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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que al menos tres funcionarios de Pemex, nombrados ya en su administración fueron separados de sus cargos por formar parte de investigaciones por corrupción del sexenio pasado.
Se trata de Miguel Ángel Lozada Aguilar, director de Pemex Exploración y Producción; Héctor Salgado Castro, subdirector de operación en Pemex Exploración y Producción y Luis Galván Castro, gerente de control financiero, en la filial de la petrolera.
“Vamos a pedirles a estos servidores públicos que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en curso porque no podemos tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas”, dijo el mandatario.
En su conferencia de prensa matutina, López Obrador reiteró su mensaje sobre abatir la corrupción y la impunidad, por lo que dijo que casos así serían revisados.
El pasado 20 de enero, en su edición 2203, el semanario Proceso publicó que Lozada Aguilar había firmado contratos irregulares identificados por la Auditoría Superior de la Federación. En tanto, Salgado Castro y Galván Castro, fueron identificados el 22 de enero, por el portal noticioso Animal Político, autor de la investigación periodística “La Estafa Maestra”, en la que los tres están implicados.
Los exfuncionarios firmaron convenios irregulares por lo que están siendo investigados por la secretaría de la Función Pública (SFP), cuya titular, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, presentó hoy un predictamen en el que se estableció que efectivamente debían mantenerse como sujetos de investigación.
Tras la conferencia de prensa del titular del Poder Ejecutivo, Sandoval Ballesteros dio a conocer que los tres mencionados participaron en la firma de 25 convenios irregulares.
Dicha irregularidad consiste en la firma de convenios para dispersión de recursos a través de universidades que, a su vez, subcontrataban empresas en las que los funcionarios eran socios de manera directa o a través de familiares cercanos.
La SFP inició tres investigaciones al respecto. Una corresponde a la evolución patrimonial de Losada, Salgado y Galván, cuyos resultados determinarán la ruta jurídica a seguir en cada caso.
Además, la dependencia abrió otra investigación sobre servidores públicos del órgano Interno de Control en Pemex, para determinar la negligencia u omisión en la indagación de los casos, pues, aunque hubo expedientes abiertos, estos fueron archivados o se les dio carpetazo.
Finalmente, dio a conocer que los casos en los que pueda existir responsabilidad penal serán remitidos a la Fiscalía General de la República, aun cuando en materia administrativa haya prescrito.
