Con el recurso de los desvíos, 4,100 millones de pesos, se podrían pagar seis meses de tratamiento para 41,000 pacientes con cáncer de mama. También alcanzaría para el pago de 80,000 camas de hospital, expusieron los investigadores.
A través del uso y abuso de empresas fantasma y facturas falsas, más de 4,100 millones de pesos de recurso públicos fueron desviados entre 2014 y principios de 2019 en el sector salud a nivel nacional, reveló una investigación de las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa.
Al obtener datos por solicitudes de acceso a la información, el estudio, “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, identificó que durante este periodo fueron utilizadas cerca de 22,933 facturas falsas en el sistema de salud pública, lo que se traduciría en desvíos por más de 4,100 millones de pesos, utilizadas en 30 de 32 estados, así como de instituciones federales como el IMSS y el ISSSTE.
Se indicó que estos esquemas de desvíos de recursos han permanecido, pese a diversos cambios de gobierno, incluido el federal y sin importar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con una lista de cuáles son empresas fantasma, no se han tomado medidas concretas para evitar que reciban dinero público.
El Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Sinaloa y Oaxaca reunieron 80% del total de facturas de las entidades federativas; el primero de ellos recibió el 41% del total de facturas detectadas por un monto que ascendió a casi 2,000 millones de pesos.
“Si analizamos el sistema de desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma por tipo de institución de salud, encontramos que en prácticamente todos los casos hay facturas falsas”.
Por lo anterior, se detalló que el Estado de México registró desvíos por más de 1,841 millones de pesos por medio de cuatro instituciones de salud. De enero de 2014 a diciembre de 2018, el Instituto de Salud del Estado de México pagó 1,804 millones a empresas fantasma, entre las que destacan:
- Interacción Biomédica, S.A. de C.V.
- Kisa Importaciones, S.A. de C.V.
- Comercializadora El Chuac, S.A. de C.V.
- Servicios y Asesorías Bor Dom, S.C.
- Tauro Ejecutivo Asociado O.L.S.C., S.A. de C.V.
Esto representa 43% de los recursos públicos considerados en el estudio.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pagó 320 millones a empresas como Tradeco Urbana, S.A. de C.V., Hinfra, S.A. de C.V., Interacción Biomédica, S.A. de C.V., Infraestructura en Construcción, S.A. de C.V. y Construcciones y Representaciones Gava, S.A. de C.V., lo que representa 8% del total analizado.
El grupo en el que se concentró el mayor desvío de recursos públicos fue el de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) de los Servicios de Salud de las entidades federativas que desviaron 75% del total de los recursos públicos detectados de 2014 a 2019. Estos organismos, uno por cada estado, coordinan a la mayoría de los hospitales que operan en cada entidad.
De los 24 organismos OPD Servicios de Salud de los que las organizaciones recibieron información, el del Estado de México —Instituto de Salud del Estado de México— fue el que desvió 58% del total de los recursos públicos ejercidos por este grupo.
El mayor desvío de recursos públicos se concentró en una sola empresa fantasma, Interacción Biomédica, S.A. de C.V., la cual facturó más de 1,613 millones de pesos; esto representa 39% de los recursos públicos identificados.
Además, se detectó que dicha empresa recibió 96% de estos recursos por parte del Instituto de Salud del Estado de México. Asimismo, la misma empresa también fue contratada por el IMSS, el ISSSTE; por institutos nacionales de la Secretaría de Salud federal; e instituciones de salud en los estados de Coahuila, Guerrero, Nayarit y Oaxaca, incluyendo al Instituto Materno Infantil del Estado de México.
La investigación añade que Secretaría de Salud, incluye a los hospitales y órganos administrativos que se encuentran bajo su coordinación, los cuales se agrupan en institutos nacionales, hospitales regionales de alta especialidad, el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF), Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex), otros hospitales y diversos órganos administrativos, sin embargo, de todas estas instituciones, tanto la Secretaría de Salud como 22 instituciones que se encuentran dentro de su organización, contrataron con empresas fantasma.
Al igual que el IMSS, el ISSSTE y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, instituciones con hospitales y clínicas en todo el territorio nacional, pero cuya administración se lleva a cabo de manera centralizada. En estas cuatro instituciones se identificaron facturas falsas emitidas en el periodo de 2014 a 2019.
Asimismo, se indicó que en la cadena de encubrimiento participan servidores públicos de múltiples áreas, que van desde quienes se encargan de convocar a una licitación y el procedimiento de compra o la adjudicación de contratos, hasta los responsables de recibir los bienes o servicios (incluyendo al personal del almacén), las áreas contables que realizan los pagos e incluso los órganos internos de control, que son omisos en detectar las irregularidades.
Este sistema de corrupción y encubrimiento en el sector salud obliga a replantear la necesidad de que el Estado mexicano, en su conjunto, tome medidas para detener la impunidad. La finalidad de esta investigación no es documentar las carencias del sistema de salud en México, sino abordar una de sus causas: la facturación del gobierno con empresas fantasma. Una causa que podría ser fácilmente combatida si no fuera por la falta de voluntad de las autoridades.
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