El auxiliar judicial de Juzgados Civiles en Puerto Vallarta, Fernando «N», obtiene suspensión condicional de proceso tras delitos en la administración de justicia. Deberá pagar $14,000 pesos como reparación del daño, así lo dio a conocer la Fiscalía Anticorrupción.
Comunicado | Fernando “N”, auxiliar judicial de la oficialía de partes de los Juzgados Civiles de Puerto Vallarta, logró la suspensión condicional de proceso que se le sigue por delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público.
En audiencia celebrada este miércoles, la Jueza Ana Rosa Carrillo Dueñas, del Octavo Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta, resolvió que el servidor público accediera a este beneficio que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Como condiciones, impuso a Fernando “N” la condición de residir en mismo domicilio durante los próximos seis meses, lapso en el cual tendrá que presentarse a firmar en la unidad de medidas cautelares de manera periódica y completar un curso en Derechos Humanos.
Además, cubrirá la cantidad de $7,000 pesos por concepto de daño en favor de la víctima, y aportará $7,000 pesos como donativo a la asociación civil Pasitos de Luz, Mamás Unidas por la Rehabilitación de sus Hijos de Puerto Vallarta, por concepto de reparación del daño causado a la sociedad.
En julio de 2023, la Jueza Ana Rosa Carrillo vinculó a proceso al auxiliar judicial por invalidar documentos certificados sin la presencia del promovente.
Los hechos por los que fue señalado ocurrieron en octubre de 2022, Fernando «N», recibió documentación que presentó un abogado y que cotejó frente a él, colocando sellos y firmas de validación. Escribió que recibía un “legajo de copias simples” y un “legajo de copias certificadas” dirigidas a un juzgado civil.
Días después, el demandante fue a los Juzgados Civiles a conocer el avance del trámite y le dijeron que no procedió por falta de copias certificadas del exhorto; al revisar se dio cuenta de que en el documento turnado al juzgado estaba testada la palabra “certificadas”, lo que hizo improcedente el trámite.
Debido a esa invalidación irregular, la víctima tuvo que viajar otra vez a la Ciudad de México para obtener de nuevo las copias certificadas, generando un gasto extraordinario, además de dilación en la resolución de su asunto, por lo que presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que integró la carpeta y llevó el caso ante el Juez.
