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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mayoría priista en el Congreso podría realizar un albazo y revivir el polémico “pase automático”, con el que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en funciones llegaría a dirigir de manera automática la futura Fiscalía General de la República (FGR), advirtieron hoy integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El abogado Luis Manuel Pérez de Hacha, integrante del CPC, recordó que, si bien las cámaras eliminaron el pase automático de la Ley Orgánica de la FGR en diciembre pasado, esta decisión aún no está efectiva: requiere la aprobación de por lo menos 17 gobiernos estatales, y hasta la fecha solamente tres entidades la respaldaron.
Por lo tanto, el dictamen de ley sigue virtualmente intocado, y si los priistas decidieran aprobarlo en su forma actual, el texto entraría en vigor con todo y pase automático.
“Definitivamente la posibilidad existe, no sería la primera vez en el régimen parlamentario mexicano que se diera un albazo en un nombramiento”, insistió Pérez de Hacha, al añadir: “por lo tanto nuestra amable petición al Senado de la República para que no apruebe la ley”.
Marieclaire Acosta, integrante del CPC y presidenta del Comité Coordinador del SNA, estimó por su parte que este nombramiento “podría tener consecuencias muy graves, no solamente para la procuración de justicia en general, sino también para el SNA”.
El pase automático fue una de las inquietudes acerca del SNA que Acosta y Pérez de Hacha expresaron esta mañana en conferencia de prensa.
Los activistas insistieron en la urgencia de reformar el artículo 102 de la Constitución para garantizar que la futura FGR sea “autónoma y eficaz”, pero afirmaron que ello solo será posible después del proceso electoral, pues “consideramos que la situación política en este momento, la conformación de las cámaras de diputados y senadores, harían inviable una reforma constitucional”.
Pidieron que se haga una convocatoria amplia a un “foro nacional”, cuyo objetivo consistirá en determinar los alcances de una FGR “verdaderamente independiente” y profesional, y definir el perfil de su titular.
También denunciaron la opacidad en la terna de magistrados anticorrupción que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado, sin explicar con base en qué criterios elaboró su lista, y exhortaron los diputados a designar el próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Los pasados 23 y 24 de febrero, los integrantes de los 20 comités de participación ciudadana que ya operan en el país se reunieron con el CPC nacional en Monterrey, donde constataron los “insatisfactorios resultados obtenidos hasta ahora en el combate a la corrupción” así como el “atraso y el rezago en la constitución de muchos sistemas locales anticorrupción”.
