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MADRID.- En el Principado de Andorra siguen abiertos 25 procesos de instrucción judicial contra ciudadanos mexicanos que tenían millonarios depósitos en la intervenida Banca Privada d’Andorra (BPA); uno de ellos es Juan Ramón Collado Mocelo, cuya cuenta en esa institución está bloqueada.
La captura de Collado el martes 9 en México convirtió en centro de atención esa cuenta, vinculada a una presunta trama de blanqueo y delincuencia organizada con la sociedad Libertad Servicios Financieros, perteneciente al detenido.
La razón de esas querellas y el inicio de una instrucción judicial se debe a que esos clientes mexicanos de la institución andorrana “no pudieron acreditar la licitud de los recursos”, comenta al corresponsal Carles Quilez, el periodista catalán que ha seguido el caso BPA desde marzo de 2015, cuando se produjo el cisma por la intervención de la cuarta entidad bancaria del Principado.
“Este abogado Juan Collado tenía dinero en Andorra, presumiblemente a través de empresas y de todo un entramado turbio en México, con el que ingresó importantes recursos en cuentas del BPA; por eso es uno de los clientes intervenidos”, explica Quilez vía telefónica.
Una fuente jurídica que conoce los pormenores de esa trama asegura que los fondos de Collado en Andorra se aproximan a los 90 millones de euros.
En la orden de aprehensión girada el sábado 6 por el juez mexicano Jesús Eduardo Vázquez Rea se incluye la querella presentada el mes pasado por el empresario Sergio Bustamante Figueroa, presunto afectado de toda la trama fraudulenta en la que participaba Collado, con conexiones en España, Andorra y Suiza, hasta donde llegaron triangulaciones de millonarias sumas de dinero.
Bustamante asegura que tanto su exsocio José Antonio Rico Rico, expresidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, como el directivo Jesús Beltrán González, le manifestaron de manera verbal “que realizan transferencias al exterior muy cuantiosas y a diversos bancos en España y Andorra y en otras partes de Europa a fin de ocultar recursos desde el punto de vista fiscal”.
Con esos recursos, le dijeron, realizaban “compras fraudulentas de gran valor”, entre otras las sociedades Plaza Plus, Accimax y Maxiplus.
Máquina de lavar dinero
La mañana del 11 de marzo de 2015 el gobierno de Andorra hizo un anuncio inusual: la intervención del BPA. Horas después, el Banco de España anunció la intervención de la filial española de BPA, que era el Banco Madrid.
Así empezó el periplo de Collado y de los otros mexicanos implicados, quienes intentaron, sin éxito, desbloquear sus sospechosas cuentas.
La víspera de la intervención, recuerda Quilez, el Departamento del Tesoro estadunidense, a través de la Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), envió a Andorra un informe en el cual señalaba a BPA como una entidad que blanqueaba dinero para el crimen organizado y a la que le prohibía operar en Estados Unidos.
La investigación del FinCEN y la que casi de inmediato anunció en España el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo Capitales (Sepblac) dejaron al descubierto la predilección de políticos españoles, la oligarquía venezolana, así como de las mafias rusa, china y el mismo Cártel de Sinaloa, para ocultar su dinero en ese sistema financiero europeo.
“Cuando se envía la comunicación del FinCEN de Estados Unidos a Andorra, el gobierno del Principado, que encabeza Toni Martí, pide a la fiscalía que abra una investigación, la cual recae en la magistrada Canòlic Mingorance. Una de las primeras acciones es la detención de Joan Pau Miquel Prats, entonces consejero delegado del grupo BPA y el brazo ejecutor de los hermanos Higini y Ramón Cierco, los dueños del banco”, señala Quilez. Cierco es, también, vicepresidente del equipo de futbol FC Barcelona.
Por separado, el gobierno de Andorra se vio obligado a aprobar una ley de urgencia para la constitución de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) debido a que el Principado no contaba con normas o instituciones específicas para una intervención de este tipo, “porque la intervención de un banco es la antítesis del capitalismo andorrano, que está llevando al máximo extremo (por la casi nula fiscalidad) y los bancos son algo consustancial (a ello)”.
La AREB absorbió, reestructuró y gestionó BPA; incluso creó un “banco bueno” –el VallBank– al cual trasladó todos los activos de la Banca Privada de Andorra.
Antes de ello, explica Quilez, “como los norteamericanos advirtieron que BPA era una máquina para el blanqueo de capitales, la AREB encargó a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) un estudio que revisó todas las cuentas de BPA: las que pertenecen a personas que pudieran acreditar el origen lícito del dinero y aquellos que no pudieron acreditarlo; ergo, estas últimas son cuentas nutridas con dinero procedente del delito”.
Hace hincapié en que hasta hace dos años en Andorra no estaba tipificado el delito fiscal, de tal manera que si una persona de otro país, como España o México, llevaba su dinero a este pequeño país europeo, no se cometía un delito, aunque sí lo fuera en el país de origen de dichos recursos.
La conclusión de PwC fue que 923 clientes son sospechosos de blanqueo de capitales. Y representan 3% de los 29 mil 200 clientes que tenía BPA, con un volumen de fondos gestionados por el banco de mil millones de euros en inversión crediticia, depósitos y activos. Esa cifra representaba 19% del volumen total de negocios que llegó a manejar BPA.
De esos 923 clientes sospechosos, según las conclusiones del informe, había 100 que combinan “todos los factores de mayor riesgo”, ya sea por acciones de blanqueo, operación sospechosa o por estar vinculados a alguna causa de lavado de dinero internacional que están judicializados.
Explica el entrevistado: “Hubo primero 10% de cuentas sospechosas que quedaron retenidas y bloqueadas. Y es cuando muchos titulares de esas cuentas empiezan a gestionar por vía de los tribunales que se descongelen sus fondos para poder disponer de ellos. Otros legalizaron su situación en sus países de origen, pagando importantes multas, incluso con el detalle de que ya sus cuentas estaban blanqueadas; unos cuantos más pudieron luego acreditar el origen lícito de sus fondos”.
Después de ese proceso, continúa, “VallBank sólo tiene retenidas y bloqueadas 3% de las cuentas sospechosas; una de ellas es precisamente la de Collado, quien no ha podido acreditar la licitud del dinero”.
Los alegatos
El 21 octubre de 2016 Collado declaró que presentaría una demanda contra BPA ante la entonces Procuraduría General de la República de México por el bloqueo de sus cuentas. Y una semana después –según la entrevista que ofreció al diario Milenio– anunció que lo haría en Andorra.
Expuso que desde 2006 y hasta la intervención del banco depositó ahorros y recursos producto de los primeros negocios de la familia en los sectores hotelero, farmacéutico y de la casa de empeño Prenda de Oro; también recordó que los depósitos se hicieron en la filial mexicana de BPA por invitación de unos amigos asturianos.
En aquella ocasión dijo que como BPA había sido intervenida, a los ahorradores les habían puesto “infinidad de pretextos para no regresarnos nuestro patrimonio. Ya hemos entregado cientos de documentos solicitados, sellados y apostillados”.
Consideró que se estaba actuando de manera calumniosa para ganar tiempo y no regresar lo depositado. “Nosotros nunca, por política, hemos atendido casos de narcotráfico; nos hemos especializado en asuntos constitucionales, políticos y financieros, especialmente en amparos”, según Collado.
El periodista Quilez recuerda que el juicio de la pieza principal del caso BPA, que se inició hace un año y quedó suspendido, se reiniciará el 15 de septiembre.
Y explica: “Pero las 25 causas más pequeñas contra los ciudadanos mexicanos que se mantienen abiertas en Andorra –entre ellas la de Collado– tendrán un recorrido distinto, con fechas distintas a la macrocausa o pieza principal”.
El secreto bancario impide conocer los nombres de los clientes cuyas cuentas fueron intervenidas. Sin embargo, el 13 de marzo de 2015 el Sepblac denunció ante la Fiscalía Anticorrupción española al equipo gestor del Banco Madrid, la filial de BPA, al detectar indicios de blanqueo de capitales y otras operaciones sospechosas, entre las que aparecían las realizadas por Gabino Fraga Peña, coordinador territorial de compromisos de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 (Proceso 2003).
El Sepblac detectó que Banco Madrid recibió una transferencia de México por 445 mil euros que “puede corresponder con financiación ilegal de partidos”, según publicó el diario El Mundo el 17 de marzo de 2015.
