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Durante 2019, la Secretaría del Bienestar entregó apoyos por más de mil 653 millones de pesos sin contar con un listado detallado de beneficiarios y montos del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.
Este proyecto está dirigido a jefes y jefas de familia que estudian o trabajan y no cuentan con el acceso al cuidado y atención para sus hijas o hijos; éste sustituyó al programa de Estancias Infantiles de los gobiernos anteriores.
Una investigación interna detectó que falta documentación justificativa y comprobatoria para la entrega de apoyos económicos a los beneficiarios en 2019.
Se identificó si se hicieron pagos en los meses de marzo a septiembre de 2019 a Telecomunicaciones de México, por mil 653 millones 920 mil pesos, sin contar con un instrumento jurídico vigente en el que se pactaran las características y condiciones conforme a las cuales Telecomm presta a la Dirección General Políticas Públicas el servicio de entrega de apoyos económicos a los beneficiarios”, señala la indagatoria.
La Secretaría del Bienestar informó a El Heraldo de México que se trata de un proceso de fiscalización de los programas públicos y que van a esperar los plazos para solventar las observaciones hechas por el Órgano Interno de Control.
La investigación señala que en 11 cuentas por liquidar, emitidas a favor de Telecomm —que opera el pago de este beneficio—, se tiene prueba del uso de ese dinero, pero no existe comprobación de los pagos a los beneficiarios ni bajo qué esquema se realizaron.
“Se tiene como soporte únicamente un Oficio de solicitud de pago firmado por el Director General de Políticas Sociales, sin identificar archivo alguno en el que se detalle el monto del apoyo para cada beneficiario que ampare el monto total de la solicitud de pago”, se explica.
Al momento de la auditoría, la dependencia no contaba con un instrumento jurídico que estableciera las condiciones en que Telecomm haría la entrega de recursos.
La Dirección General de Políticas Sociales de la Secretaria de Bienestar, a cargo de Katia Karina Rodríguez Ramos, fue el área en la que se encontró esta falta.
“Se recomienda que la Directora General de Políticas Sociales, gire instrucciones hacia las áreas responsables para que se implemente(n) mecanismos de control que permitan contar con la documentación comprobatoria que soporte la emisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas de conformidad a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, expone la indagatoria.
Además se identificaron inconsistencias en el padrón de beneficiarios, como incumplimientos con las reglas de operación del programa porque no se cubrían los requisitos de elegibilidad.
Se ubicaron 302 registros de niñas y niños que cumplieron la edad límite en 2017, pero sus madres o padres recibieron pagos de apoyos económicos en 2019 por un monto de 1.2 millones de pesos; así como 612 registros de menores que cumplieron la edad límite en 2018 y recibieron apoyos en 2019 por un importe de 2.8 millones de pesos.
Tampoco existen mecanismos de evaluación de la eficiencia del programa dentro de la propia Secretaría del Bienestar.
No se proporcionó evidencia de la línea base, metas, propuestas y medios de verificación de los indicadores que integran la Matriz de Indicadores de Resultados que permitan verificar su consistencia y avance conformó conforme a las reglas de operación del programa para el ejercicio 2019”, indica.
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