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En Guanajuato, aquel famoso slogan de que es una “tierra de oportunidades” se ha hecho realidad…pero para el crimen organizado.
La violencia se desbordó en Guanajuato, estado con mayor crecimiento en la incidencia de homicidios dolosos, delito en el que se ubica en el primer lugar a nivel nacional por número de casos y cuarto por cada 100 mil habitantes.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) revelan que entre enero y abril de 2018 en la entidad gobernada por el panista Miguel Márquez, se registraron 642 ejecuciones a tiros.
Se trata de una cifra tres veces mayor a la registrada en el mismo periodo de 2015, cuando hubo 179 casos.
Peor aún, la cifra de 2018 es mayor a la ocurrida durante todo 2015, año que registró una incidencia de 600 casos.
El SESNSP advierte que Guanajuato es el cuarto lugar a nivel nacional en el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes con una tasa de 12.9, solo por debajo de Colima (26.7), Baja California (22.9) y Guerrero (21.1)
El Financiero-Bloomberg buscó la opinión de las autoridades de Guanajuato sobre este tema, pero al cierre de la edición no había respuesta a la petición de hablar con el procurador de justicia de la entidad, Carlos Zamarripa Aguirre.
Informes de autoridades federales, locales mexicanos y de la DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos, revelan que en Guanajuato hay presencia de al menos cinco grupos del crimen organizado.
El grupo predominante es el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero también operan en aquella entidad células de Los Zetas, el Cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios.
Según la DEA estos grupos mantienen una batalla por el control del tráfico de drogas en la entidad. Pero también hay una disputa clara por el control del robo de hidrocarburo en la red de ductos de más de 700 kilómetros en la entidad.
A esa disputa se suma el emergente grupo autodenominado Cártel de Santa Rosa de Lima o Cártel de Guanajuato, que apareció en octubre pasado para declarar la guerra al CJNG en el robo de hidrocarburos. Ese grupo es encabezado por José Antonio Yépez Ramírez, ‘El Marro’, en Irapuato.
Los actos de violencia son de tal magnitud que ha habido semanas que, en horas, se suman más de 40 ejecuciones. Entre los hechos más recientes, destaca el ocurrido el viernes pasado, en Salamanca, donde seis policías de tránsito municipales fueron asesinados en un ataque de un grupo armado.
En notas periodísticas se reproducen palabras del funcionario Zamarripa Aguirre, quien advierte que el 85 por ciento de los homicidios en el estado están relacionados con el crimen organizado, y más directamente ligados al huachicoleo (robo de hidrocarburos).
El funcionario advirtió que el robo de hidrocarburo es un tema que preocupa pues no se ha podido detener, pese a los esfuerzos que incluyen cientos de detenciones y clausura de tomas clandestinas.
De acuerdo con los datos oficiales, los municipios de León, Silao, Celaya, Salamanca y Apaseo el Grande son sólo algunos de los municipios donde hay una mayor incidencia de homicidios.
El año pasado Guanajuato fue la entidad con más tomas clandestinas de combustible durante 2017, según reportes de Pemex.
En su más reciente reporte, de mayo, la paraestatal colocó a Guanajuato entre las cinco entidades con más casos de robo de combustible durante marzo; las pérdidas anuales como consecuencia de este delito rondan los 30 mil millones de pesos.
Violencia en el estado se da casi todos los días
La criminalidad en Guanajuato ha hecho de todo menos descender. El 25 de mayo pasado el estado sumó, tan sólo en cinco días, la cifra de 51 homicidios.
Entre los hechos más recientes, destaca el ocurrido el viernes pasado, en Salamanca, donde seis policías de tránsito municipales fueron asesinados a consecuencia del ataque de un grupo armado.
Cinco de los uniformados murieron en el lugar y otro más fue trasladado por la Cruz Roja; sin embargo, murió al llegar al hospital.
Al día siguiente, el sábado por la noche, al menos cinco personas fueron ejecutadas y sus cuerpos descuartizados para ser esparcidos, junto con narcomensajes, en dos puntos de Apaseo El Alto.
Autoridades encontraron cinco torsos y tres cabezas, en lo que presumen una disputa entre células del crimen organizado relacionadas con el robo de combustible.
Dos semanas antes, se sumaron también crímenes de políticos, como el asesinato del candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Grande, José Remedios Aguirre.
La fiscalía de estado acreditó entonces la relación del candidato con un grupo implicado en el huachicol, al revisar el contenido de su teléfono, sus contactos, las llamadas que recibió y las que realizó. “Eso ha dado una información basta, muy amplia que sin duda viene a corroborar un hecho lamentable como es el que él está involucrado con un grupo delictivo dados los vínculos telefónicos que se tienen en este aparato”, dijo entonces el procurador Carlos Zamarripa.
“Detrás de todo esto hay un mercado de droga muy rentable del crimen organizado, de plata y plomo. Las ejecuciones tienen que ver con eso. Es muy difícil para un estado enfrentarse a todo esto por una política de drogas equivocada a nivel nacional”, dijo al respecto de la crisis, Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo.
Y lo cierto es que no ha habido estrategia estatal o federal que resuelva la crisis. Ni el programa Escudo, donde se gastaron 2 mil 700 millones de pesos, ni los 3 mil 200 elementos de la Policía Militar que llegaron a la entidad y ocupan un cuartel donde el gobierno del estado invirtió en su construcción 375 millones de pesos, han contribuido a reducir los índices de violencia.
Tan sólo ayer, elementos del Ejército y policías estatales hallaron el cuerpo de un joven ejecutado, en la comunidad de Santiaguillo de García, Salamanca.
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