Auditoría detecta que se entregaron apoyos a jóvenes que no cumplían con el promedio; además, se destinaron recursos a egresados o a alumnos dados de baja
Falta de evidencia en la entrega de tarjetas bancarias, incumplimiento de requisitos, pagos improcedentes y la no reintegración de apoyos no cobrados por los beneficiarios a la Tesorería son parte de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al fiscalizar el Programa Nacional de Becas durante el ejercicio 2017, el cual está a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Las anomalías, e incluso un posible daño al erario público, ascienden a más de 5.3 millones de pesos, según se establece en la auditoría financiera a dicho programa (S243), en la modalidad de Becas para la Continuación de Estudios en la Educación Media Superior.
El probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal es por un monto de 4.3 millones de pesos, toda vez que se entregaron pagos a 934 beneficiarios de la Beca de Ingreso y Permanencia 2017 a alumnos, pese a que éstos contaban con promedios escolares no aprobatorios y no se acreditó que los estudiantes cumplieran con los requisitos para recibir el apoyo, detalla.
Asimismo, “los directores de 233 planteles educativos no reportaron 413 casos en los que los beneficiarios dejaron de cumplir con los requisitos para ser sujetos de apoyo, lo que trajo como consecuencia que se les cubrieran pagos improcedentes por 1,014.2 miles de pesos (un millón 14 mil 200 pesos)”, según se establece en el informe sobre la revisión a la Cuenta Pública de 2017.
También hubo becas improcedentes en 27 casos por un monto de 62 mil 600 pesos, pues los estudiantes contaban con otra ayuda, es decir, “no debieron ser sujetos de apoyo de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación”.
Incluso, la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, con el fin de que la Contraloría realice una investigación y en su caso inicie el procedimiento administrativo correspondiente “por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y efectuaron el pago de apoyos improcedentes”.
De igual modo, no se encontraron expedientes físicos de 11 estudiantes, que se traduce en un monto de 52 mil 900 pesos, ni constancia de la entrega de tarjetas en mismo número de casos, que recibieron 43 mil pesos.
También se detectaron seis tarjetas de pago, por 26 mil 400 pesos, que no llegaron a los alumnos, sin que la cantidad depositada haya sido reintegrada a la Tesorería de la Federación. La SEP informó que dio vista al órgano de control interno y a las Contralorías de Chiapas y Chihuahua de tres casos, “sin embargo, no proporcionó evidencia de su reintegro”.
Entre los beneficiarios de la beca se encuentran estudiantes del Colegio de Bachilleres y del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS). Sin embargo, durante una visita al plantel Guadalupe Victoria de este último centro, no se comprobó que los apoyos cumplieran con los requisitos del programa.
Ambos centros sumaron 221 alumnos beneficiados, por un monto de 964.5 mil pesos, pero se encontró que 155 expedientes carecían de la documentación mínima requerida y en otros seis casos no contaban con la CURP.
En el dictamen del 30 de enero de este año, la ASF concluyó que en términos generales se cumplieron con las disposiciones legales y normativas, con excepción de la entrega de apoyos por 5.3 millones de pesos a becarios que dejaron de cumplir con los requisitos y pagos improcedentes “por 62.6 mil pesos a estudiantes que ya habían egresado de los planteles, o bien, que causaron baja de éstos, así como a beneficiarios que ya contaba con otro tipo de becas”, entre otras observaciones.
Ven daños por 27 mdp en Diconsa
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un probable daño al erario por 27 millones 120 mil 222 pesos por pagos efectuados desde la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a Diconsa en 2017, con cargo a los recursos del Programa Comedores Comunitarios.
La ASF detalla que los pagos carecen de las conciliaciones realizadas por los coordinadores estatales de la Dirección General de Participación Social que sustenten los montos pagados.
Por ejemplo, en Chiapas se efectuaron pagos por 238 mil 778 pesos sustentados en 23 facturas, pero no se aclaran los recibos en al menos 64 comedores de la entidad.
Tampoco se aclararon los recursos para la instalación de nuevos comedores comunitarios y el reequipamiento de los existentes en 17 estados.
Además, no realizó los análisis de calidad para los productos requeridos por Sedesol.
