Aunque la base del discurso de transformación de López Obrador es el combate a la corrupción, en los primeros tres años de su sexenio la fiscalía especializada en la materia solamente consiguió una sentencia condenatoria contra un exfuncionario acusado de desfalco.
Aunque la base del discurso de transformación de López Obrador es el combate a la corrupción, en los primeros tres años de su sexenio la fiscalía especializada en la materia solamente consiguió una sentencia condenatoria contra un exfuncionario acusado de desfalco: una de las 731 denuncias presentadas por dependencias federales contra servidores públicos de la pasada administración y de la actual.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El presunto daño patrimonial a Segalmex, Liconsa y Diconsa; el supuesto enriquecimiento ilícito de Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el desfalco al Estado por un funcionario de la Presidencia son algunas de las 731 denuncias presentadas por dependencias federales ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) en los primeros tres años de la actual administración.
La inmensa mayoría de ellas permanece en forma de carpeta de investigación. Sólo 25 se han judicializado y únicamente un caso, hasta ahora, ha culminado en una sentencia condenatoria, según la respuesta otorgada por la Fiscalía General de la República (FGR), a la que está adscrita la FEMCC. El veredicto, sin embargo, se desconoce. La información no es pública.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la conferencia matutina del 22 de octubre de 2021 que el gobierno federal ha presentado de 200 a 300 denuncias por corrupción en la FEMCC, pero la cifra oficial real de acusaciones duplica o triplica esos números.
Se solicitaron a la FEMCC –creada en marzo de 2019 y encargada de investigar y, en su caso, judicializar los delitos de corrupción– copias de las denuncias por delitos de corrupción levantadas únicamente por dependencias federales contra funcionarios de las administraciones presente y pasada. En un principio la FGR argumentó que la información tenía carácter de reservada. Tras impugnar la respuesta ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, éste ordenó entregar la documentación solicitada.
De las 731 denuncias –hasta noviembre de 2021– la única que culminó en sentencia condenatoria fue presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en mayo de 2019 contra un funcionario de la Presidencia que desfalcó al Estado en sólo cuatro meses por 355 mil pesos.
Los delitos de corrupción cometidos por funcionarios federales en su gobierno, dijo López Obrador, “se combaten y se presentan denuncias ante la fiscalía. No se protege a nadie”. Afirmó que existían órdenes de aprehensión contra actuales funcionarios y se comprometió a revelar detalles de los delitos, sanciones y acusados. No ocurrió, aunque el combate a la corrupción prevalece en su discurso.
Que 25 denuncias se han judicializado, significa que solo en 3.41% de los casos federales el Ministerio Público consideró que contaba con elementos suficientes para probar ante el Poder Judicial que ocurrieron los hechos denunciados y para determinar quiénes fueron los responsables. La FEMCC detalló que no existían sentencias en ninguno de los procesos penales.
Argumentó que se encontraba jurídicamente imposibilitada para entregar los documentos de esas carpetas porque, concluida la investigación inicial y al poner al imputado a disposición del juez de control, la FGR deja de manejar la investigación.
Los delitos
La FEMCC forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, que establece la política nacional de combate a la corrupción de todos los niveles de gobierno, y en el que participan también, entre otros, la SFP y la Auditoría Superior de la Federación.
Pueden denunciar dependencias de los gobiernos, pero también particulares. Tras las declaraciones de López Obrador en octubre de 2021, el reportero solicitó las denuncias efectuadas a nivel federal. La FEMCC entregó información estadística sobre la cantidad de carpetas de investigación que continúan en trámite en la FGR, la dependencia denunciante, el año de inicio de la carpeta y la presunta conducta delictiva reportada.
El Ministerio Público aún reúne pruebas para determinar si los hechos denunciados ocurrieron y quiénes los cometieron. No se han efectuado acusaciones ante el Poder Judicial, no hay personas contra quienes se siga un juicio y menos señaladas como culpables de los hechos investigados, recalcó la fiscalía especializada.
