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El gobernador de Colima, Ignacio Peralta, y funcionarios de su gobierno adquirieron en febrero cinco predios a un costo de 58 millones 319 mil 999 pesos, cuando su valor real es de 1 millón 254 mil 269 pesos. La operación se hizo ante un notario público que es padre del director de Gobierno del estado.
De acuerdo con documentos en poder de El Financiero, el gobernador y sus colaboradores habrían realizado afectaciones al erario por 57 millones 65 mil 730pesos con la adquisición de los predios, que en total abarcan una superficie de 63 hectáreas y se ubican a la altura del kilómetro 7 de la autopista Colima-Manzanillo.
Ahora esos predios serían permutados a la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de que sus instalaciones queden fuera de la ciudad a cambio de las que actualmente ocupa en el centro de la ciudad de Colima, con una superficie de 15 hectáreas y un valor de 69 millones de pesos.
Ello luego de que el gobernador solicitó al Congreso la autorización para desincorporar los predios, con la justificación de donarlos a dicha dependencia en apoyo al programa para retirar cuarteles que están dentro de las manchas urbanas y reubicarlos en lugares con mejores condiciones para la actividad militar.
De acuerdo con la información obtenida, entre el 19 y el 22 de mayo del año pasado, el Registro Agrario Nacional entregó a la señora Marisela Trujillo López, ama de casa, los cinco títulos de propiedad de dichas parcelas y fueron inscritos con tasa cero del impuesto sobre la transmisión patrimonial, amparados en el artículo 41 de la Ley de Hacienda del municipio de Colima, ley que, de acuerdo con el Diario de los Debates del Congreso local, no fue presentada al pleno ni discutida ni aprobada.
Nueve meses después, el 23 de enero pasado, Trujillo López vende esos mismos terrenos al Gobierno del estado por un costo 4 mil 549 por ciento superior a su valor real, cantidad que le fue depositada mediante una transferencia electrónica a la cuenta con CLABE interbancaria 012 150 00452192640-7 de BBVA Bancomer.
Las partes firmaron la escritura pública 17 mil 496 ante el notario público Ramón Pérez Díaz, quien es padre del director de Gobierno del estado, Ramón Pérez Gutiérrez, por lo que se presume conflicto de interés.
Los contratantes declaran que el precio es justo y que en el contrato no existe error ni lesión de ninguna clase ni enriquecimiento ilegítimo de cualquiera de ellas.
Los predios adquiridos son terrenos de agostadero o de temporal, por lo que en los ocho meses transcurridos, de mayo a enero, la señora Marisela Trujillo no hizo ninguna mejora o inversión que justifique la diferencia de 57 millones, 65 mil 730 pesos.
De acuerdo con los documentos, la señora Trujillo inscribió los predios en el Registro Publicó en octubre pasado, ese mismo día el gobierno de Ignacio Peralta se pronunció a favor de ejercer su derecho de preferencia para adquirir los terrenos.
En el título de propiedad, Marisela Trujillo aparece como ama de casa; sin embargo, en la escritura de la compra-venta con el Gobierno de Colima ya se le menciona como “empresaria”.
Los hechos involucran al gobernador, Ignacio Peralta Sánchez; al secretario de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, y al secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noruega García, además de la señora Marisela Trujillo López y al notario público Ramón Pérez Gutiérrez.
Carta aclaratoria del gobierno del Estado de Colima
Con relación a la nota aparecida en su edición de este lunes 16 de abril, titulada “Gobernador de Colima paga 58 mdp por predios que valen 1 mdp”, es pertinente realizar las siguientes precisiones:
El Gobierno del Estado adquirió un predio de 63 hectáreas altura del kilómetro 7 de la autopista Colima-Manzanillo, que el Congreso del Estado aprobó su desincorporación a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Antes de la adquisición de dicho predio, se realizaron dos avalúos, uno por parte de peritos valuadores del Estado de Colima, que determinó que el valor de 58.3 millones de pesos y otro más por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) -máxima instancia de valuación de bienes en el país- el cual determinó que el costo del predio es de 61 millones de pesos. (Anexo avalúo)
El precio que se pagó por parte del Gobierno del Estado fue de 58 millones de pesos, lo que es incluso menor a su valor según el avalúo referido del Indaabin.
Es decir, no sólo no compramos a sobreprecio, sino que compramos 3 millones de pesos por debajo del avalúo hecho por la instancia a nivel nacional.
En cuanto a las afirmaciones que Marisela Trujillo López compró los predios en mayo de 2017, la realidad es que desde hace más de dos décadas la familia Trujillo es poseedora de las parcelas y la propia familia la designó como representante ante Gobierno del Estado.
Como todos los asuntos públicosu, este caso exige honestidad, claridad y congruencia. Es lo mínimo que se puede ofrecer a la sociedad.
Por eso, el Gobierno del Estado ha transparentado el expediente completo, una copia fue entregada al Congreso del Estado el 05 de abril; a representantes de la Sociedad Civil el 27 marzo y una más está disponible para que cualquier ciudadano pueda consultarla sin ningún costo en el Archivo Histórico del Estado de Colima.
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