Los responsables atribuyeron a la emergencia sanitaria el retraso en la operación de la plataforma
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El 18 de julio se cumplieron cuatro años de la publicación de las leyes que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y desde entonces se ha avanzado gradualmente en el desarrollado de políticas e instrumentos de prevención y combate a este mal nacional.
Tal es el caso de la Plataforma Digital Nacional (PDN), una herramienta diseñada específicamente para realizar labores anticorrupción.
Sin embargo, el periódico Reforma reportó que no ha logrado funcionar por completo porque no ha interconectado a la mayoría de las autoridades del país.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción obliga a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, de los tres poderes y a los órganos autónomos a subir la información a la plataforma integrada por seis sistemas: declaraciones patrimoniales y de intereses, así como constancia de declaración fiscal; nombres de servidores públicos que intervienen en procedimientos de contratación; y servidores públicos y particulares sancionados; información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización; sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción; e información pública de contrataciones.
Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), atribuyó a la emergencia sanitaria el retraso en la operación de la plataforma.
Por su parte, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, dijo que no tener operando al 100 por ciento la plataforma significa desaprovechar una herramienta indispensable para combatir redes de corrupción. “Cuando muchos actores no quieren que funcione una herramienta es porque la herramienta revelaría algo y la pregunta es qué revelaría.Si aparecerían nombres que no deberían de aparecer, desde el punto de vista político, por ejemplo”, indicó.
“El sistema uno (de declaraciones patrimoniales) a nivel federal estaba previsto para que estuviera operando en mayo, pero con la emergencia sanitaria ha sido un caos”, explicó.
Después del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México escaló ocho posiciones respecto al año anterior en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, elaborado por la asociación Transparencia Internacional, cuando se ubicó en la posición número 138.
Este Índice clasifica a 180 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción dentro del sector público, a partir de 13 fuentes de información, de 12 instituciones distintas que recopilan análisis de expertos en materia de anticorrupción y empresarios hasta el mes de agosto de 2019, fecha en que inició el procesamiento estadístico.
Los resultados consideran la percepción sobre los avances y retrocesos en el comportamiento de la corrupción en los países y el hecho de que México se encuentre en el lugar 130 del ranking mundial es significativo, pues con ello detuvo una caída sistemática que comenzó en el 2015.
Según el estudio, la nación registró 29 puntos de 100 posibles, con los cuales se ubicó a la par de otros países como Guinea, Laos, Maldivas, Mali, Myanmar y Togo. No obstante, un punto que no resulta favorable para México es que sigue siendo la región peor evaluada entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“La clasificación de México lo coloca en el último lugar entre los miembros de la OCDE, países que engloban el 80% del comercio e inversiones mundiales. México está por debajo de otros miembros que provienen de América Latina. Para alcanzar a Chile (67 puntos), debería elevar su clasificación 38 puntos en el índice”, señaló la organización internacional.
A nivel continental, México se encuentra por debajo de naciones como Brasil (35 puntos), El Salvador (34 puntos) y Bolivia (31 puntos). Pero se ubica por encima de otros territorios como República Dominicana (28 puntos), Paraguay (28 puntos), Guatemala (26 puntos) y Honduras (26 puntos).
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