Las instituciones del Estado mexicano aún están sustanciando el proceso que se le sigue a Robles, sin que hasta ahora existe sentencia en el caso, establecieron
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La Sección Instructora, órgano legislativo de la Cámara de Diputados encargado de determinar si se lleva al Pleno el enjuiciamiento político de Rosario Robles, quedó conformada ayer.
De prosperar, la ex funcionaria sumaría 10 años más a la inhabilitación con que ya cuenta.
Sobre la ex secretaria de Desarrollo Social, y también ex titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ya pesa una inhabilitación de 10 años de la Secretaría de la Función Pública, por lo que al concluir el juicio político no podría asumir un cargo público sino hasta después del 2040.
El grupo parlamentario del PRI votó en contra del dictamen para enjuiciar a Robles, pues dijeron estar en contra de la utilización mediática del juicio político “que solo busca golpear a quien enfrenta a la justicia, violentando el debido proceso”.
Las instituciones del Estado mexicano aún están sustanciando el proceso que se le sigue a Robles, sin que hasta ahora existe sentencia en el caso, establecieron.
La diputada Lorena Villavicencio (Morena) subrayó que la justicia debe ser proporcional y aplicarse a todos por igual, por lo que cuestionó que el fiscal general solo ha iniciado proceso penal contra Robles y no se ha abierto carpeta de investigación contra todos los funcionarios presuntamente involucrados en la llamada “Estafa Maestra”.
En tanto, los abogados de la ex funcionaria federal señalaron que el juicio político en contra de su clienta es un acto de “venganza política” por parte de los tres poderes del Estado.
Los despachos Epigmenio Mendieta & Abogados, y Hernández Barros & Abogados dieron a conocer su posición mediante un comunicado, luego que los diputados aprobaran en comisiones unidas seguir el proceso de juicio político y el Pleno conformó la Sección Instructora.
Advirtieron que el acto de juicio político sería una sentencia anticipada por parte del Legislativo, pues los tribunales correspondientes “no han concluido el proceso penal” y denunciaron que “se pretende consumar la venganza política por parte de los tres poderes del Estado”.
“Demuestra el juicio de estado que se ha configurado entre los tres Poderes de la Unión contra la ex secretaria de Estado, con la intención no sólo de mantenerla arbitrariamente en prisión, sino para borrarla del mapa político nacional y condenarla de forma anticipada, sin que haya un proceso judicial de por medio”, señalaron.
