El juez habría sabido que habría un ataque en contra de un alto funcionario, pero no que él sería el objetivo de los sicarios
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De acuerdo con el periodista Raúl Rodríguez, el Centro Nacional de inteligencia logró saber de una llamada realizada entre miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación que podría estar relacionada con el asesinato del juez Uriel Villegas y de su esposa Verónica Barajas.
Este audio en el que supuestos criminales dan a entender que llevarían un ataque de alto nivel fue conocido por la entidad, pero se estimó que el objetivo eran otros cuatro funcionarios.
Posibles víctimas
El Gabinete de Seguridad pensó que el primer blanco podría el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por haber participado en la extradición de Rubén Oseguera “El Mechito“, hijo del líder del CJNG a Estados Unidos.
El segundo que posiblemente pudo haber sido señalado, según el periodista, era Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, debido a las acciones que se han llevado a cabo para neutralizar las finanzas de la organización delictiva.
Otro funcionario que podría sufrir una acción violenta era Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, quien se ha encargado de diversos operativos en contra de las organizaciones delictivas.
El último posible blanco era Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, quien está al mando de diversas operaciones contra el narco a nivel federal.
Se quedó sin protección
Esta alerta ocasionó que se blindara a los funcionarios; sn embargo, esta información no fue dada a conocer a ninguna otra entidad de seguridad.
Entre los que ignoraron esto se encontraba Uriel Villegas, quien fue el responsable de que se cambiara a “El Menchito” de penal y que se negó a evitar la extradición de Ismael Zambada, “El Mayito Gordo”, a Estados Unidos.
Dentro de los rumores sobre el caso, se establece una relación entre el ataque en contra de Villegas horas después de que se propagara la noticia falsa sobre la muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho“.
El juez, quien operaba en el Centro de Justicia Penal Federal de Colima, no contaba con protección especial o con escoltas.
