En sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada este jueves, se aprobaron las solicitudes de licencia del Síndico Municipal, Jorge Antonio Quintero Alvarado, y de los regidores Magaly Fregoso Ortiz, Eduardo Martínez Martínez y Juan Solís García, que tendrá efectos a partir de este viernes 23, por temporalidad indefinida.
Las solicitudes fueron formalmente entregadas el pasado 12 de marzo ante la Secretaría General del Ayuntamiento, y el acuerdo edilicio fue por unanimidad.
Posteriormente, el alcalde interino, Rodolfo Domínguez Monroy, tomó protesta de ley a los suplentes, Miguel Becerra Contreras (del síndico); Melissa Marlene Madero Plascencia (de Magaly Fregoso); Leopoldo Lomelí Corona (de Eduardo Martínez) y Diego Armando Nava Maeda (de Juan Solís).
Además, se aprobó que éstos se integrarán para presidir o formar parte, según sea el caso, de las comisiones, comités y consejos en los que estaban incorporados el Síndico y los ediles que solicitaron licencia, a partir de este 23 de marzo. De igual forma, se autorizó que el alcalde interino, Rodolfo Domínguez Monroy, forme parte de los comités, comisiones y consejos en los que participó el alcalde con licencia, Arturo Dávalos Peña.
Por otra parte, el pleno acordó solicitar por escrito al Gobierno del Estado, la ejecución de los recursos presupuestados para la construcción del Centro de Justicia para Mujeres en Puerto Vallarta, y al Congreso del Estado de Jalisco que considere un presupuesto para la operación del mismo. Los puntos de acuerdo fueron presentados por la regidora Susana Rodríguez Mejía.
Asimismo, se aprobó el dictamen de las Comisiones de Reglamentos y Puntos Constitucionales y de Ecología, de la iniciativa presentada por la regidora Edelmira Orizaga Rodríguez, respecto de la creación del Reglamento para la Prestación del Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición final de residuos, así como el manejo de Residuos Urbanos en el Municipio.
También se autorizó el dictamen de la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, de la iniciativa de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, que establece la figura de acoso callejero como falta administrativa, a través de la modificación al Reglamento de Policía y Buen Gobierno.
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