“Lo que están llevando a cabo es que ya se están repartiendo los fondos del fideicomiso para que, cuando se lleve a cabo la reforma, si es que se aprueba, ya no tenga dinero el fideicomiso”, dijo el presidente.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le corresponde la investigación sobre la posible repartición de recursos de los fondos del Poder Judicial, hecho que puede ser legal, pero inmoral, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Según entiendo, lo que están llevando a cabo es que ya se están repartiendo los fondos del fideicomiso para que, cuando se lleve a cabo la reforma, si es que se aprueba, ya no tenga dinero el fideicomiso”, dijo en torno a un planteamiento.
El mandatario federal señaló que corresponde también revisarlo a Hacienda, pero más al Poder Legislativo.
“Es un asunto que debería de atender con urgencia, porque tardan mucho, no vaya a ser que resuelvan dentro de dos años. La Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados, investigar eso, a ellos les corresponde, si es legal que estén repartiendo los fondos. A lo mejor es legal que utilicen esos fondos para los trabajadores del Poder Judicial; si no lo es, pues tiene que intervenir el Poder Legislativo”, dijo.
Pidió la intervención para saber quiénes estarían incluidos, porque considera que siempre utilizan a los trabajadores como parapeto y quienes se llevan más beneficio son los altos funcionarios.
“Si hay un fondo, una cosa es lo que pueda recibir de ese fondo un trabajador de base, un oficinista, los proyectistas, que son los que trabajan, y cuánto puede estar recibiendo un juez, un magistrado, un ministro, porque hay niveles, nivelitos, dirían en algunos lugares. Porque los de arriba se llevan millones, no exagero, millones, cuando se retiran. Aparte de la pensión vitalicia, se llevan fondos de retiro de millones de pesos, no así los trabajadores de base”, dijo.
Pidió una pronta investigación porque se tenía la costumbre de que, al presentarse un caso, la auditoría se podía llevar un año, la revisión otro año y la resolución uno más. “Ya cuando resolvían algo ya ni existía el servidor público, ya estaba en otra función. Pero sí debe de haber mecanismos ágiles para atender esto”.
Exhortó a que se pronuncien sobre si es válido y legal o no. “Puede ser que sea legal. Inmoral, sin duda, porque los fondos de ahorro especial de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial son elevadísimos”.
De nuevo pidió a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, responda a qué acuerdos llegó con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, en una cena durante el proceso electoral; y ahora reprochó que en las entrevistas que le han hecho, nadie le pregunte sobre el tema.
“O al otro ministro, que es su asesor, Carrancá, porque fue en su casa, una residencia en Las Lomas. ¿Por qué no le preguntan? ¿O por qué ellos no informan? ¿Qué, no tienen la obligación de informar sobre asuntos de interés público? ¿Por qué se quedan callados? (…) ¿O no es nota? Que le pregunten: ‘¿Oiga, es cierto que se reunió? (…) Ya si nos quieren decir qué cenaron, ¿no?; qué vino, si fue nacional o vino español, francés, y de qué hablaron, porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública”, cuestionó.
