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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador debería actuar de manera más cautelosa en sus promesas de erradicar la corrupción y terminar en tres años la “guerra contra las drogas”, pues si bien son “loables”, existen muchos obstáculos y resistencias en el camino.
Y en caso de no poder cumplir sus ofrecimientos, “la confianza pública en las instituciones del Estado podría desplomarse”, opinó el International Crisis Group (ICG).
De acuerdo con un informe del Grupo –consultado por Apro–, “no existe una salida fácil a la crisis de seguridad en México”, pues el próximo 1 de diciembre López Obrador heredará un país que sufrió una “campaña militar” contra la delincuencia organizada durante los últimos 12 años y que engendró “una plétora de conflictos regionales, cada uno de los cuales tiene sus particularidades y requiere de un enfoque propio”.
Además, tomará las riendas de un país donde los aparatos policiacos y militares fueron viciados por “corrupción, colusión y autoritarismo”. El informe resalta que el Ejército fue señalado por tener pactos de complicidad con la delincuencia organizada, e incluso por participar en “varios casos de alto perfil no resueltos, como la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en Guerrero”.
Además, destaca que el poder municipal fue abandonado y a menudo cayó en manos de grupos criminales; que la Procuraduría General de la República (PGR) dejó en la impunidad 96.8% de los casos de violaciones a los derechos humanos que investigó, o que los agentes de la Policía Federal (PF) sufren pésimas condiciones laborales y se prestan a la corrupción.
Según el ICG, “el Ejército será reticente a ceder su poder y a los flujos de ingresos que acumuló en la última década”, mientras que “poderosos intereses de negocios podrían percibir sus reformas económicas como amenazas”.
Y la sociedad mexicana “está lejos de tener un consenso sobre las medidas necesarias para conseguir la paz”, subraya.
El International Crisis Group observa tres dilemas que enfrentará el futuro gobierno: prometió retirar el Ejército de las tareas policiacas, sabiendo que los cuerpos policiacos son débiles y a menudo infiltrados; ofreció reparaciones a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, sabiendo que no existen las capacidades de investigar y sancionar estos crímenes, y busca aportar la paz mediante el diálogo con los victimarios, lo que podría desencadenar la furia de las víctimas.
El presidente electo “debería contener las expectativas y enfatizar en reformas clave, priorizando el acabar con la colusión entre las policías y la delincuencia, apoderar comisiones de la verdad para proponer políticas de construcción de paz, llevar ante la justicia a los responsables de sonados crímenes de Estado pasados, e impedir futuros abusos”.
De igual manera, el Grupo recomienda a la futura administración que se resista a imponer soluciones desde el gobierno federal, y en su lugar aconsejó alentar la creación de comisiones de la verdad dirigidas por ciudadanos en los estados más azotados por la violencia (Guerrero, Michoacán y Veracruz, por ejemplo), para que de éstas emerjan soluciones concretas y adaptadas al contexto local.
También le sugiere que financie los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas –que a la fecha operan con fondos de los propios familiares de víctimas– y que “investigue y traiga ante la justicia a todas las fuerzas del Estado involucradas en los casos más emblemáticos de asesinatos y desaparición de civiles”, entre ellos el de los normalistas de Ayotzinapa.
Propone que evalúe el otorgar amnistía parcial a los integrantes de “medio o alto nivel” de organizaciones criminales con tal de conseguir paz, y sostiene que “los costos políticos, tanto a nivel doméstico como respecto a Estados Unidos, podrían ser significativos, pues se podría acusar al gobierno de ser laxo o incluso coludido con el crimen organizado”.
Subraya la necesidad de diseñar programas de reinserción para ofrecer una alternativa a los miembros de pandillas y organizaciones criminales, y urge el Congreso a cancelar la Ley de Seguridad Interior (hizo notar que la postura del gabinete de López Obrador al respecto no ha sido clara), a la par de fomentar el regreso de las instituciones civiles para mantener la seguridad en el país.
“El éxito de un cambio radical dependerá sobre todo de cómo (el presidente electo) solucionará los micro conflictos desparramados en el país, y las medidas que su gobierno tomará para terminar con la complicidad del Estado y la delincuencia en las regiones violentas”.
Los dilemas
Con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador “las esperanzas por un cambio son altas en México”, sin embargo, el ICG observa que el tabasqueño “todavía no detalla cómo su gobierno vencerá la serie de obstáculos que se elevan en el camino de una solución rápida a la delincuencia o la corrupción”. Y enfatiza que el problema no reside en el qué sino en el cómo.
En materia de seguridad, retrata un panorama desolador: más de 150 mil personas murieron o desaparecieron en 12 años, y la estrategia de cortar cabezas en los principales cárteles multiplicó el número de organizaciones criminales que luchan a muerte por el control de territorios –además expandieron sus sectores de actividades ilegales– y se apoderaron de gobiernos locales, en los que manejan recursos e instituciones.
En lugar de reducirse, la violencia rebasó las zonas en las que se concentraba –como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas– y se desbordó hacia entidades que vivían en relativa paz, como Jalisco, Guanajuato o Colima, pero por motivos distintos.
El documento muestra la situación de Tierra Caliente, Michoacán, donde la violencia se originó en el combate por desmantelar al cártel de la Familia Michoacana, que se dividió en grupos pequeños y dispersos que luchan por el control territorial. Lo anterior, en un contexto de disputas y “vendettas” entre familias y comunidades.
En contraste, menciona que Salamanca, Guanajuato, sufre altísimos niveles de violencia, producto de la disputa entre grupos criminales –particularmente el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)– para dominar el robo de hidrocarburos de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la venta de “huachicol”.
Entre los dilemas de López Obrador destaca la reforma a las fuerzas de seguridad federales: por una parte, el presidente electo debe atender las demandas de justicia de los familiares de personas asesinadas y desaparecidas, y a la vez medir los contragolpes que puedan originarse desde las corporaciones de seguridad.
“Moverse con demasiada prisa –castigando de manera súbita a los funcionarios responsables de delitos graves, por ejemplo– podría generar resistencias, mientras que el retiro abrupto de las fuerzas armadas de las tareas policiacas que asumen en los estados más afectados por la violencia podría desencadenar una inestabilidad todavía mayor”, abunda el estudio.
Durante los foros de diálogos con las víctimas que realizó el equipo del tabasqueño –añade– no fue bien recibido el mensaje de “perdón sí, olvido no” y que camina de la mano con su propuesta de amnistía.
Por otra parte, el presidente electo prometió otorgar becas de 3 mil 600 pesos mensuales a 2.7 millones de jóvenes, reequilibrar la economía, fomentar la inversión en infraestructura, incrementar el salario mínimo y acabar con la corrupción.
“Detrás de gran parte de las promesas de López Obrador recae la fe en un acto de magia personalizado. La persona es el método: la solución no es otra que el propio López Obrador”, indica el informe.
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