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CIUDAD DE MÉXICO.
Por primera ocasión en los 88 años de historia, el PRI someterá a por lo menos 10 mil aspirantes a puestos de elección popular a exámenes de integridad y confianza, para cerrar al máximo las posibilidades de que incurran en actos de corrupción en caso de ganar, pero además, verificará que no pesen sobre ellos acusaciones de misoginia o violencia política contra las mujeres.
De acuerdo con las nuevas reglas que deberán observar los priistas que busquen alguno de los tres mil 326 puestos de elección popular que estarán en competencia en el 2018, desde la Presidencia de la República hasta el nivel de síndicos, además de los requisitos estatutarios de contar con el aval de la estructura del partido para conseguir el registro, estarán obligados a firmar una “carta de aceptación de someterse a las pruebas de integridad y confianza que, en su caso, determinen las instancias competentes del partido”.
El PRI tiene una estimación de que, al menos, habrá tres aspirantes para cada puesto de elección, lo que lleva a una cifra de 10 mil interesados en puestos de elección popular.
El Código de Ética Partidaria, aprobado por unanimidad en la XXII Asamblea Nacional del PRI, destaca que “son obligaciones de quienes aspiren a la postulación de una candidatura a cargo de elección popular, presentar ante las instancias competentes del partido la declaración patrimonial, la declaración por conflictos de intereses y la declaración fiscal correspondiente al último ejercicio que haya sido presentada ante el Servicio de Administración Tributaria, conforme a los formatos que establezcan las autoridades correspondientes o las instancias competentes del Partido”.
Pero también una copia del acta de entrega-recepción en el caso de quienes hayan desempeñado cargos de responsabilidad pública o partidaria, y una carta de aceptación de someterse a las pruebas de integridad y confianza.
Aunque el Código no especifica en qué consisten estos exámenes, para no limitar los instrumentos a utilizar, durante la discusión de los priistas que generó este cambio, se pusieron en la mesa los exámenes sicométricos, el detector de mentiras, la prueba de consumo de drogas y pruebas de perfil socioeconómico.
Estas reglas también aplicarán para los candidatos externos o simpatizantes, pues incluye al “aspirante a contender en un proceso electoral constitucional que, sin tener carácter de militante, opta por la postulación a través del Partido Revolucionario Institucional”, como sujeto obligado en este Código.
Los candidatos priistas deberán entregar “la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no haber sido procesada o procesado en el fuero federal o en el fuero común por delito intencional patrimonial o vinculado con cualquier ilícito que la ley considere delincuencia organizada; y no haber recibido condena por ejercer violencia política en virtud de género”.
Una vez que sean candidatos, estarán obligados a “entregar al partido en los plazos que determine la ley de la materia los comprobantes que cumplan con los requisitos fiscales, así como la documentación anexa que exija la normatividad en materia de fiscalización y que compruebe el origen y destino de los ingresos y egresos de su campaña.
En caso de no hacerlo, el Comité Ejecutivo Nacional podrá actuar conforme a lo dispuesto por el artículo 218 de estos Estatutos o bien, suspender la ministración de recursos a su campaña; lo anterior, sin perjuicio de que sean sujetos de responsabilidad estatutaria o acreedores a las sanciones que establezcan las disposiciones legales aplicables”, dispone.
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