jornada.unam.mx
Para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), contratos firmados por la Dirección General de Comunicación Social –entre éstos cuatro con Televisa–, el nombre de los atletas militares que participaron en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 o el oficio de solicitud de la producción de Master Chef son información ‘‘clasificada’’, por lo que forman parte de las 110 solicitudes de información públicas que fueron negadas por la dependencia (de noviembre a diciembre de 2016), por considerar que se trata de expedientes ‘‘reservados’’.
Otras solicitudes denegadas se refieren a contratos de importación de armas, tipo de armamento que utilizan las unidades del Ejército, contratos de obra, expedientes clínicos, exámenes sicológicos realizados a soldados, compras efectuadas por la Dirección de Industria Militar, nombres y datos de quienes solicitaron registro de armas de fuego, expedientes de militares en retiro y activo, así como expedientes clínicos, entre otros, que tienen más que ver con actividades meramente castrenses y de seguridad nacional e interior, señala información oficial de la dependencia en materia de transparencia.
La información sobre cuatro contratos (2015/002, 2015/039, 2015/085 y 2015/119) signados por la Dirección General de Comunicación Social con Televisa SA de CV fue enviada a ‘‘reserva’’ por cinco años.
La información sobre el personal (militar) que participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 fue reservada cinco años por la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Sin embargo, llama la atención que la propia Sedena difundió profusamente, en actos públicos encabezados por el alto mando de la dependencia, los triunfos de María del Rosario Espinoza, Germán Sánchez e Ismael Hernández.
Por otra parte, hay asuntos en los que la Sedena se negó a proporcionar la información requerida, pero que tienen que ver con actividades propias del quehacer militar, como bitácoras de vuelo, reservadas por 12 años; la negativa de la Dirección General de Infantería a dar a conocer el número de efectivos adscritos al 56 batallón de infantería (5 años de reserva); de la Dirección General de Derechos Humanos (reserva de 12 años) a proporcionar copia de un convenio para el pago de indemnización.
También, de la Dirección General de Sanidad a entregar información sobre el examen sicológico a personal militar (12 años); de la Dirección General de Industria Militar sobre la fabricación de fusiles de francotirador Morelos (5 años).
La Dirección General de Materiales de Guerra y Administración no entregó información, entre otras áreas de la dependencia, sobre el armamento adquirido en 2016 (5 años), debido a que ‘‘dadas las actuales condiciones que imperan en algunas áreas geográficas del país se estaría en desventaja ante grupos transgresores de la ley, ya que podrían hacerse de armamento que supere las características del que emplea el personal militar, situación que les permitiría anticiparse, eludir, obstaculizar o bloquear las operaciones que realiza el personal militar, logrando con ello menoscabar la capacidad de defensa del Estado’’.