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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El informe del fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, sobre cientos de denuncias de abusos sexuales a más de un millar de menores de edad a lo largo de casi siete décadas, ha sido otro golpe brutal para la jerarquía católica:
Trescientos sacerdotes han sido involucrados, tres obispos de Estados Unidos, en funciones, son señalados como protectores y presuntos cómplices, y El Vaticano también está implicado, ya que al menos 45 veces se menciona a la Santa Sede en el informe para indicar que sabía desde 1963 lo que sucedía.
El nuevo escándalo se suma a una serie de expedientes tremendos en Chile, México, España y en el seno del mismo Vaticano, que hablan no de una excepción, sino de un modus operandi, un modelo de poder vertical, silencioso, encubridor, que está minando no sólo la credibilidad de la jerarquía, sino el pontificado del Papa Francisco.
La respuesta del Papa ante el escándalo de Pensilvania se remite, una vez más, a la conmoción moral y no al compromiso para realizar una investigación profunda sobre las redes de encubrimiento que dominan éste y otros casos. El informe del fiscal habla de un “encubrimiento sistemático” de obispos, pero el Papa Francisco no menciona el delito de encubrimiento y prefiere rematar con una metáfora bíblica: “El mismo Satanás se disfraza de Angel de Luz”.
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La misiva del Papa Francisco, dirigida al “Pueblo de Dios”, reconoce “con dolor y vergüenza” las atrocidades cometidas por los sacerdotes y asume que “no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas”.
“Hemos descuidado y abandonado a los pequeños”, afirma Francisco, pero a pesar de admitir la demora “en aplicar estas acciones y sanciones tan necesarias”, en ninguna parte de la misiva se compromete a llevar ante los tribunales correspondientes a los responsables de este tsunami de decadencia moral y delitos muy graves.
El Papa insta a todos los miembros de la Iglesia a “denunciar todo aquello que ponga en peligro la integridad de cualquier persona”, pero ignora el tema del encubrimiento sistemático durante varias décadas.
¿De qué sirve denunciar si El Vaticano terminó por proteger a Marcial Maciel, investigado desde la década de los cincuenta por su largo historial de abusos y delitos en el seno de los Legionarios de Cristo? ¿Para qué levantar la voz si tras conocerse la escandalosa situación en la diócesis de Boston, dirigida por el cardenal Bernard Law, éste fue protegido por el propio Vaticano? ¿Qué sanción ha merecido otro cardenal acusado de encubrimiento de sacerdotes pederastas como el mexicano Norberto Rivera?
El informe del fiscal de Pensilvania, de mil 356 páginas, volvió a abrir las compuertas del infierno de la pederastia, la peor plaga moral y económica para la Iglesia católica. No es sólo “diabólico”. Es una de las maquinarias más aceitadas y acendradas en la jerarquía católica: el uso sistemático del encubrimiento para “salvar” a los curas pedófilos, abusadores o simplemente depredadores sexuales. Es el secreto que pasa de generación en generación entre los sacerdotes.
El informe de Shapiro concluye en uno de sus párrafos más duros que “los obispos que colaboraron para mantener al padre Luckac activo en el sacerdocio (cuyo caso conoció la Santa Sede desde 1963) lo hicieron sabiendo que él suponía un riesgo para la población y fueron, por tanto, cómplices del abuso que cometió”.
El presidente de la Conferencia Episcopal norteamericana, Daniel DiNaldo, consideró el pasado jueves 16 que este informe equivale a “una catástrofe moral”. En su comunicado, DiNardo afirmó que una de las “raíces” del problema es “el fracaso en el liderazgo episcopal” y demandó que “el mecanismo para abordar una queja contra un obispo debe estar libre de injerencias”.
Tan sólo en Estados Unidos, 55 de los 67 condados de Pensilvania protegieron a los curas señalados.
El informe de Josh Shapiro es un catálogo de múltiples abusos de 301 curas: revisiones a los niños bajo el pretexto de “detectar cáncer” (al menos 12 niños de 41 posibles víctimas habían pasado por “la revisión del cáncer”); los abusos sexuales perdonados en “secretos de confesión”; embarazar a niñas adolescentes (como fue el caso del padre Raymond Lukac); abusos de un niño desnudo en la rectoría cuando tenía entre 13 y 15 años (caso de Joe Pease); la sociedad de al menos “cuatro curas depredadores” que tomaban fotos de niños en pose de Jesucristo crucificado, o regalos de cruces de oro como señal de que estaban siendo preparados para ser abusados.
“El patrón fue el de abuso, negación y encubrimiento”, señaló Shapiro. Los casos demuestran “claramente” que hubo “un abuso corrupto y desmedido”, afirmó el fiscal.
Como en el escándalo del “MeToo” que cimbró a Hollywood desde hace nueve meses y provocó la caída de un hombre tan poderoso como el productor Harvey Weinstein, acusado por al menos 20 mujeres de ser un abusador sexual, en el caso de la Iglesia católica el asunto no se resuelve sólo con conmociones emocionales si el modelo de poder que alimenta el abuso no cambia de raíz.
