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Apenas 1.6 millones de trabajadores de la economía formal serán beneficiados directamente con el aumento de 20 por ciento al salario mínimo
, que pasará de 102.68 a 123.22 pesos diarios a partir del primero de enero, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).
La cifra representa sólo 2.8 por ciento de los 55.2 millones de mexicanos que trabajan y 6.6 por ciento de los 24 millones que lo hacen en la economía formal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Si bien el organismo indicó que casi 11 millones de mexicanos ganan hasta un salario mínimo, 85 por ciento labora en la economía informal y nada indica que éstos reciban el beneficio del aumento al mínimo. Tampoco existe nada que permita anticipar que los trabajadores informales pasen a la formalidad
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En total, 9.3 millones de los 31.2 millones de trabajadores informales del país, es decir, 29.8 por ciento de ese grupo, ganan hasta un salario mínimo.
El Ceesp consideró que la cifra tan baja de trabajadores formales que ganan salario mínimo y el estancamiento de la economía nacional permiten suponer que el aumento de 20 por ciento al miningreso, acordado por patrones, empresas y sindicatos para 2020, no tendrá un impacto significativo sobre la inflación
ni se trasladará a los salarios contractuales.
Cabe aclarar que el aumento salarial es resultado de 14.67 pesos del monto independiente de recuperación y un alza de 5 por ciento, salvo en la zona fronteriza, donde sólo se aplicó este último porcentaje, de tal manera que el salario mínimo pasará de 176.22 a 185.56 pesos, casi 9.4 dólares diarios.
Aun así, el organismo advirtió que aunque la noticia del aumento al salario mínimo fue bien recibida por prácticamente todos los sectores, autoridades, sindicatos y empresas, deben ser cautelosas y evitar que se contagie a las revisiones de otros salarios.
Sostuvo que los salarios contractuales han crecido cada año alrededor de 2 puntos por arriba de la inflación, pero la productividad en la economía ha caída considerablemente desde 2000.
Con ello, dijo, el costo unitario de la mano de obra en México se ha elevado más de 15 por ciento desde 2014 y se resta competitividad a la economía.
La política pública debe cuidar que los incrementos sean congruentes con la productividad para que los costos laborales no resten competitividad a la industria, porque si los salarios aumentan más el resultado es mayor inflación y menor competitividad, advirtió.
