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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lejos de avanzar, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) presenta rezagos en la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA).
La situación es grave: De las 32 entidades federativas sólo Nayarit y Chiapas cuentan con una Ley del Sistema Local Anticorrupción satisfactoria, es decir, son los únicos que cumplen con los requisitos mínimos y podrán iniciar con los nombramientos de su Comisión de Selección, Comité de Participación Ciudadana y reformas legales secundarias, informó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La mala noticia es que los congresos locales tienen como mandato implementar el Sistema Local Anticorrupción antes del 18 de julio de 2017.
Al presentar el “Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción”, en conjunto con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Transparencia Mexicana, el IMCO explicó la relevancia de los SLA:
“El Sistema Nacional Anticorrupción se creó con la reforma constitucional de 2015, el cual compone los órganos federales y los 32 Sistemas Locales Anticorrupción. Éstos respetan el modelo federal de distribución de competencias y deben de contar con una estructura y facultades equivalentes al del SNA que tendrá las mismas funciones y facultades”.
Este semáforo es un parámetro de evaluación de la reforma constitucional y de la Ley del Sistema Local Anticorrupción y su implementación. Documenta y estudia la calidad de la actividad legislativa en los estados con base en las constituciones locales y las agendas legislativas locales.
Según el IMCO, sólo 10 estados como Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Querétaro, Nayarit, Puebla, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán, tienen una reforma constitucional satisfactoria, mientras que nueve aún no cuentan con alguna.
De ellos, Baja California Sur y Querétaro contemplan que su Entidad Superior de Fiscalización sea la que sancione las faltas administrativas no graves.
Varios estados tampoco reformaron adecuadamente a las entidades superiores de fiscalización ni procuraron otorgar autonomía a sus procuradurías o fiscalías generales de justicia.
Respecto a la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción, se encontró que Guanajuato prevé la conformación de Sistemas Municipales, los cuales resultan innecesarios y complican el accionar del SLA.
Morelos, el foco rojo
El principal foco rojo se ubica en el estado de Morelos, donde la iniciativa presentada en el Congreso es de plano incorrecta.
Dicha iniciativa contempla un Comité de Participación Ciudadana (CPC) seleccionado por el Congreso y cuenta con una Secretaría Ejecutiva dependiente de la Fiscalía Anticorrupción. Por si fuera poco, atenta contra el procedimiento de nombramiento ciudadano del CPC y, al ser la Secretaría Ejecutiva dependiente de la Fiscalía Anticorrupción, inhibe la operación independiente del órgano técnico del Comité Coordinador.
De hecho, la entidad gobernada por Graco Ramírez se ostenta el riesgo de inconstitucionalidad más alto de todos los estados por lo antes descrito, ya que representa el lado contrario al objetivo de la reforma anticorrupción federal y al modelo de elección impuesto por el SNA.
