Buscadoras: “La salida inteligente” para el gobierno es “colaborar con la ONU para frenar desapariciones

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Ante la posibilidad de que México se convierta en el primer país en ser sometido a escrutinio de la Asamblea de Naciones Unidas ante la crisis “generalizada o sistemática” de las desapariciones en el país, de acuerdo con las recientes declaraciones del presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), Oliver Frouville, organizaciones civiles que representan a familiares de víctimas de desapariciones instaron al gobierno de Claudia Sheinbaum a colaborar con el órgano de tratado para atender la situación.

Con un registro oficial de más de 125 mil desaparecidos hasta el 9 de septiembre de 2024, México ocupaba el primer lugar en Acciones Urgentes ante el CED, con 681 casos de mil 835 casos tramitados por familiares de víctimas de 30 países.

Después de nuestro país, Irak ocupa el segundo lugar, con 608 casos de desapariciones forzadas, a las que el CED da seguimiento mediante la figura de Acción Urgente, cuyas observaciones son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Cabe recordar que en 2016 México presentó su primer informe periódico de país sobre las desapariciones, y en 2021 se convirtió en la primera nación en la que el CED realizó una visita in situ en 2021, del que se emitió un informe y se ha dado seguimiento a las observaciones, procedimiento en el que se ha destacado que hay una situación “generalizada o sistemática” en materia de desapariciones.

Ahora, el CED procederá a aplicar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo que eleva el nivel de escrutinio internacional, con posibilidades de que la crisis de desapariciones en México sea analizada en la Asamblea de Naciones Unidas.

Michael Chamberlain, de Consultora Solidaria recordó que desde 2021 las organizaciones sociales y los colectivos de familiares de desaparecidos habían solicitado al CED aplicar el artículo 34, y que ahora, después de que se advirtió que “las cosas no mejoran”, los integrantes del comité tendrán la oportunidad de decidir, en su próxima sesión, a realizarse en septiembre próximo, si, con base en la información que enviará México y las organizaciones sociales, el caso se lleva a consideración de la Asamblea General de la ONU.

De someter la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea de la ONU, “tenemos que pensar cual sería el mejor paso a dar”, pues las organizaciones que han empujado la creación de un mecanismo internacional contra la impunidad o una comisión de esclarecimiento, para establecer qué está pasando realmente en México, cuáles son las causas profundas de las desapariciones y generar recomendaciones, buscan medidas con la supervisión, acompañamiento y apoyo de Naciones Unidas; y ahí tendrá que considerarse la voluntad o no del gobierno mexicano para hacerlo”.

Chamberlain reconoció que la tendencia de México ante organismos internacionales ha sido negar la existencia de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad, por lo que consideró que, en estos momentos, “la salida inteligente” para el gobierno mexicano es “colaborar con Naciones Unidas para atender un problema, en el que, suponiendo sin conceder que no están involucrados agentes del Estado, es obligación del Estado proteger a la población.

Lo que no pueden negar es que hay una crisis enorme de gente que sufre, y tienen la obligación de detener el sufrimiento y proteger a las personas.

Insistió que, para las organizaciones sociales, “desde una perspectiva de Estado”, México requiere ayuda internacional para atender una crisis que lleva más de 15 años y que ya ha sido suficientemente diagnosticada por organismos internacionales.

“Ha llegado un punto en que las desapariciones no cesan, siguen aumentando los cuerpos sin identificar, la impunidad está por los cielos, es el paradigma del crimen perfecto, dijo el CED, porque la impunidad permite que esto continúe. Tenemos que ponerle ya un alto a esto y empezar a mirar cómo limpiar la casa y cómo generar acciones para efectivamente prevenir las desapariciones, acciones más serias que intervenir el Rancho Izaguirre (…) Necesitamos que se desmantelen los grupos criminales, juzgar a los responsables, conocer el fondo y es algo que no se hace”, denuncia Michael Chamberlain.

«Recuperar la voz de los colectivos»

Ante el anunció de la aplicación del artículo 34 de la Convención, el Centro para la Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), con sede en Guadalajara, Jalisco, considera que la medida “es un reconocimiento sobre la preocupante situación que ha vivido México en materia de desaparición por años”.

Apuntó que el procedimiento “abre la posibilidad para que haya escrutinio internacional que ayude en el acceso a la verdad y la justicia para miles de familiares que buscan a sus seres queridos”.

El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) alertó que “este recurso extremo no se habría adoptado si México hubiera implementado la Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones”, recomendadas en su visita de 2021.

En el contexto de las iniciativas presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda y la Ley Nacional de Población, el Centro Prodh se sumó al llamado de “colaborar activamente en este nuevo análisis, enviando información fidedigna y abriéndose al escrutinio internacional”, así como a recuperar “la voz de los colectivos y las propias recomendaciones del CED, para que los cambios a la ley no se queden cortos ante la magnitud de la crisis”.

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos aplaudió la decisión del CED tomada desde su sede en Ginebra, Suiza, al considerar que “representa una oportunidad para que el Estado mexicano reconozca la gravedad de la situación, y formule acciones integrales y eficaces, en conjunto con las familias, la sociedad civil y la colaboración de la comunidad internacional”.