Las redes de corrupción que protegían al Cártel de Sinaloa se extendieron hasta la terminal aérea más importante del país
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En la Corte de Brooklyn, en Nueva York, Genaro García Luna recibió una sentencia de más de 38 años de cárcel por haber sido encontrado culpable, entre otros asuntos, de colaborar con el Cártel de Sinaloa mientras ocupaba puestos del más alto rango en dependencias de seguridad mexicanas.
Desde corporaciones como la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) o la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), García Luna tejió una red de protección para que el grupo delictivo operara impunemente en el país a cambio de millonarios sobornos.
Una de las muestras de este entramado criminal es perceptible en el grupo conocido como ‘La Hermandad’ que, de acuerdo con investigaciones incluidas en el libro García Luna, el señor de la muerte —escrito por el periodista Francisco Cruz—, contribuyó al enriquecimiento de una gran cantidad de agentes policiacos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Reconocido como el aeródromo “más competitivo, seguro y rentable de México”, el AICM ha sido un punto de operaciones de gran relevancia para el Cártel de Sinaloa durante décadas. Según expone el periodista, en dicha terminal García Luna implementó una estrategia para tener ojos y oídos en cada rincón. Junto con su comando central, dividió el aeropuerto en cuatro sectores: Vialidad y Ambulatorio, Filtros, Salas de Última Espera y Plataformas.
Con el paso de los años, los agentes que estaban asignados al Sector Plataformas se convirtieron en “policías acaudalados” debido “a la gran cantidad de drogas y estupefacientes que llegaban desde varios países de Sudamérica en paquetes arreglados”. El grupo de este sector fue conocido posteriormente como ‘La Hermandad’.
Acorde con las investigaciones incluidas en la obra, los inspectores de esta comisaría establecieron tarifas para la circulación tanto de mercancías ilegales como de personas. Por un lago, el Cártel de Sinaloa veía prosperar sus negocios criminales; por el otro, las autoridades llenaban sus bolsillos.
Cruz menciona que, por ejemplo, el costo por el tránsito de cada persona en situación de migración irregular era de 600 dólares. Sin embargo, cuando se hacían negocios con traficantes de ciudadanos chinos, el costo era de hasta 15 mil dólares por cabeza.
Otra actividad altamente lucrativa para ‘La Hermandad’ era el contrabando de equipaje de alto valor, el cual podía incluir desde dinero en efectivo hasta animales en peligro de extinción.
Cada paquete de este rubro “se cotizaba hasta en cinco mil dólares […] Divisas o dinero sucio a granel que se transportaba en maletas de viaje, al igual que metales preciosos (barras de oro y plata), joyería de diseño (gemas y diamantes, lo más cotizado), productos controlados y prohibidos, animales exóticos o de especies en peligro de extinción, armas automáticas y hardware de tecnologías de la información”, detalla el libro.
Para garantizar el libre paso de estas mercancías, así como de la droga, el Cártel de Sinaloa tenía bajo su nómina a policías en diferentes áreas. Jesús Reynaldo ‘El Rey’ Zambada García, Arturo Beltrán Leyva, alias ‘El Barbas’, e Ignacio Coronel Villarreal, alias ‘Nacho Coronel’, eran los principales operadores del grupo criminal en el AICM.
“El aeropuerto fue una peligrosa tentación que, en los sexenios de Fox y Calderón, casi siempre estuvo bajo control”, especifica Francisco Cruz. El “casi” se debe a que el 25 de junio de 2012 se desató un enfrentamiento entre agentes de la Policía Federal por un paquete de cocaína que había llegado desde Perú.
Debido a las cuantiosas ganancias que dejaba el control del AICM, autoridades encargadas de su resguardo sostuvieron una pugna interna por mantener sus privilegios.
“Investigadores de la PGR descubrirían en los siguientes días [a la balacera] que el tráfico de drogas, metales preciosos, joyería fina de alto diseño y dinero en efectivo, sobre todo dólares y euros, era controlado por la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, las investigaciones se pararon en seco por la proximidad de las elecciones presidenciales”, expone el libro de Francisco Cruz.
