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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El conflicto de campesinos contra el empresario Ricardo Salinas Pliego continúa pese a que un Tribunal Agrario les dio la razón a los primeros en su reclamo por el uso del agua del río Chalma, informa en un reportaje la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
Como parte de su serie Los Explotadores del Agua, MCCI detalla la lucha de ejidatarios a quienes les fue impedido el aprovechamiento del líquido de esa afluente por haber sido otorgada a un particular.
La escasez de agua en 2012 prendió alertas en productores del ejido Chalmita, ubicado en los límites de los municipios Ocuilan de Arteaga y Malinalco, en el Estado de México, ante el posible riesgo de que se perdieran los cultivos de caña, arroz y maíz.
A los ejidatarios se les impidió siquiera acercarse al río para verificar que no estuviera bloqueado el paso del agua que surte sus canales de riego. Se toparon con alambre de púas y un equipo de vigilantes que les cerró el paso y les notificaron que era propiedad de Salinas Pliego.
Los pobladores, recuerda el texto, creían que se trataba de un error, pues Chalmita y otros ejidos tenían derecho a usar esas aguas desde la época en que Lázaro Cárdenas fue presidente de México.
Amparados en la concesión otorgada por Conagua, “el equipo de vigilancia del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca bloqueó el único paso que los ejidatarios tienen para acceder al Canal número 2, darle mantenimiento y conservarlo limpio con el único objetivo de que no se tape el paso y deje de fluir el agua hacia sus ejidos”, señala el texto.
El reportaje detalla la ruta legal seguida por los ejidatarios, quienes ganaron el juicio de amparo 59/2012-V en contra de la concesión que entregó Conagua al Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca.
Sin embargo, expone, “la sentencia del juzgado de distrito fue revocada por el tribunal colegiado”.
En una segunda batalla legal, el 7 de junio de 2019, la magistrada del Tribunal Unitario Agrario distrito 9, Araceli Cubillas Melgarejo, ordenó al centro de capacitación no obstruir los accesos a los ejidatarios y demoler las obras que impiden el libre tránsito.
Aunque los ejidatarios consideraron como un avance la resolución, en octubre de 2019 fueron notificados de que el centro interpuso un recurso para suspender la resolución.
“El ejido ya presentó una queja contra la suspensión y los pobladores prevén que el proceso tome otra vez algunos meses. Mientras tanto, el agua que corre por el Canal número 2, sigue intermitente”, señala el reportaje.
