalmente en especialidades médicas en las cuales muy pronto los equipos se hacen obsoletos o requieren mantenimiento constante, así como numerosos consumibles y refacciones.
El problema, agregó, es que además de la inversión anual de 5 mil 904.6 millones de pesos, se encontraron fallas importantes.
Un ejemplo es el contrato de laboratorio de análisis clínicos, pues no incluye las pruebas básicas de seguimiento de embarazos ni el panel completo de pruebas de seguimiento para personas que viven con VIH/sida. Otro error se encontró en el servicio para cirugías de traumatología y ortopedia. El Issste paga por el uso de equipos completos de instrumental que no se utiliza y el proveedor recoge.
Para el funcionario, el monto que se paga a los proveedores privados es muy alto, pues representa alrededor de 60 por ciento de lo que el instituto destina cada año a la compra de medicinas, 10 mil millones de pesos; de ahí, la decisión de que intervenga la Oficialía Mayor de la SHCP.
La nueva definición sobre esos contratos se dará en las próximas semanas, ya que los firmados en 2019 concluyeron entre octubre y diciembre, pero se negoció su ampliación a febrero de 2020.
En el área jurídica también existen retos financieros. El instituto debe más de 200 millones de pesos por demandas de negligencia médica en las cuales se dio la razón a los pacientes. También tiene pendiente pagar 2 mil millones de pesos por demandas laborales y de pensiones.
Ramírez Pineda comentó que para hacer frente a las carencias que enfrentan los 13 millones de derechohabientes, mejorar la calidad de los servicios y que el instituto se sume al plan nacional de salud de atención y medicamentos gratuitos, se llevan a cabos acciones en saneamiento financiero, mejoramiento de servicios y fortalecimiento de prevención de enfermedades.
Con ese objetivo, el funcionario y su equipo de colaboradores han visitado las unidades médicas en el país, a fin de tener un diagnóstico de las necesidades. Sólo para las clínicas de medicina familiar se requieren 3 mil millones de pesos, de los cuales se invirtieron 506.5 millones en la adquisición de 3 mil 813 equipos e instrumental médico y de diagnóstico. Se distribuirán en unidades de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, estado de México y Ciudad de México, entre otros.
Además, el instituto erogó 264.8 millones de pesos para trabajos de obra, mantenimiento y rehabilitación de las clínicas.
Como parte de la estrategia de austeridad, se inició la restructuración administrativa del Issste, por la cual en 2019 se ahorraron cerca de 300 millones de pesos en la compactación de áreas, como la desaparición de las oficinas de Turissste y de la secretaría general. Algunas funciones de esta última pasaron a la recién creada unidad de Supervisión y Calidad.
Entre sus atribuciones, ésta tiene vigilar y supervisar que la prestación de servicios a los derechohabientes se dé con oportunidad, conforme a las normas internas y con respeto a los derechos de pacientes y trabajadores.
También en el área médica comenzaron acciones para mejorar la utilización de los recursos. En la prescripción de antibióticos se siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, a fin de evitar que se usen indiscriminadamente, pues causa resistencia bacteriana.
En 2019, el Issste ahorró en 815 mil piezas de este tipo de fármacos, cuyo costo es de 30 millones de pesos.
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