Los cárteles convirtieron la extorsión en un negocio millonario que afecta a agricultores, comerciantes y transportistas en todo el país
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El cobro de piso o derecho de piso es una práctica criminal que afecta a amplios sectores de la sociedad mexicana, desde pequeños comerciantes hasta grandes productores agrícolas.
Aunque esta modalidad de violencia tiene múltiples orígenes, un punto central en su evolución está en la figura de Nazario Moreno González, alias “El Más Loco” o “San Nazario”, líder fundador de La Familia Michoacana.
Moreno instauró un modelo de extorsión basado en una retórica religiosa, justificándolo como un supuesto acto de redistribución social.
Nazario Moreno y el nacimiento del modelo extorsivo
Nazario Moreno nació el 8 de marzo de 1970 en Apatzingán, Michoacán, en un entorno de pobreza extrema que moldeó su visión del mundo. Según relatos recogidos en textos atribuidos al propio Moreno, su infancia estuvo marcada por carencias económicas, lo que generó en él un temprano interés por el dinero y el poder. Inspirado por figuras ficticias como las historietas de Kalimán, desarrolló una obsesión por convertirse en un “justiciero”, aunque con métodos violentos.
Su incursión en el mundo criminal lo llevó primero al Cártel del Milenio, donde comenzó a entender las dinámicas de poder en el narcotráfico. Sin embargo, su influencia se consolidó con la fundación de La Familia Michoacana, un grupo con un fuerte componente ideológico-religioso en el que se autoproclamó líder espiritual.
En este contexto, Moreno implementó el cobro de piso como una forma de financiar las operaciones del grupo y al mismo tiempo consolidar su control territorial.
Según Óscar Balderas, en su podcast Territorio Rojo, una de las primeras instancias documentadas de esta práctica ocurrió cuando Moreno castigó públicamente a un ladrón de ganado en Tierra Caliente.
Según el episodio narrado por el periodista, el ladrón de ganado se cruzó con Nazario Moreno, quien al percatarse de que el hombre transportaba una vaca de origen dudoso, lo interrogó y, al no obtener una explicación satisfactoria, decidió imponerle un castigo ejemplar. El líder criminal desnudó al ladrón, tomó una espada y marcó una cruz en su pecho.
Además del castigo físico, Moreno ordenó al hombre rezar 100 padrenuestros antes de poder buscar ayuda médica. Sin embargo, el ladrón, debilitado por la herida y la pérdida de sangre, murió antes de cumplir la penitencia.
Este incidente, aunque extremo, no fue gratuito: Moreno devolvió la vaca a su propietario, pero cobró un “tributo” por su intervención, consolidando un sistema en el que se debía pagar por cualquier “justicia” o protección en el territorio.
El modelo que comenzó como un acto aislado pronto se extendió, imponiéndose como una cuota obligatoria para todos los habitantes de las comunidades controladas por La Familia Michoacana.
El impacto económico y social del cobro de piso
El cobro de piso no solo se justificaba como un acto de justicia divina, sino que también se convirtió en una herramienta para imponer miedo y asegurar ingresos constantes. Moreno estructuró esta práctica en tres niveles:
- Impuestos a agricultores y productores locales, quienes debían pagar una cuota por la protección de sus tierras y cultivos.
- Cobros a transportistas y distribuidores, quienes dependían de rutas controladas por La Familia Michoacana.
- Extorsión a comerciantes, quienes operaban en mercados o pueblos bajo el dominio del cartel.
En Michoacán, este modelo afectó particularmente a productores de limón y aguacate, cultivos clave en la economía local.
Según Insight Crime, los productores han enfrentado un alza de más del 235% en el precio del limón debido a las cuotas impuestas por los cárteles, lo que desató una crisis en el mercado agrícola. Además, las amenazas y saqueos provocaron el abandono de más de 485 hectáreas de cultivos de limón en 2021, afectando a miles de familias.
El periodista Ioan Grillo ha explicado que el modelo se replicó en diversas regiones del país. Grupos como Los Zetas comenzaron a cobrar cuotas no solo a negocios legales, sino también a actividades ilícitas como el tráfico de personas.
La implementación del cobro de piso tuvo consecuencias devastadoras en Michoacán y otras regiones. Según datos de Mario Di Costanzo, citado por Grillo, los cárteles generan aproximadamente 200 mil millones de pesos al año por extorsión. Esto convierte al cobro de piso en una de las principales fuentes de ingresos para las organizaciones criminales en México.
Asimismo, esta práctica contribuyó al surgimiento de grupos de autodefensa, especialmente en Michoacán. Comunidades de agricultores, hartas de la violencia y el despojo, comenzaron a organizarse para enfrentar a los cárteles. Aunque estas autodefensas lograron contener la extorsión en algunos momentos, muchas de ellas terminaron siendo cooptadas por los mismos intereses criminales.
Aunque Nazario Moreno murió en 2014 tras un enfrentamiento con fuerzas federales, su legado en el cobro de piso perdura. La práctica se ha expandido a lo largo de México, siendo adoptada por grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras y Cárteles Unidos.
En estados como Tamaulipas, Chiapas y el Estado de México, el cobro de piso afecta a sectores agrícolas, comerciales y de transporte, con consecuencias económicas y sociales de gran alcance. En últimos años ésta ha evolucionado y se tiene que también ya ha alcanzado a sectores educativos.
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