COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- Con sus instalaciones custodiadas por decenas de policías estatales y agentes de la Procuraduría General de Justicia, el Congreso del Estado aprobó la destitución e inhabilitación por siete años del presidente municipal de Cuauhtémoc, el panista Rafael Mendoza Godínez.
Mientras en el interior del recinto parlamentario la mayoría de los diputados presentes avaló el decreto mediante el que fue sancionado el alcalde, afuera protestaba un grupo de simpatizantes del funcionario, durante la sesión legislativa realizada la noche del sábado 25.
Acusado de realizar proselitismo político en la elección extraordinaria a favor del candidato del blanquiazul a la gubernatura, Jorge Luis Preciado Rodríguez, el edil de Cuauhtémoc no se presentó a la sesión del Congreso a la que había sido citado, pues en esos momentos estaba encabezando un bloqueo de la autopista Colima-Guadalajara —a la altura de su municipio—, acompañado por el propio Preciado, el diputado federal Fernando Antero Valle y otros representantes de su partido.
La resolución del juicio político 14/2016, presentada por la Comisión de Responsabilidades ante el pleno, que se erigió en Jurado de Acusación, fue avalada por 17 de los 18 diputados presentes, incluidos los panistas Riult Rivera Gutiérrez, Crispín Guerra Cárdenas y J. Santos Dolores Villalbazo.
La diputada Leticia Zepeda Mesina, de Movimiento Ciudadano, fue la única que cuestionó el documento y votó abstención, en tanto que siete legisladores panistas no asistieron, entre ellos el coordinador del grupo parlamentario, Luis Humberto Ladino Ochoa y la exsenadora Martha Leticia Sosa Govea, esta última con justificación.
De acuerdo con el dictamen, para sancionar a Mendoza el Congreso atendió la sentencia SER-PSD-6/2016, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que instruyó al Poder Legislativo colimense “proceder conforme a derecho” contra el edil por violaciones a la normativa electoral cometidas en enero de 2016.
El decreto con la resolución será turnado al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que éste, erigido en jurado de sentencia, imponga las sanciones que correspondan a más tardar el próximo 10 de marzo, cuando se cumple un año de que se ordenó iniciar el procedimiento de juicio político.
Conforme a la sentencia SER-PSD-6/2016, de la Sala Regional Especializada del TEPJF, en actos proselitistas de la campaña extraordinaria de gobernador de los días 9 y 11 de enero de 2016, celebrados en Cuauhtémoc, Mendoza Godínez violentó principios constitucionales.
Aunque argumentó haber acudido en su calidad de ciudadano, pues en ese tiempo había solicitado una licencia sin goce de sueldo, el TEPJF consideró que al haber invocado el cargo de presidente municipal que ostenta durante su mensaje en los actos proselitistas celebrados en su municipio, así como al haber utilizado su investidura para favorecer la entonces candidatura de Jorge Luis Preciado, vulneró el principio de imparcialidad previsto en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal.
La diputada Zepeda Mesina consideró excesiva la sanción impuesta por los diputados, pues la sentencia del TEPJF no refirió que la actuación de Mendoza Godínez haya sido grave.
Cuestionó el hecho de que se encuentran pendientes de dictaminación asuntos rezagados en los que se implica en malos manejos administrativos al exgobernador Mario Anguiano Moreno, a quien no mencionó por su nombre, y otros exfuncionarios.
“¿Cómo le explicamos a la ciudadanía que vamos muy rápido en algunos asuntos y lentos en otros?”, preguntó, y dijo esperar en lo sucesivo una actuación del Congreso “sin distingos de colores” y expedita, porque “La justicia tarde es injusticia”.
En respuesta, el coordinador de la fracción del PRI, Federico Rangel Lozano, señaló que el Congreso “es garante de la legalidad” y se vio precisado a actuar para evitar caer en desacato.
Calificó como “un falacia” las declaraciones en el sentido de que la sanción contra Mendoza “es una jugarreta del PRI”, pues “el asunto que nos convoca es de naturaleza y carácter jurídico, no político”.
Riult Rivera, presidente de la Comisión de Responsabilidades, aseguró que su trabajo será parejo en todos los casos y ratificó la afirmación de Rangel en el sentido de que “esto es jurídico, no político”.
Por su parte, el coordinador de la fracción Nuestro compromiso por Colima, Nicolás Contreras Cortés, lamentó en la tribuna que algunos actores políticos “pretendan engañar a la población con argumentos de que este proceso es una venganza política contra un alcalde panista”, por lo que reiteró que el asunto “es de carácter institucional, no político”.
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