Por Paty Aguilar
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Trabajadores contratados por Cantiles de Mita, del Grupo DINE, según reporte ciudadano, a principio de esta semana, lunes 19 de noviembre 2018, fueron sorprendidos instalando malla ciclónica en el margen derecho del estero La lancha de Punta Mita, Bahía de Banderas, Nayarit, zona federal que prohíbe estrictamente a quienes tienen la concesión de dicha zona federal, como es el caso de estas empresas inmobiliarias turísticas, realizar este tipo de obra, pero que sin embargo, lo han estado realizando con la anuencia de dependencias federales como la PROFEPA y la SEMARNAT, ante la férrea oposición de usuarios de esta playa, principalmente de surfistas que no ha podido detener las acciones irregulares que llevan a cabo en contra de este estero y en contra del derecho al acceso libre a dicha playa por la rivera de este estero.
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Una serie de denuncias formales, en tiempo y forma se han llevado a cabo sin tener respuesta positiva de las dependencias federales antes mencionadas.
Sin embargo, una buena noticia se ha dado a conocer este 20 y 21 de noviembre 2018, la diputada federal de MORENA, Carmina Yadira Regalado Mardueño, del grupo parlamentario que controla la cámara de diputados, originaria de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, propuso imponer una sanción de 20 millones 150 mil pesos a los propietarios de las concesiones de las playas, quienes obstaculicen o impidan el paso de cualquier mexicano.
“Se sancionará con multa de 250 mil Unidades de Medida y Actualización, a quienes siendo propietarios o estando autorizados para el aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre impidan, inhiban, obstaculicen o entorpezcan por cualquier medio físico o acto, las vías de acceso o la libertad de tránsito hacía y en las playas marítimas del litoral mexicano”
Y en caso de reincidir en dichas conductas, se le sancionará con el retiro del título de concesión, permiso, autorización o acuerdo de destino. Esto según notas periodísticas de Rafael Ramírez y Enrique Hernández, de El Sol de México.
En este sentido, según la nota periodística, Regalado Mardueño, menciono que “En La Huerta, Jalisco, organizaciones civiles, ciudadanos comunes y pescadores acusan que 33 de las 36 playas están prácticamente cerradas al público. Incluso, las autoridades de ese municipio han cuestionado la evasión de las leyes en perjuicio de sus comunidades.
En Akumal, Quintana Roo, decenas de personas han sido agredidas por su demanda legítima de acceder a las playas, según consta en denuncias interpuestas por los propios pobladores, así como la Unión Vecinal Solidaridad y la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos, agrega la diputada.
En Ensenada, Baja California, son reiteradas las quejas por el cierre casi total a algunas playas donde, a despecho del respeto a la ley, existen casos de personas o grupos que llegan a cobrar entre 30 y 100 pesos para acceder a los balnearios naturales. Incluso, en el Congreso local se tramitó un exhorto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que haga valer el estado de derecho, añade Yadira Regalado.
En Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit, se señalan en el primer caso acciones de concesionarios de terrenos aledaños al mar que se han adueñado de calles y avenidas para impedir a la población a transitar hacia algunas zonas costeras; por otra parte, se cuestiona el desplazamiento de comunidades huicholes de sus lugares sagrados en Playa del Rey, explica.
En Los Cabos, Baja California Sur, prolifera el malestar ciudadano por la falta de acceso a las playas, sobre todo de parte de hoteleros y concesionarios de espacios turísticos. También lo exponen especialistas en Historia Ambiental de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
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