El síndico municipal, Francisco Sánchez Peña, informó que la deuda por el terreno del basurero El Magisterio data de 1987 y que tras décadas sin pago ni resolución, el municipio ahora debe cubrir más de 800 millones de pesos por mandato judicial.
Agencias Jafrico | NoticiasPV
A casi 38 años de que el gobierno municipal de Puerto Vallarta realizó la compra del terreno, de poco más de 8.4 hectáreas, para el basurero de El Magisterio, los sucesores del dueño original, Gregorio Espinoza Mendoza, siguen reclamando el pago actualizado de 20 millones de viejos pesos, lo que representa poco más de 800 millones.
En entrevista, Francisco Sánchez Peña, síndico municipal, todo comenzó el 26 de julio de 1987, siendo alcalde Aurelio Rodríguez Garza, cuando se llevó a cabo la firma del convenio para la adquisición del predio, sin embargo, este nunca fue pagado.
“Nunca se dio cumplimiento al pago pactado por parte de ese ayuntamiento en turno, por consecuencia la parte reclamante promueve en juicio, primeramente en materia agraria, por lo que, mediante sentencia emitida por el tribunal agrario, se señala que la parcela 86 del Ejido Las Juntas, corresponde íntegra y exclusivamente al promotor (Gregorio Espinoza Mendoza), al declarar el tribunal la nulidad del convenio o contrato de sucesión de derechos celebrado entre el promovente y el ayuntamiento de Puerto Vallarta”.
Ya en 2007, el particular reclama la devolución y entrega material jurídico del inmueble, así como el pago de daños y perjuicios ocasionados. “Al ser improcedente la restitución reclamada, que ya era improcedente porque estaba afectada, se ordenó la indemnización, actualizando a dicha fecha de pago (al tratarse de viejos pesos, se obligó a que fueran nuevos pesos) y a la actualización de la inflación”, detalló.
Al haber estado ya afectado el terreno, el particular demanda la indemnización del mismo, por lo que el 17 de agosto de 2007, siendo Alfonso Bernal síndico municipal, da respuesta a la demanda realizándose la conciliación del expediente 376/2007, del cual no se llegó a ningún acuerdo.
A partir de ese entonces, los siguientes ayuntamientos, por causas desconocidas, no dieron seguimiento al caso, por lo que la deuda creció, creció y creció, por lo que en la actualidad no hay de otra, se tiene que pagar, pues no hay recurso legal para seguir evadiendo dicha sentencia, destacó Sánchez Peña.
“Tienes que cumplir, porque tienes que cumplir, o sea, ya no hay otro recurso, ya no nos podemos amparar y, por otro lado, que la gente sepa que si hubiera ese otro recurso, lo único que estaríamos ocasionando, es crear un una bola de nieve que ya nos llegó, que se va a crecer más la deuda y que vamos a andar pagando con bienes del municipio”, expresó. “Lo sano es cumplir lo que el tribunal nos está ya determinando (el pago de los 800 millones de pesos)”.
De tal manera que ante la disposición de los sucesores del promovente, existe la posibilidad de negociar y disminuir el monto de la deuda. “Aquí lo que debemos de obtener es disminuir (el monto de los 800 mdp) y también que nos den (condiciones) que sean algo amigable, en cuestión de tiempo para negociarlo”, señaló el síndico Sánchez Peña.
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