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ZACATECAS, Zac. (proceso.com.mx).- Luego de más de 2 mil 700 neurocirugías en 27 años y 9 meses de labor y tras denunciar carencias de equipo y omisión institucional que pone en riesgo al personal de salud en el IMSS ante la pandemia de covid-19, el especialista Armando Rosales fue despedido del Instituto Mexicano del Seguro Social acusado de omisiones y negligencia médica.
“Mientras el IMSS no dé el equipo adecuado todos estamos en riesgo, nos dieron un bozal que no protege, toda muerte que exista en el IMSS de médicos y derechohabientes es responsabilidad del maestro (director General) Zoé Robledo”, señaló Rosales en un video el 25 de marzo, siete días después de que se confirmó el primer caso de coronavirus en Zacatecas en un médico del IMSS que murió el 31 de ese mismo mes.
“Es una mentada de madre lo que nos hacen a nosotros los trabajadores. El kit que nos entregan en el Hospital General: 1 un cubrebocas que no es N-95, unos guantes de lo más corrientes, una bata y un gorro.
“Al instituto nuestra vida les vale madres […], con mis recursos yo me compré mi overol y una mascarilla especial”, volvió a denunciar el médico en otro video el 15 de mayo, en un momento previo a visitar a un paciente con tumor cerebral al área covid-19 del hospital General 1 del IMSS.
El 3 de agosto, el IMSS hizo efectiva la recisión laboral al médico neurocirujano Armando Rosales Torres, quien también es secretario general del Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del IMSS, a quien acusa de haber dado atención deficiente a un paciente con glioblastoma multiforme (cáncer cerebral que provoca tumor irresecable).
Un tumor irresecable, explica el especialista, es aquel que, aún y cuando pueda ser extirpado, vuelve a salir e incluso incrementa su tamaño, razón por la cual en hospitales de Estados Unidos estos tumores no se operan, pues se les considera incurables y sólo mediante tratamientos de radio y quimioterapia se puede alargar el periodo de vida de los pacientes por algún tiempo.
De acuerdo con un impreciso comunicado del IMSS emitido el 5 de agosto, 48 horas después de su recisión, en el que no se precisan fechas en las que el médico valoró por primera vez al paciente afectado ni el procedimiento detallado que se llevó a cabo, se acusa a Rosales Torres de omisiones como “falta de valoración clínica integral al paciente, ausencia de notas médicas donde plasmara las actividades de valoración al paciente, por lo que no existió apego a la NOM 004-SSA3-2012 del expediente clínico y, pese a contar con elementos clínicos y auxiliares de diagnóstico, no se ofrecieron opciones terapéuticas apropiadas”.
La versión del IMSS
En su comunicado, el IMSS asegura que durante el proceso de investigación, en su comparecencia del 31 de julio, el trabajador rescindido se negó a responder las preguntas que se le formularon y presentó su declaración por escrito, sin que fuera suficiente para desvirtuar las faltas atribuidas.
Sin embargo, el propio IMSS le permitió a Rosales presentar su declaración por escrito, en una sesión que duró 20 minutos.
En entrevista, Rosales Torres negó las acusaciones en su contra por parte del IMSS, sobre todo en relación a que él no ofreció opciones terapéuticas al paciente y que la supuesta falta de atención oportuna de su parte hubiera puesto en peligro la vida del afectado.
En su declaración por escrito, emitida el 31 de julio ante los Servicios Jurídicos de la Delegación del IMSS, Rosales Torres detalla en tres cuartillas cómo atendió al paciente durante cuatro días, hasta que sus propios familiares decidieron darlo de alta de manera voluntaria el 12 de junio a las 18:43 horas, momentos antes de iniciar su tratamiento de radioterapia.
“El paciente Alfonso N de 67 años ingresó el 9 de junio a urgencias, se me pidió una valoración, le realicé una tomografía en la que se le detectó un tumor cerebral maligno, por lo que se le realizó una resonancia magnética de cráneo, por lo que requeriría una biopsia, darle quimioterapia y radioterapia para darle una sobre vida de 6 meses a dos años y evitar una micrometástasis”, señaló el neurocirujano.
El médico especifica que el 12 de junio, el cuarto día de estar internado, acudió con el paciente quien se encontraba estable y a quien le explicó los riesgos de someterse a la biopsia.
Después, el 15 de junio acudió a buscar al paciente para saber si había decidido someterse a la biopsia y el neurocirujano se percató entonces que el paciente solicitó su alta voluntaria tres días antes.
“Si sus familiares decidieron el alta voluntaria argumentando que unos ingenieros le quitarían el tumor cerebral, es decisión del paciente”, dijo el médico a Ágora Digital.
Un cúmulo de irregularidades
En su declaración, el médico señala que entre las irregularidades de recisión en su contra se encuentra que quien interpuso la queja por negligencia médica fue interpuesta por el hermano del paciente cuando el primero nunca tuvo comunicación con el neurocirujano en el tiempo que fue atendido por él.
“Lo que está haciendo el IMSS a través de la delegada Sandra Durán en este caso es una persecución debido a que estuve denunciando desde el inicio de la pandemia por la covid-19 las pésimas condiciones laborales en las que se desempeña el personal del IMSS poniendo en riesgo la vida sin que se nos dieran los insumos básicos para nuestra seguridad y la correcta atención de los pacientes”, dijo.
Después de haber solicitado su egreso voluntario, Alfonso “N” ingresó de nueva cuenta a urgencias por el mismo padecimiento, entonces fue atendido por una neurocirujana distinta.
El paciente argumentó que Rosales lo diagnosticó de manera inadecuada aunque el 25 de junio se le realizó la biopsia que originalmente le ofreció el médico acusado de negligencia, y el 28 de junio el paciente fue dado de alta para que regresara a casa en situación estable.
No obstante, el quejoso y el IMSS argumentaron que la biopsia se retrasó 10 días a consecuencia de una mala atención de Rosales; sin embargo, el neurocirujano señala en su declaración que dicho retraso en la atención se debió a que los familiares del paciente pidieron su alta voluntaria el 12 de junio.
“Una grave irregularidad en mi procedimiento es que para acreditar falsamente una negligencia médica que nunca existió, el IMSS solicita la opinión técnica al médico general Germán Arias Rebatet, quien carece de toda noción neuroquirúrgica y asegura que debí aplicar una guía práctica del año 2000 ya obsoleta para procedimientos como el que nos ocupa”, señaló.
Armando Rosales pidió en la audiencia del 31 de julio se incorporara la versión de Esaúl Lozano Prado, jefe de Servicio, quien en un documento fechado el 15 de julio precisa que en relación a la queja presentada por el hermano del paciente, la decreta improcedente por considerar que se le brindó al paciente la atención adecuada y fue su familia junto con él quienes al final decidieron firmar una alta voluntaria para buscar otra opción de tratamiento fuera del IMSS.
En el documento se detalla que el paciente ingresó a Urgencias por primera vez el 8 de junio a quien a través de estudios complementarios y resonancia magnética se le detectó un glioblastoma temporal del lado derecho, de inicio no agudo y del cual fue operado el 25 de junio sin complicaciones post quirúrgicas y siendo egresado del hospital en buenas condiciones el 28 de junio.
“No encontramos imputables omisiones y no hay falta al Reglamento de Prestaciones Médicas por parte del personal trabajador, por tal motivo la queja interpuesta no la consideramos procedente”, señala el documento dirigido a Eduardo Erik Puch Ceballos director del Hospital General de Zona 1 en la capital.
Para el neurocirujano, que en sus inicios obtuvo el premio a la mejor tesis en el país por su trabajo experimental con ratas cuadripléjicas y a quien le restaban dos meses para poder jubilarse, su siguiente paso será demandar al IMSS por despido injustificado.
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