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CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- La oficina en México de la organización no gubernamental Artículo 19 exigió al gobierno de Héctor Astudillo Flores que se abstenga de realizar acciones contrarias a la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo y al derecho a la información.
“El parámetro del derecho a la libertad de expresión no permite la censura previa sea directa o indirecta bajo ningún pretexto y mucho menos cuando se trata de información de interés público, y que está afectando a la sociedad, como son los actos de violencia en aquella entidad”, señala un comunicado del organismo difundido este sábado.
La postura de Articulo 19 es en respuesta a un boletín del gobierno de Astudillo, publicado hace dos días, donde se advierte que las autoridades estatales no van a tolerar la difusión “por ningún medio de comunicación” de cualquier material audiovisual que atente contra los derechos de las víctimas, haga apología de la violencia y contribuya a la revictimización.
Además, se anunció la intervención de la Fiscalía estatal y la Policía Cibernética para localizar el origen de su difusión y sancionar a los responsables de divulgar “contenidos de naturaleza violenta”.
Al respecto, Artículo 19 considera que la actitud del gobierno de Astudillo “es una medida demagoga y restrictiva” que podría inhibir el flujo de información sobre la violencia que se vive en la entidad.
También, señala que de esta forma las autoridades estatales pretenden “ocultar la incapacidad” del mismo gobierno de hacer frente a la violencia en que la sociedad guerrerense se encuentra sumergida hoy en día y remata:
“Las acciones anunciadas en el comunicado del gobierno de Guerrero son a todas luces restrictivas de la libertad de expresión, derecho a la información y del derecho a la privacidad e inviolabilidad de comunicaciones”.
Artículo 19 urgió al gobierno de Astudillo que realice lo necesario para acabar con el clima de hostigamiento e impunidad contra la prensa que impera en la entidad.
También, refiere que resulta preocupante que el gobierno estatal funde la restricción del derecho a la libertad de expresión en la revictimización.
Además, critica la postura oficial al afirmar que es contrario al derecho a la privacidad e inviolabilidad de comunicaciones debido a que el gobierno estatal no solo pretende prohibir la divulgación de información, también ha amenazado con localizar a quienes lo realicen a partir de técnicas de la policía cibernética, que deberían ser utilizadas para combatir los delitos que se llevan a cabo en las redes, y no para amedrentar a quienes se expresan e informan lo que está pasando en la entidad.
“Es por demás preocupante que este tipo de mensajes se dan en un contexto adverso al periodismo en Guerrero, en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, los periodistas de la entidad han sufrido 163 agresiones, resaltando los asesinatos de Cecilio Pineda y Pamela Montenegro, asesinatos que permanecen en la impunidad”, indica la alerta de Artículo 19.
Las acciones y omisiones del gobierno astudillista, respecto a la seguridad de todas las personas es de primer interés social, sobre todo cuando los niveles de violencia delincuencial y estatal en Guerrero, alcanzan niveles alarmantes.
“Vale la pena recordarle al gobierno de Guerrero que está sujeto a partir del principio de legalidad, y en su caso solamente puede restringir derechos consagrados en la Constitución y en normas de derecho Internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos cuando se persigan fines legítimos y la medida sea necesaria y proporcional en una sociedad democrática”.
También, recuerda que Artículo 19 ha documentado en Guerrero, agresiones graves como amenazas de daño físico y de muerte, así como actos de intimidación con armas de fuego, robo de equipo hasta la privación ilegal de la libertad y el asesinato.
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