Para famosos, vista gorda; para un albañil, ejecución extrajudicial

Guadalajara, Jal., El primero de agosto el gobernador Enrique Alfaro mostró la más evidente de sus contradicciones en el manejo de la pandemia, al permitir la boda de la hija del cantante Alejandro Fernández, a la que acudieron decenas de personas sin guardar medidas de protección, mientras las restricciones durante la crisis sanitaria fomentaron abusos policiacos, incluido el homicidio del albañil Giovanni López por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, que lo detuvieron por no usar cubrebocas.

Dos días después de que Camila Fernández y su esposo, Francisco Barba, se casaron en la iglesia de San Martín de Porres, en el municipio de Zapopan, y llevaron a cabo la fiesta, el mandatario estatal publicó en Twitter datos que, según él, demostraban que el subsecretario (de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría federal del ramo, Hugo López-Gatell) sigue engañando a todos los mexicanos.

Este tuit hizo que cientos de usuarios de esa red social cuestionaran a Alfaro y calificaran de grilla sus constantes señalamientos contra el gobierno federal, en su afán de figurar en el ámbito nacional con miras a ser candidato presidencial en 2024, meta que también apalanca con frecuentes apariciones en medios de la Ciudad de México con los que ha negociado millonarios contratos publicitarios.

“¿O sea que los datos de @HLGatell son políticos, pero los de tu gobierno no? Es un contrasentido, ¿no?”, tuiteó el usuario Roberto Partida, mientras otros le recordaban al gobernador jalisciense que siendo pobre como Giovanni López no existe tolerancia alguna de las autoridades.

El 19 de abril, Alfaro emitió un acuerdo, publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco, que facultó a los municipios y a las policías locales a multar y arrestar a quienes no usaran cubrebocas en cualquier espacio público, pero también para prohibir “la realización de eventos, reuniones o congregaciones de más de 50 personas, sean de carácter público, privado o social.

Con carta abierta, de inmediato comenzaron los abusos de las policías municipales, muchos de ellos documentados en redes sociales, como las golpizas a un camionero en Tala y al director de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara en Chapala, Juan Ramón Álvarez López, quien incluso perdió el conocimiento a causa de los golpes.

Hasta junio, cuando dejaron de presentarse reportes por detenciones, al menos 200 personas habían llegado a prisión en varios municipios por el acuerdo de cero tolerancia de Alfaro.

Luego del asesinato de Giovanni, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió un informe especial sobre los abusos cometidos durante las manifestaciones realizadas en Guadalajara del 4 al 9 de junio pasados, el cual detalla la desaparición forzada de al menos 35 manifestantes con la participación no sólo de policías ministeriales de civil, sino también de policías estatales, contrario a la versión oficial.

Los usuarios de Twitter también le recordaron a Alfaro que se reúne a menudo con el grupo de gobernadores opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el pretexto de consensuar políticas de salud y economía con motivo de la pandemia, pero por lo regular esas reuniones terminan en convivios mientras a los ciudadanos se les prohíbe tener reuniones.