proceso.com.mx
CHILPANCINGO Gro. (proceso.com.mx).- Luego que en el pasado ha asegurado que los jóvenes desaparecidos en la entidad, “participaban en acciones delincuenciales” y crear una comisión estatal de búsqueda de personas desaparecidas que se encuentra acéfala, el gobernador Héctor Astudillo Flores consideró que los familiares de las víctimas requieren ser atendidas por las autoridades.
“Hoy se reinstala el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, una acción necesaria con la que estamos comprometidos y que @Gob_Guerrero respaldará y apoyará en lo que sea necesario”, expresó el mandatario en su cuenta personal de Twiter y remató:
Durante el acto oficial, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas anunció que ahora el Sistema Nacional de Búsqueda deberá garantizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas; el Banco Nacional de Datos Forenses; el Registro Nacional de personas fallecidas, no identificadas y no reclamadas y el Registro Nacional de Fosas.
En contraste, durante los tres años de la administración estatal, la actitud de Astudillo ha sido indiferente ante el problema de los desaparecidos en esta entidad que ocupa los primeros lugares en impunidad, violencia y nulo acceso de justicia a víctimas.
En octubre de 2016, el gobierno estatal destinó seis millones de pesos para la construcción de un panteón forense de la Fiscalía estatal, al interior de en un cementerio privado, propiedad del actual diputado local priísta Heriberto Huicochea Vázquez, quien es compadre del gobernador Astudillo.
Al respecto, integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas calificaron este hecho como “un negocio entre Astudillo y Huicochea”, además reprocharon la construcción de la fosa común en lugar de invertir en la elaboración de perfiles genéticos de los 750 cuerpos que permanecen acumulados sin identificar en las unidades del Servicio Médico Forense (Semefo), de la entidad.
Luego, en junio pasado fue creada la Comisión estatal de búsqueda de personas desaparecidas sin etiquetarle recursos públicos, designó como titular al investigador universitario Caritino Santiago Morales y este año fue destituido dejando el órgano acéfalo.
En agosto pasado, miembros de ocho colectivos de familiares de personas desaparecidas denunciaron que fueron excluidos de una reunión donde Astudillo Flores anunció una inversión de 20 millones para la adquisición de equipo forense del proyecto de búsqueda e identificación de cuerpos.
En ese entonces (agosto pasado), Astudillo Flores aseguró públicamente que los jóvenes desaparecidos en la entidad, entre ellos los 43 normalistas de Ayotzinapa, “participaban en acciones delincuenciales” y atribuyó la imparable ola de inseguridad y violencia a “la pérdida de valores” en las familias guerrerenses.
De esta forma el mandatario se deslindó de su responsabilidad de garantizar seguridad a la sociedad y el acceso a la justicia de las víctimas que buscan a sus desaparecidos.
En respuesta, integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas exigieron al mandatario que presente pruebas de sus dichos o de lo contrario que ofrezca una disculpa pública a las víctimas de la violencia.
Hasta la fecha, Astudillo no ha ofrecido una explicación a las víctimas sobre su declaración que criminalizó a los desaparecidos.
