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SAN FERNANDO, Tamps (apro).- Un grupo de sacerdotes entró a este municipio para bendecir la bodega donde justo hoy hace siete años quedaron tendidos los cuerpos de los 72 migrantes masacrados, crimen que –dijeron— debe ser considerado delito de lesa humanidad. Un vistoso dispositivo de policías con armas largas llegó a escoltar la sorpresiva caravana dejando claro que el municipio aún sigue tomado por el crimen organizado.
Cuando llegaron a la derruida bodega del rancho El Huizachal, donde se cometió el crimen, los sacerdotes se tendieron al suelo -ahora cubierto de hierba- y lo besaron, donde el 23 de agosto de 2010 “derramaron la sangre” los 72 migrantes “martirizados”; bendijeron con agua la tierra y paredes de block de concreto de ese lugar al que consideraron santuario; leyeron el Evangelio del grano de trigo que muere; entonaron cantos y dejaron una veladora encendida sobre un auto desvalijado para honrar a los hombres y las mujeres asesinados en ese lugar a manos de miembros de Los Zetas y coludidos con funcionarios públicos.
“La tierra que era maldita ahora es bendita con la sangre que derramaron”, dijo en la ceremonia conmemorativa de las víctimas el jesuita Pedro Pantoja, director de la Casa de Migrantes de Saltillo, Coahuila.
Poco antes del ingreso de la sorpresiva caravana de curas que encabezan distintos albergues para migrantes, una persona fue secuestrada en pleno centro de San Fernando, y a 20 kilómetros de la ciudad, un grupo de hombres armados atacó al agrupamiento Fuerza Tamaulipas e hirió a un policía que tuvo que ser trasladado a Matamoros, por lo que los visitantes encontraron al municipio patrullado por marinos, policías federales y estatales.
La misión compuesta por sacerdotes dedicados a auxiliar migrantes –junto con Pantoja estaba Fray Tomás González, del albergue La 72 de Tenosique, Tabasco; Carmen Flores Torres, vicario de la zona de Reynosa; el ecuatoriano Hernán Astudillo de una parroquia que atiende latinos en Toronto; el sacerdote Luis Eduardo Zavala junto con integrantes de Casa Monarca de Santa Catarina, Nuevo León, y algunos periodistas- tomó por sorpresa a las autoridades municipales.
En respuesta éstas montaron un fuerte dispositivo encabezado por Policías Ministeriales y la Unidad Investigadora del gobierno estatal que, armados con vistosas armas R-13, 2.23, Beretta 9 milímetros y 38 súper, acompañó y escoltó al grupo que viajó a San Fernando desde la ciudad de Saltillo.
Después de la ceremonia, que no llegó a ser misa por el apuro de los religiosos y demás miembros de la caravana de salir pronto del municipio, el jesuita Pantoja expresó que las organizaciones que velan por los migrantes y las familias de las víctimas se sienten frustradas por la falta de respuesta de las autoridades mexicanas.
“Hoy pedimos saber, primero, quiénes fueron los autores criminales; segundo, sentar responsabilidad de autoridades también (en la masacre) no sólo los de abajo, sino también fuerzas del estado, así sea el ejército, la policía federal, Gobernación o quien sea; tercero, que se haga justicia y se informe a las familias de las víctimas hasta donde va avanzando el caso y, por último, la indemnización de las familias según la ley de víctimas y la CEAV (la comisión ejecutiva de atención a víctimas)”, dijo.
Pantoja denunció que la PGR tiene la intención de terminar con el convenio con el cual se creó la Comisión Forense, que el exprocurador Jesús Murillo Karam había firmado con el Equipo Argentino de Antropología Forense y diversas organizaciones mexicanas y centroamericanas que representan migrantes, mecanismo que hizo posible la identificación de los cuerpos de decenas de migrantes sepultados en fosas en Tamaulipas y Nuevo León.
Señaló que en este momento la red de organizaciones nacionales y centroamericanas de familias de migrantes tienen “un problema muy grande con la PGR”, debido a que dicha institución no quiere cumplir en lo que más quieren las familias: “la identificación y el retorno de los cuerpos (con sus familias), que sería lo más fuerte para hacer justicia”.
Por su parte, Fray Tomás González recordó que en 2011, un año después de la masacre, la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos e hijas desaparecidos llegó a ese rancho y encontró la ropa de los asesinatos tirada, como muestra de que las autoridades ni siquiera levantaron bien las evidencias. Dijo que las familias siguen sin recibir justicia.
El presbítero ecuatoriano que trabaja en Toronto, Hernán Astudillo, hizo la ceremonia de renovación de sus votos sacerdotales en esa bodega rodeada de campos de sorgo del rancho El Huizachal; al terminar, en una llamada telefónica, dijo que estaba impresionado al ver en las paredes las marcas de los proyectiles de cuando los 72 migrantes fueron asesinados y el esqueleto de un auto oxidado, que parece que antes fue quemado. Pero consideró que al haber acudido a esa tierra del “martirio” de los migrantes se hace un grito de denuncia de “los crímenes de lesa humanidad” cometidos contra la comunidad migrante a pesar de la tardanza de las autoridades mexicanas para impartir justicia.
En todo el trayecto desde Reynosa hasta San Fernando, por la carretera donde cientos de migrantes fueron bajados de los autobuses o camiones que los transportaban, y asesinados, los visitantes toparon con convoyes de fuerzas armadas. En contraste, el presidente municipal José Ríos Silva apareció en diarios nacionales asegurando que San Fernando ha recuperado la paz y seguridad, y promoviendo la llegada de turismo.
Promesa a las familias
El sacerdote Pedro Pantoja, quien encabezó las oraciones, rezos y entrevistas, expresó que el municipio de San Fernando representa el principio de la historia donde los migrantes ya no sólo son perseguidos, también exterminados. Recordó que al año siguiente de la masacre de los 72 migrantes –58 hombres y 14 mujeres- en el mismo municipio fueron descubiertas 45 fosas con 195 restos de personas que mayoritariamente eran migrantes. La mayoría han sido identificados gracias a la intervención del equipo argentino.
En otra breve ceremonia previa que llevaron a cabo en la iglesia de la Virgen de Guadalupe, en la cabecera municipal de San Fernando, Pantoja dijo en el mensaje que pronunció desde el altar: “Traemos el dolor, las voces, los clamores, los sentimientos, los brazos extendidos desde el día de ayer por las esposas y familiares de hermanos nuestros masacrados en este territorio (…) quisimos venir a tocar la tierra donde fueron masacrados sus esposos, sus hijos, sus hijas, llevamos el rostro de ellos.
“Les hemos jurado que estaríamos acá, ahí donde fue derramada la sangre, porque no solamente queríamos consolarlas sino abrir caminos de Justicia”.
El sacerdote Pantoja, quien es miembro de la red de organizaciones por la Verdad y la Justicia, expresó que las familias de las víctimas siguen esperando que las autoridades mexicanas respondan “por qué los mataron y quiénes los mataron”.
En una entrevista explicó que decidieron viajar a San Fernando porque prometieron a las madres y esposas de las víctimas que ellos acudirían en su representación a orar en la escena del crimen, el lugar que horrorizó al mundo hace siete años cuando se difundieron las fotografías de los hombres y mujeres con los ojos vendados, manos amarradas, un balazo en el cráneo; un crimen que siempre fue adjudicado a Los Zetas y en el que, según posteriores revelaciones, participaron policías municipales. Sigue sin juzgarse el papel del Estado mexicano en esta masacre. Para los integrantes de la misión aún falta por descubrirse la verdad.
