Una Corte de Apelaciones en Miami desechó el recurso con el que abogados del “super policía” buscaban frenar la demanda interpuesta por la UIF
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Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que la demanda interpuesta por el Gobierno de México contra Genaro García Luna continuará con su curso en una Corte de Florida, Estados Unidos (EEUU).
Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo abordó la notificación de una Corte de Apelaciones de Miami como “una buena noticia” de la mañanera de este 15 de junio.
“Ayer la corte de Florida desechó el recurso que presentaron los abogados de García Luna para que la Corte de Florida no le diera curso a nuestra denuncia de corrupción”, detalló el presidente de México y señaló que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, abundará más en la resolución.
“Para que lo explique mejor, vamos a invitar mañana a Pablo Gómez que venga a informar, que él tiene más elementos sobre esta denuncia”, señaló el mandatario federal.
Y es que una Corte de Apelaciones de Miami, Estados Unidos, dio la razón al Gobierno de México sobre la demanda civil contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre que el exfuncionario mexicano tejió una red compleja de lavado de fondos robados del erario.
El pasado mes de marzo, la UIF informó que durante el tiempo en el que Genaro García Luna ejerció su cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, creó una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos.
La UIF argumentó que “bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de USD 745.9 millones y sigue el examen de otras operaciones”.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales, al tiempo que se aplicaron a la autorización de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en Florida.
Tras identificar la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los casi USD 800 millones, se pudo incluir al “súper policía” como también se le conocía a García Luna en el sexenio de Calderón, a la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF, así como a quienes participaron en esa confabulación, por lo que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2019.
Por otra parte, en septiembre de 2021 se presentó una demanda civil ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, con la intención de recuperar los activos adquiridos con el dinero público de los mexicanos.
La demanda incluye a Linda Pereyra, esposa de García Luna, la familia del empresario Weinberg y otros implicados, mismos que apelaron la demanda civil del gobierno mexicano, al argumentar que este caso no se debería de juzgar en Miami, por lo que quedó suspendido el proceso desde noviembre de 2022 hasta que se decidiera la procedencia o no de la impugnación, que finalmente sucedió el pasado miércoles 14 de junio.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito, determinó dar la razón al gobierno mexicano, por lo que después de siete meses de suspensión de este caso, ahora seguirá su curso y probablemente se realice un juicio contra García Luna.
