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La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) condenó el cambio de medida cautelar para otorgar el beneficio de libertad condicional a ocho militares presuntamente involucrados en los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 normalistas, dictada por la jueza segunda de distrito de Procesos Penales Federales en el estado de México, en cumplimiento a una sentencia de amparo.
Expuso que una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados “sabadazos, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos”.
No obstante, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Covaj, Arturo Medina Padilla, enfatizó que, con dicha determinación, “no se exonera de los cargos a estos elementos de las Fuerzas Armadas, quienes continuarán sujetos a proceso hasta el dictado de la sentencia correspondiente”.
Asimismo, informó que la Covaj se coordinará con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) de la Fiscalía General de la República para asegurar que se agoten todas las instancias legales posibles y el debido proceso “para cumplir el principio de cero impunidad para este caso que tanto ha lastimado a madres, padres, familiares y amigos de los normalistas, así como al pueblo de México”.
Subrayó que “estaremos atentos a que se respete el debido proceso, el principio de legalidad y, lo más importante, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos”.
En un comunicado, la Covaj lamentó que a pesar de que la Ueilca propuso el resguardo domiciliario de los inculpados en su domicilio, la jueza finalmente determinó imponer a los imputados las siguientes medidas cautelares: firma periódica cada 15 días ante el juzgado del proceso; garantía económica de 50 mil pesos; prohibición de salir del país sin autorización judicial y entrega de pasaporte en caso de contar con él; así como de acercarse o comunicarse con los testigos o las víctimas y al estado de Guerrero; además, requirió a los procesados acreditar su domicilio particular.
