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México vive un ‘‘tsunami’’ de cargamentos de cocaína por vía marítima, debido a los buenos resultados que han dado las dos ‘‘barreras’’ terrestres que el gobierno mexicano estableció tanto en la frontera con Estados Unidos como en el Istmo de Tehuantepec, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.
De acuerdo con la información obtenida, los narcotraficantes han incrementado sus operaciones utilizando embarcaciones rápidas e incluso barcos pesqueros para trasladar la droga, que en algunos casos es lanzada al mar cuando son descubiertos por los efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).
En respuesta, las fuerzas armadas han establecido mecanismos más eficientes de detección, persecución y captura de navegantes y narcotraficantes, así como de envíos que parten de diversos puertos en Centro y Sudamérica, los que tienen como destino entidades mexicanas, como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Colima, Sinaloa y Sonora, para luego ser enviados a Estados Unidos.
Las fuentes consultadas reconocieron que la gran extensión de los litorales nacionales hace difícil el blindaje, pero se han establecido mecanismos de combate que combinan la utilización de patrullas oceánicas, lanchas rápidas y aeronaves.
Asimismo, las autoridades mexicanas han establecido acuerdos de cooperación con naciones como Guatemala, Colombia y Estados Unidos, a fin de aportar información de inteligencia que lleve a la captura de narcotraficantes que operan por vía marítima, lo que ha agilizado las acciones de los efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México y en consecuencia los resultados de intercepción de embarcaciones y aseguramiento de cocaína.
Las fuentes dijeron que los pasados dos años se aseguraron más de 25 toneladas del alcaloide en aguas nacionales que se localizan en el océano Pacífico.
El pasado mes de abril, el titular de la Semar, Vidal Francisco Soberón Sanz, señaló que existe una gran coordinación con todas las autoridades marítimas de Centroamérica y Sudamérica, igualmente con las de Estados Unidos y Canadá, ‘‘donde tenemos un sistema de información que nos permite conocer los movimientos de los traficantes de drogas por esas rutas’’.
Los grupos de coordinación en los que trabaja personal de la Semar, la Secretaría de la Defensa Nacional y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, han desarrollado información de inteligencia que es intercambiada con las naciones que están apoyando estas acciones en aguas nacionales, ya que ahora trabajan por objetivos identificados y no sólo se patrullan las áreas en horas determinadas.
En el quinto Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se menciona el establecimiento de dos ‘‘barreras’’ en áreas críticas del territorio nacional: la frontera norte y el Istmo de Tehuantepec, donde se realizó el despliegue de 75 puestos militares de seguridad estratégicos, como parte del esfuerzo nacional contra el narcotráfico.
Las ‘‘barreras’’ terrestres han obtenido los siguientes resultados: aseguramiento de 619.4 toneladas de mariguana; mil 905 kilogramos de cocaína; 198 de heroína; 3 mil 106 de metanfetamina (crystal); 54 kilogramos de goma de opio, más de 8.7 millones de pesos y casi 1.4 millones de dólares.
En tanto, la Secretaría de Marina desarrolló en el año anterior 12 mil 247 operaciones contra el narcotráfico, en las que participaron un promedio mensual de 3 mil 207 elementos.
En términos generales, además del aseguramiento de más de 25 toneladas de cocaína por la vía marítima, el personal naval decomisó en tierra 15 mil 181 kilogramos de mariguana y 3 mil 700 de cocaína, lo que impidió una producción de 7.3 millones de dosis de la yerba con un valor estimado en 23.1 millones de pesos, y más de 11.2 millones de dosis de cocaína, con un costo aproximado de 887.9 millones.
También se aseguraron 68 armas cortas, 190 largas, 29 embarcaciones de diferentes tipos y 241 vehículos terrestres. Además, se aprehendió a 211 personas de nacionalidad mexicana y 13 extranjeras, que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes como presuntas responsables de cometer delitos contra la salud.
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