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Padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reunirán con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 26 de septiembre, fecha en la que se cumplen cuatro años de que uno de los casos más emblemáticos del sexenio permanezca impune.
A la fecha hay 120 detenidos de los que sólo 15 tienen relación directa con los hechos, de acuerdo a los abogados.
El presidente saliente, Enrique Peña Nieto, concluye su período de gobierno, iniciado en 2012, sin que quede claro qué ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero —estado violento y pobre al sur de México—, cuando pistoleros de un grupo delictivo actuaron en coordinación con policías municipales para desaparecer a los 43 alumnos, herir a 17 personas y asesinar a balazos a otras seis, tres de ellas estudiantes.
En vísperas del cuarto aniversario, el abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, advierte a RT: «Peña se va y no sabemos dónde están los 43. La investigación judicial es débil, llena de obstáculos e irregularidades. Ya incluso un Tribunal Unitario ha dicho que la verdad histórica es insostenible. No se ha investigado al Ejército, ni a la Policía Federal ni se han cumplido más detenciones a policías».
La Procuraduría General de la República (PGR) no ha investigado las cuatro líneas propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que empezó a indagar la desaparición forzosa en marzo de 2016.
El grupo exigió un informe de las llamadas de todos los involucrados; indagar el trasiego de droga de Iguala (Guerrero) a Chicago (Estados Unidos) y al Ejército; y realizar las consignaciones pendientes contra policías de Huitzuco, municipio aledaño a Iguala.
Para el GIEI, que investigó el caso por intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación; es decir, un juez mexicano, sólo es posible llegar a la verdad partiendo de las cuatro peticiones descritas.
«La verdad histórica»
En noviembre de 2014, cuando el ex procurador de Justicia Jesús Murillo Karam expuso la teoría de lo ocurrido, determinó ante medios nacionales e internacionales la denominada «verdad histórica». Contó que los jóvenes fueron detenidos por policías que los entregaron al grupo delictivo ‘Guerreros Unidos’, quienes incineraron al menos a una parte de los estudiantes en el basurero de Cocula.
Cuando el GIEI investiga esta teoría contrata a José Torero, uno de los peritos externos especialista en incendios, que revela, luego de su análisis forense, que esta hipótesis era imposible. No encontró evidencias en el basurero de un incendio capaz de incinerar siquiera un cuerpo. De ahí que «la verdad histórica» perdió validez. Y los peritajes fueron conocidos en su segundo informe.
Peña Nieto, pese a las evidencias mostradas, avaló la citada hipótesis hace cuatro años.
Hay señalamientos de tortura a detenidos por organismos internacionales que apuntalan a que la investigación de la PGR no tiene veracidad. No será hasta el 26 de septiembre, fecha pactada para una reunión entre una comisión de padres con el presidente electo de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, cuando se podrá definir la nueva ruta.
Esta reunión será en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.
Aún no está confirmada la presencia de los cinco expertos del GIEI, cuyos cinco especialistas en materia de desaparición forzada estarán en México del 21 al 25 de septiembre y tienen prevista una reunión con el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Los padres de familia tienen previsto abordar varios pendientes, como las afectaciones a las víctimas indirectas en su reunión con el presidente electo. Varios análisis que han realizado psicólogos, sociólogos y especialistas en este tipo de situaciones, determinan que los sobrevivientes tienen un daño emocional que no ha sido atendido.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 desaparecidos, recuerda que el 5 de mayo pasado, cuando aún no era presidente electo, López Obrador se comprometió a que regresaría el GIEI para conformar la comisión de la verdad y esto concluya con el paradero de sus hijos.
A casi 1.460 días de los hechos, asegura que lleva más de 500 movilizaciones y ha recorrido otros países, junto a otros padres. Estuvo en Argentina, Colombia y varias ciudades de Estados Unidos como Phoenix, en Arizona, donde pidió solidaridad de la comunidad internacional, para que este caso no quede en la impunidad, en un país con un registro de 35.647 personas desaparecidas en los últimos 11 años.
El año pasado cerró con una cifra de 5.426 personas desaparecidas, mientras que 2014, cuando a raíz de la desaparición de los alumnos comenzó a ser visible la crisis de desaparecidos que enfrenta México, hubo 3.790 desaparecidos. Hay subrregistros de personas porque desde hace cuatro años se incrementó el hallazgo de fosas clandestinas, en su mayoría con cuerpos o partes.
Bautista, de 44 años de edad, cuenta que tiene días que regresó de Phoenix, pero no piensa descansar. Aunque ha dejado de ver a su demás familia –también tiene dos hijas y nietas–, estará en el movimiento hasta encontrar a Benjamín.
Para Melitón Ortega, vocero de los padres de familia, es importante que organismos internacionales, que acaban de rendirles un informe, no los dejen solos a cuatro años de la desaparición de sus hijos, porque para ellos es un espacio de resistencia, ante la negligencia y lentitud de la investigación, donde más que avances siente la intención de no continuar.
«Le plantearemos a López Obrador que se quede el equipo de expertos. Porque Peña Nieto se va con un paquete de casos impunes, uno es Ayotzinapa», expresa el padre de familia.
Considera grave que Peña Nieto sostenga la «verdad histórica». Este 26 de septiembre, junto con el interlocutor de López Obrador, Alejandro Encinas, los padres dirán que «la confianza la tenemos con base en los resultados, de las acciones concretas y de que tenemos la fe que vamos a llegar al fondo del tema», advierte Melitón Ortega.
Él, como tío de Mauricio Ortega, otro desaparecido, continuará con las movilizaciones, aunque reconoce que la salud de varios integrantes del movimiento ha empeorado. Algunos tenían enfermedades como Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello, quien murió el 4 de febrero a causa de cáncer.
Pendientes legales y respuesta gubernamental
Vidulfo Rosales, quien junto con el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez mantiene una batalla legal para que se sigan las cuatro líneas de investigación, puntualiza que la ‘sentencia federal’ que determinó que la investigación no fue «independiente ni parcial» y mandató la creación de una Comisión de la verdad es la última prueba de que su investigación está malhecha.
El Gobierno de Peña rechazó que durante las investigaciones hayan incurrido en actos de tortura y detenciones arbitrarias, tal como señala el informe de ‘Doble injusticia – sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa’, publicado el 15 de marzo por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa durante una conferencia de prensa en México. 16 de marzo de 2018. / Carlos Jasso / Reuters
En el informe señala que de los 34 casos analizados «los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura».
Y como respuesta, México envió un documento el 7 de mayo al mecanismo de seguimiento del caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de su 168 período de sesiones en Santo Domingo (República Dominicana), en el que consideró como «muy desafortunadas y sin fundamento, las aseveraciones que se plasman en el informe» que, además de prematuras, «podrían afectar el resultado de las mismas».
El Gobierno mexicano consideró que la ONU-DH debió entender que la investigación del caso Ayotzinapa no está cerrada, «antes de emitir conclusiones definitivas que fueran públicas».
Según el documento que entregó México, de los 34 detenidos que la ONU-DH señala que fueron torturados, en la primera etapa de las investigaciones en 2014, no se constató que recibieran maltratos físicos o psicológicos.
El abogado Rosales Sierra puntualizó: «Están detenidas 120 personas. De este universo la mayoría no tiene relación directa con el caso Ayotzinapa. Otros están por delitos relacionados, unos 60. De estos, que son policías de Iguala y Cocula, sólo un número reducido participó en la desaparición forzada: 15 personas».
Marcha para conmemorar el 43º mes desde la desaparición de los 43 estudiantes. Ciudad de México, 26 de abril de 2018. / Henry Romero / Reuters
Lo más grave, es que de estas 120 declaraciones, sólo cinco fueron empleadas por la PGR para armar la «verdad histórica», enfatiza. Además, al menos estas cinco se llevaron a cabo bajo tortura. Incluso, hubo detenciones arbitrarias denunciadas ante la CNDH.
Rosales también enfatiza que el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron detenidos por vínculos con el grupo de tráfico de drogas «Guerreros Unidos», al cual la PGR atribuye la desaparición, pero el delito de desaparición forzada como tal no aparece en el expediente. No se ha clasificado así el delito, aunque es la denuncia principal.
«Para nosotros las confesiones de estas cinco personas fueron arrancadas bajo tortura y ya está demostrado por el Tribunal Colegiado Federal de Reynosa, Tamaulipas, que declaró inválidas estas declaraciones. Se presume tortura en esos casos. No tiene validez ya la tesis del basurero de Cocula», reitera.
Tanto el equipo de abogados como los padres confían que el próximo 26 queden dos compromisos pactados: el regreso del GIEI y la comisión de la verdad, que ellos deberán guiar. Esperan que López Obrador respete el acuerdo una vez entre en funciones.
Vidulfo Rosales considera que el caso de Ayotzinapa es el mayor ejemplo de resistencia en la exigencia con vida de desaparecidos y ha dejado a México: «La importancia de una grupo independiente, las investigaciones judiciales están mal, y eso ocurre en la mayoría de los casos para las víctimas».
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