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Ciudad de México. Luego de una serie asaltos, dos homicidios e innumerables denuncias por venta de drogas, vecinos residentes de una unidad habitacional conocida como Los Héroes, en el municipio de Tecámac, Estado de México, decidieron instalar rejas en las entradas a su calle y contratar un servicio de vigilancia privada.
Cada semana, la cuota por el servicio de seguridad es de 40 pesos por vivienda, lo que significa que una familia gasta poco más de 2 mil pesos al año. Esta cantidad es superior al impuesto predial de un año (de casi 800 pesos en esa zona habitacional) y casi similar al que las familias pagan por el servicio de agua (que ni siquiera es potable), de unos 2 mil 500 pesos.
Los residentes que fueron víctimas de la inseguridad reconocen una mejoría en su seguridad a partir de la instalación de las rejas y de la contratación de los servicios de seguridad, pero critican la omisión de las autoridades para brindar seguridad y, por el contrario, deben pagar para sentirse seguros.
En octubre de 2015, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado fustigó que la ineficacia del gobierno en materia de seguridad genera un impuesto “silencioso y regresivo” a la población, la cual debe pagar para evitar ser objeto de la delincuencia.
Los niveles de inseguridad generan importantes costos para la población, como pueden ser aquellos que representan la inversión de los hogares en medidas preventivas como el cambio de cerraduras, la colocación de rejas protectoras, entre otras, dijo el Ceesp. Asimismo, están las pérdidas económicas resultado de la inseguridad y los gastos en salud que son consecuencia de sufrir algún delito, abundó.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los mexicanos gastaron 89.1 mil millones de pesos en medidas preventivas de seguridad en el año pasado. De esa cantidad, el 28.8 por ciento correspondió a “cambiar o colocar cerraduras y/o candados”; 23.7 por ciento a cambiar puertas o ventanas; 16 por ciento a colocar rejas o bardas; 13 por ciento a realizar acciones conjuntas entre vecinos, y 5 por ciento de esos gastos correspondió a “comprar un perro guardián”.
