CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerardo Lozano Dubernard, auditor de Cumplimiento Financiero en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), asumió “toda la responsabilidad” respecto al despido de Muna Dora Buchahin, otrora directora general de Auditoría Forense, que sacó a la luz los esquemas de desvío de recursos públicos conocidos como “la Estafa Maestra”.
Lozano afirmó que la separación del cargo de Buchahin respondió a un “conflicto de interés”, pues la doctora figura en los equipos directivos de dos organizaciones que prestaron servicios de capacitación a la ASF y a entidades públicas auditadas por la dependencia federal.
Pero lo que el funcionario no mencionó es que que él también dirige dos asociaciones civiles –la Asociación Mexicana de Auditoría al Desempeño y el despacho Bejar, Galindo, Lozano y Cia, A.C.–, que juntas recibieron por lo menos 62 contratos federales por adjudicación directa desde 2013, por un monto total de 26 millones 888 mil pesos, según una consulta al portal de contratos públicos Compranet realizada por Apro.
Los servicios por los cuales las asociaciones de Lozano fueron contratadas son idénticas a los que supuestamente motivaron el despido de Buchahin: capacitaciones, testigo social y auditorías externas.
Esta mañana, Aristegui Noticias publicó una carta que Buchahin envió hace dos días a David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la ASF, en la cual pedía su derecho a “saber con precisión sus razones para separarme del cargo”, pues indicó que el pasado 23 de mayo, Lozano le informó que Colmenares pidió la separación de su cargo.
Ante el creciente escándalo, Lozano envió a su vez una carta al portal de noticias, en la que acusó Buchahin de haber incurrido en un “conflicto de interés, aprovechándose de su posición como funcionaria pública de la ASF” y negó que su despido respondió a “los resultados de las auditorías que realizó durante su estancia en la institución”.
El funcionario se refirió a la contratación de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) –de la que Buchahin es vicepresidenta– para prestar servicios de capacitación a servidores públicos de la ASF, y por el hecho de que ella sería socia y presidenta de Fraud Prevention & Examination, “otra organización que también proporciona servicios de capacitación a entidades públicas auditadas por la ASF”.
Las auditorías forenses que encabezó Buchahin Abulhosn a los convenios celebrados por las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante los mandatos de Rosario Robles Berlanga determinaron que cinco mil 251 millones de pesos fueron desviados entre 2013 y 2015, mediante esquemas de “simulación de servicios” que involucraron universidades públicas y empresas fantasmas.
En su carta a Colmenares –nombrado en diciembre pasado, pese a su cercanía con el PRI–, Buchahin Abulhosn aseveró que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF se negó a autorizar auditorías con base en denuncias “documentadas” que advierten de nuevos desvíos por 275.2 millones de pesos, operados por el equipo de Robles.
La titular de la Sedatu no fue la única integrante del primer círculo del gabinete de Peña Nieto señalada en estas prácticas de desvío: también lo fueron Gerardo Ruiz Esparza, Emilio Lozoya Austin –vinculado con el escándalo de sobornos de Odebrecht–, Alfredo Del Mazo Maza –ahora gobernador del Estado de México– y Enrique Martínez y Martínez.
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