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Guadalajara, Jal., Familiares de personas desaparecidas abarrotaron las dos sedes dispuestas por las autoridades de Jalisco para la toma de muestras de ADN que, esperan, sirvan para identificar a alguno de los cientos de cuerpos no reclamados que permanecen en la caja de un camión que viajó por tres municipios.
Durante tres días, a partir del viernes pasado, los peritos apenas se han dado abasto ante el alto número de personas que, al enterarse de la noticia de una caja refrigerada con 273 cadáveres apilados por falta de cupo en la morgue, llegaron de otros puntos de México.
Entre el viernes y el domingo se tomaron al menos 800 muestras genéticas en dos clínicas, en esta ciudad y en el municipio de Tlajomulco, según información de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La Policía Federal, cuyos especialistas fueron requeridos para realizar el muestreo, informó que el objetivo es ingresar los perfiles de ADN a un banco de datos nacional donde se hacen comparaciones con los registros existentes.
Destacó que ha habido varias coincidencias y que se ha notificado a los familiares y a la fiscalía.
Adicionalmente, el viernes se tomaron decenas de muestras en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), a donde unas 200 personas protestaron por el trato indigno a los cadáveres en el frigorífico móvil.
El sábado se integró y sesionó la Comisión para el acompañamiento y observación del proceso de identificación que permita la inhumación de personas fallecidas no reclamadas, que dispuso la inhumación de los primeros 19 cuerpos en féretros individuales y en criptas en un panteón de Guadalajara.
En la comisión, encabezada por la procuradora social del estado, Consuelo González Jiménez, también participan los colectivos Por Amor a Ellxs y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, personal de las fiscalías de derechos humanos, de personas desaparecidas, del IJCF, de la Secretaría de Salud y de las comisiones Estatal (Cedhj) y Nacional de los Derechos Humanos, entre otros.
Su labor será observar que los expedientes correspondientes a cada cuerpo no reclamado se integren conforme a las normas aplicables antes de su inhumación.
El gobernador, Aristóteles Sandoval, anunció la obtención de 500 gavetas en el panteón municipal de Guadalajara y de 400 en El Salto.
También dijo que adquirieron bolsas forenses y 150 féretros individuales, ‘‘con el fin de que los cuerpos tengan un trato digno y respetuoso, como si la inhumación la realizara su propia familia’’.
El problema de sobrecupo de cadáveres empezó en 2014, cuando la Ley de Atención a Víctimas del Estado y el Código Nacional de Procedimientos Penales prohibieron que los cuerpos de víctimas cuyos casos siguieran abiertos fueran cremados, como antes.
Poco a poco los frigoríficos del IJCF se saturaron debido a la violencia en Jalisco, y el pasado 31 de agosto un contenedor con 273 cuerpos salió remolcado por un tractocamión a una bodega en la colonia La Duraznera, en Tlaquepaque. Después viajó a Tlajomulco y terminó en la zona industrial de Guadalajara.
Por este caso, el 17 de septiembre el gobernador destituyó al director del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal, y dos días después al fiscal estatal, Raúl Sánchez Jiménez.
Recomendaciones olvidadas
El caso de los cadáveres apilados en un tráiler puso en evidencia que la infraestructura y el personal de la fiscalía estatal estaban rebasados, afirmó el coordinador de seguimiento de recomendaciones de la Cedhj, Fernando Zambrano Paredes, quien destacó que ese organismo ya había emitido tres recomendaciones por ese problema.
Si eso ocurre en las instalaciones centrales, en Guadalajara, ‘‘¿qué podemos esperar en las oficinas regionales?”, añadió.
Pidió al gobierno del estado resolver de manera integral la falta de espacio para resguardar cuerpos no identificados, no sólo en Puerto Vallarta, sino también en Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno, donde aumentó la violencia.
